De acuerdo con Yamila González, vicepresidenta de la Unión de Juristas del país, la normativa protege a todos los tipos de familias sin distinción, y logra incluir y regular numerosas situaciones presentes en la cotidianidad de la nación caribeña, pero que no encontraban solución en el ordenamiento jurídico vigente.
‘Esta ley es de todas las personas, porque todos pertenecemos a una familia, no es el código de una parte de la sociedad’, insistió Silvera, quien agregó que cuando el pueblo acceda a ella y la estudie verá que es oportuna y tiene puntos de contacto con cada uno.
Esa es también la razón por la cual irá a plebiscito, dijo el ministro de Justicia, porque no se trata de los derechos de un grupo, sino de todas las personas.
El anteproyecto de ley del nuevo Código de las Familias, está disponible desde este miércoles en el sitio web del Ministerio de Justicia, para que la población pueda conocerlo y ofrecer opiniones a través de un correo electrónico habilitado.
Paralelamente la norma legal transita por un periodo de consulta especializada con expertos e instituciones relacionadas con su aplicación futura, lo cual permitirá enriquecerlo, antes de someterlo al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), lo cual se espera suceda en el mes de diciembre.
Luego del debate en el legislativo este decidirá cuándo proceder a la consulta popular, tras la que el cuerpo legal volverá al parlamento para considerar las transformaciones introducidas y aprobar el texto final que se llevará a referendo, así como los detalles de ese plebiscito.
Durante la presentación, la vicepresidenta de la Unión de Juristas refirió que el anteproyecto refuerza fórmulas garantistas para personas en estado de vulnerabilidad, fortalece el papel de los tribunales en los litigios familiares y aumenta la presencia de asuntos de familia en las notarías.
Asimismo, está en consonancia con los tratados internacionales de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se reconoce el derecho de abuelas, abuelos y otros parientes consanguíneos y afines en sus relaciones con los menores.
De igual modo, pone especial atención a los temas de violencia en el hogar y potencia la autodeterminación de los adultos mayores y derechos de personas con discapacidad.
En tal sentido, establece la creación dentro del Ministerio de Justicia de la Defensoría familiar para la protección de los vulnerables y las víctimas de violencia.
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