Entre los altos parajes y la baja temperatura del Cusco, cuna del imperio inca, el presidente peruano Pedro Castillo anunció el inicio de la segunda reforma agraria nacional, prometida durante su campaña electoral, mientras continúan los ataques de la derecha a su joven gobierno.
Castillo asumió su cargo el pasado 28 de julio, pero desde antes la reacción peruana con epicentro en Lima, la capital, mueve sus mecanismos a fondo para tratar de quebrantar la aun frágil gobernanza de este político y sindicalista que ejercía como maestro rural en el apartado departamento de Cajamarca hasta su victoria electoral en junio pasado.
El pasado domingo, ante miles de pobladores del Cusco, casi todos campesinos pobres, el mandatario de 53 años, que ganó la presidencia por el partido Perú Libre, confirmó la política agraria de su administración sin que advirtiera, como en otras reformas tradicionales, la expropiación de la tierra y redistribución a los campesinos desposeídos.
En el mismo escenario donde la sociedad incaica resultó un ejemplo admirable de organización político-social, advirtió que “no expropiaremos, ni quitaremos tierra a nadie” y esclareció el alcance de las nuevas disposiciones: “Planteamos más bien cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de nuestros agricultores familiares, relegados durante décadas, gobiernos tras gobiernos. Esto termina hoy”, precisó.
Perú ya trató de hacer su reforma agraria en 1969, bajo la presidencia de Juan Velasco Alvarado , cuando se modificó cerca del 53 % del suelo agrario con el fin de garantizar la entrega de títulos de propiedad a los agricultores, familias rurales y unidades asociativas de las zonas rurales.
La prometedora iniciativa agraria quedó truncada por la guerra que le impusieron la oligarquía nacional y los intereses de Estados Unidos (EE.UU.) en los recursos naturales del país.
Ahora acusan de comunista al presidente, un hombre sencillo que prometió cambiar las estructuras neoliberales imperantes mediante una nueva Constitución Nacional. Cincuenta y dos años atrás, EE.UU. utilizó similar término para detener el avance de supuestos enemigos de diferente ideología.
La situación de los trabajadores del campo es ahora peor en Perú que hace cinco décadas. Los grandes terratenientes acumulan millones de hectáreas empleadas en la agroindustria, o condicionan la sobreexplotación laboral agrícola. El neoliberalismo restauró y expandió el acaparamiento de lo que constituye el principal medio de vida de mujeres y hombres, en su mayoría de origen indígena.
EXPECTATIVAS RAZONABLES
El programa presentado en Cusco —uno de los polos turísticos más importantes de Perú— contempla cinco puntos, pero ninguno debía traer contradicciones entre el gobierno y los hacendados que se apropiaron del sector agrícola.
Analistas consideran que se trata de una jugada del gobierno dadas las difíciles circunstancias internas en que Castillo y su equipo ministerial tratan de llevar adelante sus programas, hasta ahora solo enunciados.
La expectativa rodeó el anuncio, pues hubo indicios de que algunos partidos conservadores se confabularon para sabotear la iniciativa de Perú Libre, mientras el Congreso Nacional también esperaba para actuar en su contra.
El Legislativo, donde el gobierno es minoría, sigue dispuesto a enfrentar y derrotar la naciente administración progresista peruana, a la que dio un voto de confianza a regañadientes. Era evidente su negativo comportamiento ante una administración que ni siquiera podía, primero asumir, y luego dar vía libre a su gabinete ministerial.
La llamada segunda reforma agraria, según explicó el presidente, dotará de asistencia técnica, financiera, educativa, vial y comercial, entre otros puntos, a campesinos con tierra para que puedan producir y comercializar sus cosechas.
O sea, de lo que se trata es de dar continuidad a la reforma de Alvarado, y privilegiar la agricultura familiar campesina —al contrario de anteriores regímenes neoliberales— para que pueda convertirse en otro actor del mercado local y competir con la empresa privada, lo cual ya constituye un gran paso de avance para mejorar la calidad de vida de un sector preterido en el país.
Esta segunda norma incluye un esquema para movilizar y capacitar a los productores, así como la tecnificación e industrialización del agro nacional mediante la entrega de créditos a unidades productivas, representantes de hasta el 97 % de las existentes en la nación andina.
Se estima que son 2 000 000 las familias que, aun cuando no poseen suficientes parcelas, alimentan a la población peruana, serán beneficiadas por las nuevas disposiciones anunciadas en la explanada de Parque Arqueológico Sacsayhuamán.
GABINETE AGRARIO
Si las fuerzas reaccionarias le permiten llevar adelante el proyecto, casi de inmediato quedará conformado un gabinete agrario, integrado por ministros de Estado, bajo la dirección presidencial.
Al explicar la nueva coordinación, Castillo informó que la integrarán “los ministerios productivos, de infraestructura y de desarrollo social y contará con participación de gobernadores regionales y locales. Desde este gabinete se diseñarán e impulsarán las políticas para el desarrollo rural y agrario de nuestro país”, argumentó.
De suma importancia son la implantación de un subsidio a la agricultura campesina y el ajuste de los precios para proteger y promover la producción interna. Habrá un fondo especial para la mujer rural (son más de 700 000); puesta en marcha de una fábrica y distribución de abono a base de fosfato.
El tema de los importes es un punto esencial del proyecto, si se considera el encarecimiento de insumos de producción. Así los agricultores quedan protegidos de la competencia de productos subsidiados importados del extranjero.
En la actualidad, la franja de precios grava con aranceles a bienes importados, como el arroz pilado, azúcar, maíz y leche en polvo.
El Ejecutivo prevé la construcción de una red vial pública para el acopio y comercialización de las cosechas; activar la infraestructura de riego de alcance nacional; conversión de las comunidades campesinas en cooperativas competitivas y garantía de conectividad eléctrica para promover la industrialización.
Otro de los puntos esenciales para mejorar la agricultora peruana y sus hacedores, es la creación del denominado Servicio Civil Agrario —Secigra—, que permitirá a miles de jóvenes universitarios recién graduados dar su apoyo, con sus conocimientos, a los cultivadores.
De acuerdo con los planes oficiales, esta segunda reforma agraria puede cambiar el destino de una gran parte de la población sumida en la miseria.
En Perú viven unas 33 000 000 de personas, y de ellas un 30 % lo hace bajo el nivel de pobreza, una situación mantenida en el tiempo y que la administración de tintes progresistas pretende cambiar a pesar de las barreras que quiere imponerle la oposición.
La guerra de los conservadores intenta mediante una campaña mediática sin precedentes satanizar a los ministros y otras figuras importantes que acompañan al antiguo profesor de nivel primario.
En su discurso del pasado día 3, sin mencionar a los altaneros limeños que lo dejaron asumir, al final, pero pensando en nombrar ellos a los miembros del gabinete que actuarían a favor, el presidente se pronunció contra las agobiantes pugnas políticas.
Uno de los líderes más atacados por la derecha es el primer ministro Guido Bellido, a quien acusan de supuestas declaraciones, hace más de tres décadas, que ensalzaban, afirman, al terrorismo presente entonces en el milenario país.
Rechazado por legisladores derechistas y centroderechistas, la actual confrontación se debe a que Bellido se refirió hace horas a una eventual disolución del actual Congreso si no aprueba los distintos proyectos de ley que darán vida a la segunda reforma agraria. “Deberán regresar a sus casas”, estimó el premier.
Durante la ceremonia efectuada en Cusco, Bellido aseguró, refiriéndose a los congresistas, “Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto. Si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, manifestó en quechua ante periodistas.
En los últimos días, los conservadores también arremeten por la reunión que sostuvieron Castillo y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la celebración de la VI Cumbre de los jefes de Estado y gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con sede en México, el pasado mes, sin que fuera anunciada con antelación.
En contrapartida, varios partidos de izquierda firmaron el manifiesto titulado “Unidad para impulsar los cambios de fondo que el país necesita” en el que reafirman que el actual gobierno encarna la salida democrática popular y constituyente que demanda la múltiple crisis por la que atraviesa el país.
