LA HABANA, Cuba.- Cien madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos por su participación en las protestas del 11 de julio (11J) en Cuba enviaron este lunes una misiva a la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana “para pedirles su inmediata y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica”.
Los familiares manifiestan sus preocupaciones por la situación de sus seres queridos, muchos de ellos violentamente detenidos y abusados desde el 11J solo por ejercer un derecho elemental a la manifestación pacífica, y a quienes mantuvieron incomunicados durante varias semanas, llegando incluso algunos de ellos a contraer la COVID-19 en las prisiones “y que enfrentan un futuro incierto”.
El estallido social acaecido ese día, según los firmantes de la misiva, se debió a “una larga y aguda crisis general que enfrenta nuestro país”, a “la absoluta falta de libertades y de oportunidades, el fallido sistema económico”, a “la ausencia de voluntad política”, y a “la debacle del sistema de salud y el mal manejo de la pandemia”.
“Protestar pacíficamente no es un crimen. Decir lo que se piensa no es un crimen. Ser hombres honestos y cubanos con pensamientos propios tampoco es un crimen. No es un crimen querer ejercer nuestros derechos y libertades como seres humanos, aunque a quienes se atrevan a defenderlos se les detenga y condene por supuestos delitos cuyo objetivo es enmascarar el escarmiento por atreverse a exigir libertad. Pedir libertad no es ni podrá ser jamás un crimen. Muy al contrario: es la única manera coherente y digna de oponerse al crimen y la injusticia”, exponen los familiares, declarando a su vez la falta de derechos y desamparo legal.
Los signatarios invitan a otros familiares a unir sus firmas a la carta abierta, dirigida al Cardenal Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
“Le rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la Doctrina Social de la Iglesia, y se considere nuestro pedido como hijos de Dios, para que nuestra súplica mueva conciencias y aplaque todo sentimiento maligno y miserable, para que renazca la verdad, la dignidad, la libertad y el amor en nuestra Cuba”, culminan.
A tres meses de las masivas protestas en Cuba, Prisoners Defenders (PD) registra una cifra récord de presos políticos en la Isla: 442, de los cuales 228 se sumaron a raíz del 11J, aunque la organización reconoce que esta cifra es inferior al 20% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible abarcar los casos entre la población por múltiples razones”. Asimismo, estima entre 5 000 y 8 000 las detenciones arbitrarias y reporta “más de 1 500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos fiscales o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11J”.
Uno de los que resultó violentamente detenido ese día fue el padre Castor José Álvarez, de Camagüey. El 13 de julio la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado en el que defendieron, entre otros, el derecho a manifestación:
“(…) no podemos cerrar los ojos o entornar la mirada, como si nada estuviera sucediendo. (…). No se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria. (…) La violencia engendra violencia, la agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana que costará mucho trabajo superar, por eso invitamos a todos a no incentivar la situación de crisis, sino con serenidad de espíritu y buena voluntad, ejercitar la escucha, la comprensión y la actitud de tolerancia, que tenga en cuenta y respete al otro para juntos buscar caminos de una justa y adecuada solución”.
Unos dos meses más tarde, durante su visita a Cuba, el cardenal y arzobispo de la ciudad de Boston, Estados Unidos, Sean Patrick O’Malley, se reunió con Díaz-Canel y pidió el indulto para los manifestantes del 11J.
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