El monopolio cubano de las telecomunicaciones, Etecsa, incluyó palabras y frases como “marcha”, “archipiélago” y “15N” en su lista de bloqueos de SMS, informó Inventario.
La plataforma había solicitado a los internautas colaboración para descubrir nuevas palabras bloqueadas, entre las que también incluye “20N”, método utilizado para evitar la comunicación de contenido potencialmente subversivo.
“¿Nos ayudas a actualizar nuestra lista de palabras bloqueadas en los SMS de Etecsa? Compártenos capturas de pantallas de pruebas que muestren si siguen bloqueadas o no”, escribió Inventario en Twitter.
La empresa de telecomunicaciones, controlada por militares, ha sido señalada en múltiples ocasiones por ejercer la censura del contenido que comparten sus clientes, tanto en redes sociales e Internet como en los mensajes de texto a través de su servicio de telefonía móvil.
Su lista de prohibiciones incluye “Psiphon”, una plataforma utilizada para burlar la censura online en la isla y “Patria y vida”, el título de una canción contestataria que ha recorrido el mundo y es himno de lucha para los descontentos con el régimen.
Psiphon utiliza las tecnologías VPN, SSH, y proxy HTTP para proporcionarle acceso no censurado al contenido en Internet y tras las protestas de julio registró más de un millón de descargas en Cuba.
Un usuario entrevistado por CubaNet aseguró: “nosotros como usuarios sabemos que estamos expuestos y que no tenemos ningún tipo de privacidad. En otras ocasiones, palabras como derechos humanos, huelga de hambre entre otras, también han sido pasadas por el filtro de Etecsa y los mensajes jamás llegan a su destino”.
Tras las manifestaciones que sacudieron la isla el 11 de julio, y de las que el mundo tuvo noticia gracias a las redes sociales y los servicios de mensajería como WhatsApp, el gobierno cubano respondió con un apagón masivo de Internet y la interrupción del servicio de telefonía en varias localidades del país.
El Decreto Ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea sin supervisión judicial o medidas de transparencia, entró en vigencia en agosto, un mes después de las históricas protestas.
