El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó de los avances logrados, en un acto en el patio del Palacio Presidencial. Foto: Prensa Latina.
La Fiscalía General de México informó que iniciará una investigación contra los peritos que “manipularon evidencias” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
“Hay una investigación propia de la Fiscalía sobre la propia Fiscalía. Próximamente estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias”, explicó a la prensa Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso.
Desde el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, Gómez Trejo destacó que hubo “un conglomerado de funcionarios públicos que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación”.
También afirmó que “hubo testimoniales de personas fueron obtenidos mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, y fueron aisladas completamente de la protección de la ley”.
Por otro lado, dijo que desde la Fiscalía están trabajando “en la mecánica de la desaparición” para “tener certezas”. “Yo ahorita no les voy a decir, porque forma parte de la investigación, pero en la forma sí recolectaron bolsas en donde vendrían restos y los fueron tirando a lo largo de este camino”, aseveró.
La verdad histórica
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que en pocos días se cumplen siete años, es una de las historias más estremecedoras de desaparición forzada en México.
Las autoridades de la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quisieron dar el caso por cerrado con una explicación oficial, que fue bautizada como ‘la verdad histórica’ y que hoy está derrumbada, pues se demostró que la versión sobre Ayotzinapa que el expresidente defendió hasta el fin de su gobierno era falsa.
Esa versión oficial, hoy conocida como “la mentira histórica”, aseguraba que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, que los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan, lo que fue desmentido por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México volvió a reiterar su rechazo a la versión del Gobierno de Peña Nieto.
“Es algo que nosotros penalmente estamos persiguiendo. Toda esa manipulación de la evidencia, toda esa recreación de todo ese andamiaje institucional, porque actuaron distintas instancias del Gobierno Federal para poderlo recrear, ha sido una mentira y esos son los procesos de judicialización que estamos siguiendo”, agregó Gómez.
El esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mantiene como uno de los casos de derechos humanos prioritarios de su gestión.
Hasta ahora, solo han sido hallados y posteriormente identificados los cuerpos de tres estudiantes. Se trata de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
(Con información de RT en Español)
