Hugo Shorter, director para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, mostró preocupación por las consecuencias del reciente Decreto Ley 35 del régimen cubano para la libertad de expresión en la isla.
Shorter se reunió, según informó en un tuit, con la embajadora cubana en Reino Unido y declaró que “esperamos que los embajadores Bandera del Reino Unido aborden en público y en privado temas de DDHH en los países anfitriones. Nos preocupan las implicaciones del Decreto Ley 35 para la libertad de expresión, derecho que defendemos en todas partes”.
Luego de la publicación del Decreto Ley 35 y sus normas complementarias el embajador británico en Cuba, Dr. Antony Stokes, criticó al gobierno cubano por este nuevo paqete de medidas que cercena las libertades en Internet.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) la acusación de “injerencista” contra el diplomático no se hizo esperar.
“El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el #DecretoLey35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”, denunció Stokes en su cuenta de Twitter.
El pronunciamiento del representante del Reino Unido se viralizó y decenas de cubanos agradecieron su posicionamiento a favor de los derechos humanos en la isla.
Uno de los que salió a criticar la declaración fue Damián Delgado Vázquez, funcionario del Minrex: “Bastante injerencista este tuit del Sr. Embajador que sólo expresa malas prácticas diplomáticas… por decirlo decentemente…”
Delgado acusó al embajador de no publicar “un solo tuit suyo referido a los maltratos recibidos en su país por Julian Assange… just saying…”
Medidas para controlar el ciberespacio
El Decreto-Ley 35 «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico” es parte de un paquete de normas para regular el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación(TICs) en la isla caribeña.
El mencionado decreto instaura el marco legal de las telecomunicaciones y las TICs en el país y establece prácticas que el único operador de telecomunicaciones en Cuba, la empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), ya ponía en práctica al deshabilitar el acceso de internet a los opositores y periodistas independientes de manera selectiva.
Dentro de los objetivos del Decreto Ley 35 está el empleo de estos servicios para defender el sistema socialista cubano y para “satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico”.
La legislación establece un grupo de derechos y deberes tanto para los usuarios como para los operadores y proveedores. Entre los deberes de los clientes está el de impedir que los servicios se usen para atentar contra el Estado y está prohibido transmitir “noticias falsas” o información ofensiva, discriminatoria, o que “afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.
Por su lado la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) concluyó que el Decreto Ley 35, enunciado en la Gaceta de Cuba el pasado 17 de agosto, viola la libertad de expresión en internet y amenaza la privacidad de los usuarios cubanos.
El análisis reciente de HRW de la normativa arroja que esta cercena el derecho a la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, y que los gobiernos foráneos “deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación”.
