No hay una manera no-mitológica, no-ideológica,
de contar la historia de un país.
Richard Rorty[1]
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El 10 de septiembre de 1970, seis días posteriores al triunfo de Salvador Allende, seis días de incertidumbre y remezón en las fuerzas políticas de Chile, llevaron al Partido Democracia Cristiana a negociar «garantías formales de preservación de la democracia». Esto sellaba un pacto con la Unidad Popular que implicaría la ratificación de Allende en el Congreso como Presidente de Chile.
La Constitución de 1925 establecía que, de no obtener mayoría absoluta, la elección debería realizarse en el Congreso Pleno entre los candidatos con más votación. El 36% de los votos a favor de Allende, obtenidos el 4 de septiembre, debía entonces competir con el 35% de los acumulados por Jorge Alessandri. Era así que la fuerza de la Democracia Cristiana se volvía decisora para la ratificación, o no, de Allende.
Entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970, la polarización se radicalizó y ocurrieron actos como el asesinato de René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército. El 20 de octubre, dos días antes del atentado a Schneider, el Partido Demócrata Cristiano acuerda votar por Allende en el Congreso Pleno, donde fue elegido como presidente de la República por 135 votos a favor el 24 de octubre.
En el tiempo trascurrido desde el 24 de octubre de 1970 y hasta el 11 de septiembre de 1973, la resolución del conflicto político y los intereses de diversas fuerzas políticas, en jaque unos sobre otros; pasaron de la negociación al golpe, del Estatuto de Garantías Constitucionales a la instauración de una dictadura militar que duraría diecisiete largos años.
Los tres años de la Unidad Popular fueron de una política de cambios limitados por el diseño constitucional del Estado y la correlación de fuerzas (reformismo vs. revolución). La vía chilena al socialismo implicó algo bastante más que un programa con empanadas y vino tinto; fue una experiencia de «gobierno popular» desde «dentro del Estado», que combinó cambios estructurales en lo económico a la vez que no desconocía sus efectos de clase, aunque no pudo sobreponerse a ellos ni a las fracturas ideológicas dentro de la propia izquierda y centro izquierda.[2]
Esta «vía» no solo ponía en cuestionamiento la relación Socialismo-Democracia, Poder-Estado, dentro de las teorías sobre la transición al socialismo, sino a las propias experiencias históricas existentes (Moulian, 2006). Esto es: la experiencia de un socialismo democrático y no la importación de una dictadura del «proletariado» bajo el régimen de un partido único.[3]
La combinación de medidas nacionalistas, democráticas y socialistas fueron el sello del programa de la UP. Al respecto pueden verse el Plan de Desarrollo para 1971 y el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, candidatura presidencial de Salvador Allende, aprobados por los partidos Comunista, Socialista, Radical, Social Demócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente, el 17 de diciembre de 1969.
El asalto no era solo al estado burgués sino al estado de los «socialismos reales». Se trató de un gobierno popular, no de un gobierno socialista, aunque el socialismo era uno de los ejes de su programa. Allende sabía que para alcanzar dicho socialismo solo la fuerza popular y democrática sería la vía.
El trauma histórico
La UP tuvo que cursar entre dos tendencias extremas: por un lado el movimiento Patria y Libertad, gestado el 13 de septiembre de 1970, organización ultraderechista cuyo primer objetivo fue bloquear el pacto entre la DC y el Partido Nacional y que luego constituyó el Frente Nacionalista Patria y Libertad (1971); por el otro, el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), organización de extrema izquierda (1965) favorable a la vía armada como vía de acceso al poder para construir una sociedad comunista.
La estrategia ecléctica al interior de la UP, y el liderazgo conciliador de Allende, que sacrificó consistencia programática[4] en aras de cohesión interna, provocaron la pérdida de hegemonía e inconsistencia del gobierno, implantando con ello una estrategia política del «empate». La «tendencia aliancista» de Allende, ha sido interpretada como uno de los factores que incidió en el debilitamiento del gobierno popular (Moulian, 2006).
Estos factores a lo interno no pueden ser comprendidos, a su vez, al margen de la crisis económica, la capacidad de reorganización de la derecha y el arrastre del partido centrista, las correlaciones de fuerzas externas al gobierno y el peso de clase en la configuración política de la cultura chilena. Pero fueron los errores internos —la puesta en riesgo de la legitimidad democrática de las reformas económicas sin reformas político-institucionales—, lo que hizo que la vía chilena dejara de ser, en el camino de la aceleración política, la vía chilena. El resultado: el 11 de septiembre.
Bombardeo al Palacio de la Moneda de Chile, el 11 de septiembre de 1973.
El 11 de septiembre no puede ser apreciado únicamente como un hecho conspirativo –lectura bastante común y superficial desde cierta izquierda ortodoxa y acrítica—; fue también resultado del divorcio entre UP y las clases medias, de la entrada de la estrategia gremialista a lo político, y del deterioro de la «situación de clase» —no solo económica— de la clase media, así como de la relación político-militar mal asumida por instancias políticas que creyeron tener en las Fuerzas Armadas un instrumento táctico, sin comprender su carácter clasista, que la llevaría a responder a un proyecto político propio.
Aprender de los errores internos es vital en política; asimismo, no maximizar los efectos de los factores externos, controlar las teorías conspirativas del enemigo todopoderoso, desarrollar capacidad de análisis crítico y transformación oportuna y rápida, porque todos podemos tener un 11 en nuestras biografías.
Lecciones
Las fracturas políticas evidencian la imposibilidad del diálogo, que en política siempre significa negociación y confianza. Dicha imposibilidad descansa en varios hechos: la ruptura del consenso entre diversas fuerzas políticas y/o a su interior; poder desmedido de una de dichas fuerzas sobre el resto (poder autoritario), fragilidad de la hegemonía (sustitución por la dominación).
Ninguno de estos hechos-variables contempla directamente las formas de resistencia o el poder ciudadano, con toda intención: la democracia no depende tanto de los de abajo, sino de los de arriba controlados por los de abajo.
Chile tuvo un quiebre democrático y la instauración de una dictadura en la cual se suman más de 40 mil casos reconocidos como víctimas de prisión política, tortura, desaparecidos y ejecutados políticos durante diecisiete años (1973-1990) Comisión Valech II. ¿Fueron los chilenos y chilenas un pueblo poco resistente?
Augusto Pinochet.
Las dictaduras no son «culpa» de sus pueblos, no son resultado de una ciudadanía débil. Las dictaduras son el resultado de poderes autoritarios que logran, a través de la negociación y la coacción, traficar parcelas de miedos y aspiraciones: el poder militar pasó, de ser instrumento al servicio de los sectores políticos de centro y derecha y de sectores gremialistas de clase media, a imponer su propio programa.
«La política está hecha de deseos y de miedos», decía Norbert Lechner.[5] Las dictaduras son regímenes donde el miedo se vuelve ente controlador de la biografía de las personas y también de la nación. De allí que la gestión del miedo sea una estrategia política por excelencia en estados dictatoriales. Pero el miedo no habla de la falta de valor, sino del exceso de terror.
Solo quienes tienen conciencia del terror, sus costos y por tanto han vislumbrado tácticas de resistencia o enfrentamiento a dicho terror, experimentan el miedo. Quienes tienen suficiente valor para confrontar el poder autoritario de una dictadura son los que llevan en sí mayores cuotas de miedo.
El 11 de septiembre representa, en los imaginarios y la memoria política de chilenos y chilenas, un trauma. Como tal es procesado y revivido cada septiembre. El trauma social del 11 remite directamente a la fractura de una nación, la actualización del miedo y las formas en que este país ha encontrado para lidiar con ello: democracia y libertad. Una libertad que no ponga en riesgo la democracia, una democracia que se haga fuerte ampliando la libertad.
Los traumas históricos tienen costos políticos. De ahí la importancia de gestionar políticamente el conflicto. La imposibilidad de lograrlo y la imposición de la fuerza represiva ante una situación de conflicto político puede llevar directamente al trauma, y el peso de esto en la historia hacia adelante es altamente costoso para los de abajo, y para los de arriba, que un día ya no serán los de arriba y tampoco podrán ser los de abajo.
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[1] Richard Rorty: Achieving our Country, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998.
[2] Según analiza Tomás Moulian, en junio de 1972 se producen dos rupturas que comienzan a poner a la gobernabilidad al límite: el fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana y su apoyo al Área de Propiedad Social (APS), y el cambio en la conducción del plan económico (Plan Millas). Al respecto apunta: «El énfasis programático estuvo puesto en la construcción de esa área [APS] como si se pensara que el requisito único o principal de existencia del socialismo era la propiedad estatal de los medios de producción». (T. Moulian: Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973), Santiago de Chile LOM/ARCIS, 2006, p. 244).
[3] Desde 1933 el Partido Comunista había expresado la necesidad de una etapa de carácter democrático-nacional. Ver Luis Corvalán: Camino de Victoria, Santiago, Impresora Horizonte, 1971. (Referenciado por Moulian (2006). Analiza el período 1964-1970).
[4] El programa de gobierno priorizó y fue consistente con las reformas económicas y cambios estructurales en la economía chilena, procesos de expropiación y nacionalización que fueron su punta de lanza. Sin embargo, se pospusieron las reformas político-institucionales sin las cuales no es posible un cambio de modelo, al menos asegurando su dimensión democrática. La transición socialista implica ante todo un cambio en las estructuras mentales, en la cultura política, y en la organización político-institucional desde donde las fuerzas productivas entrarán en franco proceso de transformación, o no.
[5] N. Lechner: Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política, Santiago de Chile, FLACSO, 1988.
