Es sin dudas gratificante seguir escuchando que el proceso de aprobación de nuevas empresas privadas en Cuba, derivado de normas jurídicas recién implementadas como el Decreto Ley 46, marcha a buen ritmo. Y también que las instituciones involucradas, entre ellas el Ministerio de Economía y Planificación, hayan formalizado muy rápidamente una realidad incuestionable, dado que hacía tiempo que muchas de esas empresas venían funcionando. Solo queda esperar el aporte real a la economía cubana en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros indicadores.
Convencido estoy del aporte que pueden dar a la sociedad cubana en general, pero a la vez soy algo escéptico debido al entorno que las rodea. Y es que la macroeconomía cubana no las favorece.
Cuba lleva dos años y medio de decrecimiento económico debido a una multiplicidad de factores, entre ellos el bloqueo —que se mantiene intacto— y la pandemia.
También sufre escasez de divisas, y por consiguiente tiene limitaciones en sus importaciones, lo cual trae consigo carencia de bienes materiales de consumo. Ello, por supuesto, ha deteriorado el poder adquisitivo de la población.
En estas condiciones, el papel de esas recién creadas empresas es poco halagüeño a la hora de recomponer la economía, por lo que se espera que el Estado intente flexibilizar las trabas que aún existen para las mismas.
El Estado, en efecto, las está aprobando a buen ritmo. A menos de un mes de entrar en vigor el DL 46, hay 168 empresas aprobadas. De ellas, 101 son reconversiones de negocios prexistentes, es decir, antiguos trabajadores por cuenta propia. El resto (67) son de nueva creación. A ello se suman 6 cooperativas aprobadas.
Hubo un primer anuncio de aprobación después del 20 de septiembre. El día 29 de septiembre se aprobaron 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), 20 de reconversión de trabajadores por cuenta propia (TCP) y 15 nuevas. Trece eran para producir alimentos, 6 de manufacturas y 3 de tecnologías.
Cuba: entran en vigor normativas sobre micro, pequeñas y medianas empresas
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El 13 de octubre hubo otro anuncio importante con la aprobación de 60 mipymes y 4 cooperativas, de ellas 39 dedicadas a producir alimentos y 34 a manufacturas.
Resulta por lo menos curioso que los restaurantes privados, las paladares, desde su creación empresas privadas, no han sido los que encabecen esos listados. Desconozco si aún no se ha analizado este tipo de negocios, pero lo más significativo es que con la apertura producida a partir de la mejoría de los indicadores de la pandemia, en la mayoría de los territorios del país las paladares están funcionando con cierta normalidad, pero con un inevitable hándicap: los precios.
Debido a la Tarea Ordenamiento y a otros factores, se ha producido una inflación que ya está alcanzando tres dígitos, lo cual ha conllevado a que los incrementos salariales se hayan visto anulados por los precios vigentes. Los decisores habían anticipado que se produciría un incremento de precios relacionados con la devaluación de la tasa de cambio oficial, pero nunca previeron que quedaría muy por debajo de la tasa de cambio informal. Como se sabe, en Cuba las personas no pueden comprarle monedas convertibles al Estado. Pero ante las carencias existentes y la falta de divisas, el propio Estado creó las tiendas en Moneda Convertible (MLC). Como les dice un colega, “tiendas en dólares bancarios”.
En una reacción lógica, el sector privado ha impuesto precios inalcanzables para la población media y asalariada, que se había visto beneficiada con ese incremento de salarios. Y digo lógica porque esos negocios tienen que comprar sus insumos en esas tiendas o importarlos en MLC. Y tienen que adquirirlos en el mercado informal, no en las Casas de Cambio (CADECA). Muchos negocios están vendiendo en moneda nacional (CUP) sus productos o servicios, pero deben adquirir sus insumos en MLC. ¿Entonces?, el ajuste recae sobre la población.
Con una devaluación inicial del Estado de 2 300%, y ahora a nivel informal con la inflación cerca del 500%, con lo deprimida que está la oferta estatal; la eliminación de subsidios a bienes y a servicios (la electricidad, por ejemplo); y el valor del dólar físico y bancario, la inflación se tiene que convertir en un tema prioritario de las autoridades. Este índice incide negativamente sobre la demanda de la población y puede traer consigo desestimulación a las mipymes en el futuro.
El perfeccionamiento de los actores económicos debe llevar a reconocer las dificultades por las que tendrán que atravesar las nuevas empresas que se están creando. Las importaciones no deben transcurrir solo por la vía estatal. Hay que abrir el comercio exterior a estas empresas no estatales, dar mayor viabilidad de créditos bancarios, y permitir empresas mayoristas extranjeras en el comercio, entre otras acciones a emprender.
Las autoridades tendrán que hacer mucho más para no ver el universo cubano de las mipymes reducido a los antecedentes inmediatos en la gestión privada, que no siempre fueron justos.
Desde estas etapas iniciales debe esclarecerse qué se considera “concentración de la propiedad”, tal y como aparece en el artículo 30 de la Constitución vigente. Si es pensado en términos de cantidad de negocios o de volumen de ingresos o si existe otro indicador en la lógica de los decisores. Pero no es algo muy preciso para quienes comienzan a ser empresarios privados.
Si el Estado ha obrado con cierto pragmatismo y permitido las mipymes en esta coyuntura adversa, el “ahora sí” debe venir acompañado de otras decisiones que aún lastran el aprovechamiento óptimo del potencial de ese tipo de negocios. Solo como ejemplo, me refiero a abrir otras oportunidades para otros empleos con mayor valor agregado intelectual. Y no tienen que ser, necesariamente, de alta tecnología.
