La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, publicó este lunes un informe sobre las protestas del 11 de julio en Cuba y su impacto en la libertad de religión o creencias en el país.
La Comisión, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998 para monitorear la libertad de culto en el mundo entero, dice en este informe denominado “Factsheet” o “Lista de hechos” que miles de cubanos salieron a las calles ese día para “pedir más libertades fundamentales, incluido el derecho de todos a practicar libremente la religión”.
Las autoridades cubanas, denuncia el reporte, respondieron deteniendo, a menudo de forma violenta, a unos 700 manifestantes y activistas. Además, hubo “un patrón de denegación de apoyo religioso a los manifestantes” en las protestas antes y después del 11J.
Por ejemplo, en noviembre de 2020, hubo represión contra el Movimiento San Isidro. Las autoridades acosaron, vigilaron e impidieron que algunos de sus integrantes y partidarios salieran de sus hogares o asistieran a servicios religiosos.
A los funcionarios católicos se les impidió visitar a los manifestantes. Un sacerdote que intentó visitar y atender las necesidades religiosas de los manifestantes fue multado por “propaganda enemiga” y le dijeron que necesitaba un permiso para acceder a los manifestantes.
Las autoridades cubanas continuaron bloqueando el acceso de estas personas y otros presos políticos al apoyo religioso, incluso negando sistemáticamente las visitas pastorales y confiscando Biblias y otros artículos religiosos.
Cuando estallaron las protestas del 11J en Cuba, cientos de personas fueron detenidas, incluidos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas, señala el informe.
Varias de estas personas enfrentan problemas de salud, por lo que los pedidos de liberación son particularmente urgentes en medio de la pandemia.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, miembro del Movimiento Apostólico, fue detenido en Santiago de Cuba por la Seguridad del Estado mientras protestaba pacíficamente el 11 de julio, junto con su hijo de 17 años.
La USCIRF recibió informes de que varios miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, entre ellos Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, fueron detenidos y acusados por protestar pacíficamente tras las protestas del 11J.
El Sr. Hernández y la Sra. Pérez, quienes son esposo y esposa, permanecieron detenidos y juntos fueron acusados de desorden público, desobediencia, propagación de la epidemia e incitación.
El informe denuncia que Elizabeth Cintra García, miembro de los Yorubas Libres, fue arrestada el 15 de julio y puesta en libertad bajo arresto domiciliario el 24 de julio con cargos penales pendientes.
Las hermanas gemelas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isak, también Yorubas Libres, fueron arrestadas el 19 de julio y permanecen en prisión.
Los pastores Yeremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, dos pastores de la Misión Bautista Berea en Matanza, fueron arrestados el 11 de julio mientras protestaban pacíficamente.
Sus familias experimentaron represalias por hablar sobre el encarcelamiento de los pastores.
El informe denuncia que el padre Castor José Álvarez Devesa fue golpeado con un bate cuando asistió a las protestas del 11J en Camagüey. Cuando fue a buscar atención médica, fue arrestado.
El padre Álvarez ha sido durante mucho tiempo un fuerte crítico del régimen cubano y pidió una mayor libertad religiosa en Cuba, incluso en una carta abierta de 2018 a Raúl Castro.
El reverendo Yusniel Pérez Montejo, miembro de la Convención Bautista Oriental, fue detenido por la seguridad del Estado el 11 de julio, luego de realizar visitas pastorales en medio de las protestas en Santiago.
El reverendo Pérez Montejo fue puesto en libertad; sin embargo, fue interrogado por las autoridades el 14 de julio y acusado de incitación.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también ha sido acosada. Antes de que el coronavirus obligara a suspender las marchas semanales del grupo, las autoridades detuvieron violentamente a miembros de las Damas de Blanco y les impidieron asistir a servicios religiosos casi todos los domingos.
La política de EEUU tras las protestas
El informe subraya que desde que asumió el cargo, la administración Biden ha estado llevando a cabo una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
La Administración había indicado que la próxima política pondría la democracia y los derechos humanos en el centro y empoderaría al pueblo cubano para determinar su propio futuro.
Poco después del inicio de las protestas del 11J, la Administración y los miembros del Congreso manifestaron su apoyo al pueblo cubano y denunciaron las detenciones y la violencia por parte de las autoridades cubanas. El 12 de julio, el presidente Biden expresó su solidaridad con los manifestantes cubanos que afirman sus derechos fundamentales.
El 22 de julio, el presidente Biden reiteró su apoyo y condenó inequívocamente los arrestos y juicios sumarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó los casos de prisioneros cubanos, incluido el pastor Rosales Fajardo.
El Congreso llamó la atención sobre la situación y expresó su solidaridad con el pueblo cubano, incluso mediante la celebración de una audiencia sobre las protestas y la presentación de leyes y resoluciones como la Resolución 310 del Senado, que condena los actos de represión del régimen cubano y fue aprobado por unanimidad por el Senado el 28 de julio.
Además, la Administración ha tomado medidas para responsabilizar a los responsables de la represión, incluida la emisión de sanciones en virtud de la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.
Entre los sancionados se encuentra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, responsable del asalto al padre Álvarez.
Para maximizar el impacto de estos esfuerzos de rendición de cuentas, la Administración también está trabajando para generar presión internacional sobre Cuba.
El 26 de julio, Estados Unidos emitió una declaración conjunta con otros 20 países condenando los arrestos y detenciones masivas, pidiendo la liberación de todos los prisioneros e instando al gobierno cubano a respetar las libertades universales de las personas.
La Administración está trabajando con socios en América Latina, incluso a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para presionar al régimen cubano para que libere a los detenidos, restablezca el acceso a Internet y permita que los cubanos disfruten de sus libertades fundamentales.
Estados Unidos también está comprometido con los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano. Esto incluye considerar formas de ampliar el acceso a Internet, revisar el apoyo humanitario de Estados Unidos a Cuba y explorar la posibilidad de aumentar recursos en la embajada de Estados Unidos en La Habana.
El informe añade que la Administración está trabajando con los líderes cubanoamericanos y las partes interesadas para determinar respuestas adicionales. Como parte de este proceso, el 30 de julio, el presidente Biden y miembros del Congreso se reunieron con cubanoamericanos, incluidos representantes de comunidades religiosas.
Conclusión
El informe concluye que el pueblo de Cuba está pidiendo mayores libertades fundamentales, incluido el derecho de todos a practicar libremente la religión.
Mientras Estados Unidos continúa respondiendo a las protestas en Cuba, poniendo los derechos humanos en el centro, también debe presionar para promover la libertad religiosa llamando la atención sobre los casos de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas.
Como parte de estos esfuerzos, la Administración Biden debe imponer sanciones específicas a las autoridades cubanas y a las entidades responsables de la detención de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas.
Para aumentar el impacto de las sanciones y presionar aún más a las autoridades cubanas para que liberen a estas personas detenidas, Estados Unidos debe continuar colaborando con socios internacionales, incluso a través de la OEA, afirma el informe de USCIRF.
