Con paso lento inició en el país, en 2011, el proceso para el movimiento de inmuebles estatales. En Ciego de Ávila no se estuvo ajeno a ello, sobre todo, por las posibilidades que abría para la reconversión de muchos de estos locales en viviendas.
Ante tanto problema acumulado, esa opción –quedaba claro– no impactaría notablemente como solución a la colosal necesidad de disponer de nuevos hogares; sin embargo, no comenzar de cero un proceso constructivo que demanda tantos recursos y mano de obra, sino apelar a acciones de mantenimiento o remodelación, ayudaría a acortar el tiempo para tener algunas casas con las cuales resolver casos de extrema complejidad.
La transformación en la provincia central comenzó a ganar en agilidad a partir de abril de 2019, con la salida en la Gaceta Oficial No. 33, contentiva de los acuerdos 8574/19 y 8575/19 del Consejo de Ministros, sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorios y locales, así como el cambio de uso y traspaso de locales, respectivamente.
La licenciada Sayly Cabrera Molina, hoy jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) –y a partir de mañana, con la nueva estructura, directora del Departamento de Asuntos Legales de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo–, explica el procedimiento.
«Lo legislado establece que el director municipal de Planificación Física tiene 15 días para emitir el dictamen técnico de la entidad que desee el cambio de uso, y cinco días hábiles para ponerlo en consulta con el Consejo de la Administración, quien tiene un plazo de diez días para dar la respuesta, mediante un acuerdo», aseguró.
PUERTAS ADENTRO
«Este es un lugar privilegiado, por los vecinos que lo circundan, por la tranquilidad del barrio», comentó a Granma Roberto Fuentes Padrón, trabajador del sector de la Salud. Dice que allí plantó para siempre la carpa de su vida. «Esperé nueve años», afirmó, sin más detalles, y comenzó a enumerar a las personas a quienes agradece por el acompañamiento en la gestión, incluido el albañil que trabajó en la nueva casa.
«Fueron noches y días. Hubo momentos que laboramos 24 horas, porque la Agrupación 014 daba los materiales, pero no disponía de la fuerza constructiva. Además, el ojo del amo engorda el caballo», acotó desde la silla, mientras echaba una mirada en derredor. «La casita está buena. Es de tipología iii y tiene 54 metros cuadrados, incluidos los dos cuartos».
La de él es una de las tres existentes en antiguos locales de la Empresa Provincial Productora de Materiales de la Construcción de Ciego de Ávila, a los que se les autorizó el cambio de uso.
Al lado de Roberto Fuentes residen hoy Elismeli Guillart Larduet, de la motorizada del Minint, y la esposa, Yanara Atencio Ramos, junto a su hijo. Ellos también disfrutan del hogar, con buena terminación. Del tercer inmueble, en pésimo estado, no saben con certeza a quién se lo asignarán.
A los entrevistados solo les preocupa el costo de la vivienda, pues comenzaron la construcción con precios de 2020, y la terminaron con los de 2021. «Nadie nos ha hablado de cuánto debemos pagar por la casa», alegó Roberto Fuentes.
¿Qué reservas existen todavía en cuanto a locales en desuso, o subutilizados, con posibilidad de ser reconvertidos en hogares? Y si es así decidido, ¿cuántas opciones de que no sea un camino tan demorado y angosto?
En Ciego de Ávila hay 162 locales identificados –algunos ocupados en la actualidad–, donde prevén construir 1 156 viviendas, informó Niuris Hernández Canales, subdirectora de la DPPF.
A unos kilómetros de la ciudad capital, por ejemplo –«como quien va para La Habana, por la comunidad llamada Número Uno, a la derecha», orientaron a este redactor–, aparecen locales en remodelación. Tienen la forma de naves alargadas, como los albergues de la escuela al campo de épocas pasadas.
Lorenzo Peralta Montano, al frente del grupo de 20 hombres de la Agrupación 014, explicó que esas construcciones (cinco naves) pertenecían a la Escuela de Capacitación de la Agricultura. «Autorizaron el cambio de uso y nos encargamos de la construcción. Las casas son de uno, dos y tres cuartos, de acuerdo con las necesidades de quienes las habitarán».
La primera en recibir una de las cinco viviendas, de tres cuartos, fue Yunaisy Garlobo Viquillón, madre de tres niñas de 12, diez y ocho años. Vivían en un pequeñísimo local de dos por tres metros cuadrados, con muchas limitaciones, sin agua, pero con la esperanza de un día tener un lugar habitable. «Yo tenía que fregar fuera de la casa, y ni el refrigerador me cabía dentro, y ahora estoy muy agradecida con la nueva vivienda, que no tiene goteras, como la otra.
«Yo escuché por el televisor cuando el Presidente Díaz-Canel, creo que fue el año pasado, se refirió a la prioridad que le continuará dando el Gobierno a las madres con tres o más hijos menores de 12 años. Cuando vino la comisión, comuniqué el problema y me tuvieron presente. Ahora soy una de las favorecidas, aunque todavía no tenga la propiedad ni sepa cuánto debo pagar».
Al lado vive Yaniuris León Padrón, madre de una hembra y de un varón muy enfermizo. Enumera varias de las carencias que todavía la afectan, como la de con qué amueblará la casa, aunque de la construcción en sí, todavía hay muchas deudas constructivas, de esas que ilustran que la calidad no es una premisa que quienes ejecutan cumplen cabalmente: meseta sin azulejos, baños sin herrajes, lavabos con salidero, falta de bombillos…
Con frecuencia, los recursos que escasean son un pretexto a mano para enmascarar la insensibilidad, pues no puede llamarse de otra forma si una vivienda en tales condiciones se entrega así, con el agravante de que se otorga a personas que ya llevan suficientes problemas encima, como para cargar también con lo inacabado y lo chapucero; por no pensar que haya quien piense que el agradecimiento natural por recibir un techo más seguro, quita el derecho al inquilino de reclamar lo que se hizo mal, tal cual se nota en el suspiro de Yaniuris: «Pese a todo, me siento bien aquí».
En el caso de ella, obviamente, no se cumplió la máxima de «entregar las viviendas de acuerdo con las necesidades de quienes las habitarán», aunque afirme que se siente a gusto en la suya, una de las 23 que conformarán la pequeña comunidad.
Entre los interpelados por Granma, todos coincidieron en que en ninguna etapa del proceso se cumple con los plazos establecidos: el de 15 días para emitir el dictamen técnico, los cinco para ponerlo en consulta del Consejo de la Administración, ni los diez restantes para dar respuesta a lo que unen los problemas de calidad en la terminación.
UN ENTRAMADO CON VARIAS DIMENSIONES
Con total transparencia, Enrique Ordóñez de la Paz, director de la Empresa Provincial de Construcción del Poder Popular, reconoció que existen lugares donde han edificado con mala calidad. «Algunas acciones constructivas no están acordes con lo establecido, pero no se puede juzgar la calidad del todo por las deficiencias de una parte». A su juicio, el cambio del modelo de gestión de la vivienda ha tenido resultados positivos.
La entidad que dirige ha terminado este año más de 70 casas, pese a las dificultades con el combustible y la COVID-19, que, en ocasiones, paralizó brigadas enteras.
El proceso es un entramado con varias dimensiones: la jurídica, la constructiva, la social y la financiera.
Deremis Pérez Aguilera, especialista principal de Inversiones de la Dirección Provincial de la Vivienda, aclara que el valor dependerá del costo constructivo de cada inmueble; pero a juzgar por la complejidad de los casos entrevistados, ya habría que ir pensando en los canales que tendrán para el pago.
Reservas en el programa quedan muchas, tanto para sumar más locales que puedan ser viviendas, como para evitar que en el camino de la reconversión haya demoras, negligencias, falta de calidad e insensibilidades que lo pongan en sentido contrario a su objetivo.
