Con el propósito de lograr un impacto en las producciones priorizadas, el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios pondrán a disposición del fomento agropecuario un fondo de 1 800 millones de pesos, que deberá ejecutarse en 2021, atendiendo a las necesidades de capital de trabajo y de las inversiones en las empresas seleccionadas, que dado su desempeño puedan lograr un impacto en las producciones priorizadas.
Los montos para el fomento y desarrollo serán operados por el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), de acuerdo con una publicación en el portal del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Se gestionará, igualmente, su tramitación en el caso de que alguna de las entidades escogidas esté adscripta al Banco Popular de Ahorro (BPA) o al Metropolitano, con los mismos beneficios.
El Comité de Coordinación para el financiamiento al sector agropecuario, creado al efecto, propuso y se aprobó destinar los fondos a los cultivos de arroz, plátano, yuca y frutas, así como a las producciones porcinas y de la ganadería vacuna.
Las operaciones del fomento agropecuario regirán a partir del próximo 1ro. de septiembre, por lo que se ha desarrollado un intenso trabajo en la selección de las empresas, las cuales se ponen en contacto con sus respectivas sucursales bancarias para iniciar los trámites correspondientes.
Los beneficiarios de estos fondos deberán cumplir los requisitos establecidos para cada actividad, entre ellos rendimientos por área, aplicación de la ciencia y la técnica, contar con sistemas de regadío, y tener como destino de sus cosechas a la industria, balance nacional, mercados agropecuarios; y es indispensable la disponibilidad de alimentos y agua en el caso de la ganadería.
El crédito se otorga con un 1,5 % de interés para capital de trabajo, y el plazo de devolución se corresponderá con el ciclo productivo del cultivo o actividad, mientras para las inversiones existirá un 2 % de interés, por lo que los ahorros financieros los beneficiarán.
En todos los casos es vital la adecuada selección de los productores (estatales, cooperativistas, usufructuarios), que serán asistidos con este crédito, quienes deben comenzar su ejecución inmediatamente.
En este proyecto se incluyeron tres empresas arroceras, a las cuales les corresponde proponer a los productores que reúnan los requisitos para optar por el crédito, cinco agropecuarias y dos agroindustriales de cítricos, todas adscriptas al Grupo Agrícola.
Las actividades porcina y ganadera son rectoradas por el Grupo Ganadero, aunque se trabaja para que los productores (estatales o no) tengan derecho a optar por el financiamiento, para lo cual presentarán sus solicitudes al banco, y dependerán de la clasificación.
Se espera pueda destinarse parte de la capacidad líquida que generen las entidades seleccionadas a las áreas y actividades beneficiadas con este fondo para lograr en breve plazo los resultados esperados.
Por un nuevo marco legal cooperativo
Una nueva propuesta relacionada con el funcionamiento de las cooperativas se encuentra en proceso de preparación por el Grupo de trabajo de cooperativas creado en el Ministerio de la Agricultura (Minag), a partir de la aprobación de las 63 medidas para dinamizar la producción de alimentos en la nación.
Un análisis del Minag, a propósito del tema, explica que, aun cuando el Decreto-Ley 365 De las Cooperativas Agropecuarias y su correspondiente Reglamento vieron la luz hace tres años, persisten críticas importantes sobre su formulación, según publica el sitio web de ese organismo.
Entre ellas se encuentra la percepción de que la «vinculación» de las cooperativas, sea o no de subordinación, con alguna empresa estatal, infringe el principio de autonomía. También se señala que el procedimiento que se establece para la constitución y disolución de las cooperativas resulta en extremo vertical y centralizado, lo que entorpece la dinámica natural del sector. Se añade que en la legislación vigente no se reconocen las cooperativas de grado superior.
El referido Grupo de trabajo multidisciplinario, que sesiona cada semana para analizar el marco legal cooperativo y los aspectos más críticos de su formulación, pretende suprimir la vinculación de las cooperativas a las empresas estatales tal como se regula en las disposiciones vigentes. Así se podrán relacionar con todos los actores económicos por medio de contratos, en los cuales prime la autonomía de la voluntad de las partes.
Consciente de la imprescindible participación de los cooperativistas en este proceso de perfeccionamiento de las normas, el Minag destaca como un mérito de esta propuesta el hecho de usar como punto de partida un diagnóstico en el cual tomaron parte los cooperativistas».
En este sentido, el Minag abrió todos sus espacios digitales para la recepción de criterios, opiniones y propuestas de modificaciones al Decreto-Ley 365/2018 De las Cooperativas Agropecuarias y su Reglamento.
