De La Güinera al Combinado del Este, el viacrucis de Yoel

Con la tonfa, a Yoel le dieron en las nalgas y lo subieron encima de un camión en las afueras del Capri, la estación policial de La Güinera. Los antimotines lo habían detenido a cinco cuadras de la Calzada. Lo condujeron hasta un lugar donde tenían a “unas cuantas personas en el piso” y le pusieron unas esposas plásticas “con gran presión” antes de trasladarlo al Capri. Luego lo cachearon, “pero a patá y a piñazo”, y lo dejaron alrededor de una hora “muerto de sudor, casi sin aire para respirar” dentro del camión. “Fue un momento de terror para la gente, mucho maltrato, muchos gritos”. Era 12 de julio de 2021.

Delis Yoel Parsons Bones se reconoce como opositor —como se le conoce en Cuba a quienes disienten de la política estatal—. Lo habían detenido en otras ocasiones, pero no llegó a estar preso. Después del 12 de julio, estuvo 23 días privado de libertad y recorrió tres centros de detención: el Correccional Ivanov, 100 y Aldabó y el Combinado del Este. Fue acusado de atentado, desorden público, daños, lesiones, instigación a delinquir y sedición. Yoel salió de la cárcel el 4 de agosto tras una modificación de su medida cautelar y un pago de 2 000 pesos de fianza.

“Me soltaron por falta de pruebas, porque no encontraron ni fotos ni videos de la manifestación donde yo estuviera. No les quedó otra”.

Parsons Bones hubo de esperar desde el 12 de julio hasta el 28 para contar con un abogado con quien, además, no tuvo contacto. “Nunca me dieron detalles de nada, todo lo ventilaron con mi familia”. Tampoco le especificaron de qué lo acusaban. “Solo me dijeron que estaba bajo investigación —detalla—, muchos comentaban que a todos se nos acusaba de atentado; lo habían leído en los documentos. Cuando pude ver el mío, solo leí: desorden público”.

“No fui a la manifestación —asegura Parsons Bones—. Iba con mi esposa a otra gestión y quedé en medio de todo. Un tipo grande, al parecer el jefe de los antimotines, me vio y ordenó: “cójanlo a él”. No me arrestaron con violencia, pero delante de mí, a otra persona que venía en una moto eléctrica, la cogieron por detrás y se cayó y allí mismo le dieron golpes. Vi golpear a mucha gente delante de mí y vi cómo entraron en la casa de un muchacho que le dicen Garangau —después estuve junto a él en prisión— y lo sacaron pa´ afuera. 

”Hubo otro, de apellido Santiago León, que estaba en el techo de una casa cuando vio que maltrataban a su mamá. Se tiró y se agarró de un cable de electricidad —no había luz, la habían cortado—. Para que se bajara del cable le dispararon con una bala de goma que le hizo una herida en la barriga. Cuando cayó al piso, se partió un pie.

”Vi a varias personas de La Güinera gritar desde los balcones, otros lanzaban piedras. Los antimotines entraban a las casas y los cogían, los maltrataban, fueron bien agresivos. No presencié los disparos, pero según testimonios sí tiraron, tanto con balas de goma como con balas de verdad, como la que mató a Pikiri [Diubis Laurencio Tejada]. Por un lado, los tiros dispersaron la manifestación y después los antimotines cogieron a quien pasara por allí. Parece que a todos los hombres los veían culpables, de hecho, dejaron a mi esposa y a mí me llevaron”.

Desde la unidad policial del Capri trasladaron a Yoel hacia Ivanov, en el Cotorro, donde le tomaron declaración. Estuvo tres días en ese lugar. “Allí nos recibieron a golpe limpio. Cuando nos bajaron del camión había dos filas de personas en la puerta esperando a que entráramos, con las manos cerradas. Nosotros teníamos puestas las esposas plásticas y esa gente nos cayó a golpes hasta que pasamos a lo largo de la fila, a todos los de La Güinera. Hubo patadas, piñazos, por la cara, por cualquier lado. Luego vi bocas y ojos hinchados, pies partidos y a uno que le lloraban los ojos como con sangre. Durante esos tres días vi cómo les daban golpes a casi todas las personas que llegaban nuevas; con quien cometiera algún tipo de error también eran muy agresivos. No recibí atención médica, tampoco quienes estaban a mi alrededor más dañados que yo”.

Mientras Yoel permanecía en prisión citaron a su esposa para interrogarla. Él solo lo supo cuando salió. “La declaración de mi esposa coincidió con la mía, pero me contó que el inspector le dijo lo contrario y la presionó para que la cambiara; le habló bastante fuerte”.

Parsons Bones tampoco hasta después del 4 de agosto que durante los primeros días tras el 12 de julio, a su familia no le facilitaron ningún tipo de información sobre su caso o paradero. Solo los llamaron cuando estaba en 100 y Aldabó para que le llevaran aseo. Allí permaneció otros tres o cuatro días, no recuerda con exactitud. También le notificaron a sus familiares que Yoel sería trasladado a la prisión del Combinado del Este; pero a él solo le permitieron una llamada casi al término de su salida.

Al llegar al Combinado, a Yoel y a los demás prisioneros, los pusieron 15 días en aislamiento hasta que no recibieran los resultados del PCR que les practicaran alrededor del día 10 luego de ser detenidos. Cuando descartaron un posible contagio de COVID-19, los autorizaron para que se comunicaran por teléfono y los sacaron al patio, a coger un poco de sol.

“Viví un desamparo total —especifica Yoel— no estaba al tanto de lo que pasaba afuera y hubo un momento en el que pensé que nos podían matar. Pensé que si la gente continuaba saliendo podían suceder dos cosas: o ganaban o se ponía peor para nosotros. Conozco de historia y en estos tiempos, que pudieran significar el fin para los del Gobierno, creí que eran capaces de deshacerse de las personas. Como opositor pensé que estaba en riesgo. Después me enteré de que pudieron aplacar lo sucedido en La Güinera”.

Yoel está a la espera del juicio en el cual se definirá su caso. Las evidencias de cuánto ha sucedido hasta ahora alrededor de los detenidos durante y después del 11J no son alentadoras. El Gobierno tampoco cree que es su deber responder de manera pública —y tomar acciones transparentes y concretas— por el exceso de abuso y maltrato protagonizado por las autoridades policiales. El Gobierno parece creer que es sano dejar que el tiempo corra mientras las malas prácticas —y con ellas la desprotección ciudadana— solo ascienden.

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