La Habana, 25 ago (ACN) El Instituto de Información y Comunicación Social, cuya creación se aprobó en el Decreto- Ley 41 dado a conocer este martes, robustecerá el ámbito comunicativo en Cuba, uno de los pilares centrales del sistema de gestión de gobierno.
Al respecto, Onelio Castillo, integrante del equipo de trabajo que elaboró esa legislación, dijo hoy que el organismo, con rango de ministerio, y las venideras regulaciones vinculadas a su funcionamiento y estructura contribuirán a implementar la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno, aprobada en 2018.
La decisión de crear ese organismo es clara expresión de la voluntad política del país que busca fortalecer la democracia a partir de una mayor participación del pueblo en la actualización del modelo económico y social cubano, y en el apuntalamiento de un Estado socialista de derecho, significó en el programa Mesa Redonda.
El organismo de la Administración Central del Estado tiene entre sus funciones proponer el perfeccionamiento de la Política de la Comunicación Social, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana.
Además, se encargará del aseguramiento material y económico de los medios, la articulación entre la comunicación institucional, mediática y comunitaria, la gestión de la marca país, y permitirá garantizar la identidad de la nación y su coherencia en el ámbito institucional y comunitario.
Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, señaló que con el organismo se comenzarán a resolver problemas estructurales del sistema de prensa en el país.
Precisó que el Instituto, que conducirá el sistema de medios, ayudará a la defensa de la transparencia en el ejercicio del gobierno y de las instituciones públicas, aspectos que fueron destacados en el reciente encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con una representación de periodistas.
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En su comparecencia también reflexionó sobre la nueva oportunidad que se abre con el Instituto de Información y Comunicación Social al brindar aseguramiento económico a los medios públicos, pues hasta el momento no había un canal de diálogo sobre ese tema entre la prensa y el gobierno.
Trascendió que la extinción del Instituto Cubano de Radio y Televisión no limitará el funcionamiento de ese sistema, al contrario, los medios continuarán con su labor y las transformaciones que en ellos ocurran serán de forma gradual y en correspondencia con las normas jurídicas complementarias que acompañan el Decreto Ley 41, publicado en la Gaceta Oficial No.96.
Humberto Fabián Suárez, vicepresidente primero de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, dijo que la creación de esa nueva institución es una excelente noticia para los comunicadores, periodistas y para el pueblo.
Al decir del especialista marca un cambio cultural al entender un sistema basado en la gestión de la comunicación en el ámbito mediático, comunitario y organizacional, teniendo en cuenta los espacios físicos y virtuales.
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Destacó que la conformación del Instituto de Información y Comunicación Social y las venideras regulaciones contribuirán a legitimar el campo de la comunicación social en el país y de sus profesionales.
Señaló que por casi nueve años se realizó una exhaustiva investigación de normas legales sobre comunicación de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España, China y Vietnam.
A su vez, se realizó la revisión de toda la producción jurídica vinculada a la comunicación social desde principios del siglo XIX en Cuba hasta 2013, y el grupo de trabajo visitó cinco provincias para intercambiar con sus comunicadores, además de consultar a más de 400 expertos.
En los próximos días el Consejo de Ministros aprobará las propuestas que se han realizado para este Instituto respecto a su estructura, funciones, expresión en municipios y provincias y está previsto que en febrero de 2022 se apruebe un decreto ley sobre la Comunicación Social en Cuba.
