El Decreto-Ley 35 regula las telecomunicaciones en Cuba, prohíbe la difusión de noticias falsas y la incitación a la violencia, pero no impide la libertad de expresión en Internet, enfatizó hoy un especialista.
En declaraciones a Prensa Latina, el profesor de derecho constitucional Yuliesky Amador explicó que el objetivo de la nueva normativa ha sido tergiversado por las mismas personas que usan las redes sociales para las campañas de subversión contra el Gobierno de la isla.
‘Este Decreto-Ley nace a partir del cronograma legislativo previsto para Cuba tras la aprobación de la Constitución de la República en 2019 y no es resultado de la arbitrariedad de personas o ministerios, como tampoco tiene que ver con los recientes disturbios del pasado 11 de julio’, enfatizó.
En opinión del experto, el texto publicado en la Gaceta Oficial la semana pasada no prohíbe las publicaciones o interacciones en las redes sociales, ‘pone límites a los contenidos que por su carácter ofensivo atenten contra el Estado cubano y los ciudadanos’.
‘Cuestiones que ya están contenidas a partir del artículo 45 de la Carta Magna, el cual explicita que el ejercicio de las personas solo está limitado por la seguridad colectiva, el derecho de los demás, por el respeto al orden público y a las leyes’, acotó.
Según Amador, esta legislación no entra en contradicción con el acápite 54 de la Constitución, que aborda la libertad de pensamiento, expresión y conciencia, ‘tampoco con el Decreto-Ley 370 sobre la informatización de la sociedad’.
‘Cada país soberano puede regular estos temas. Francia desde 2018 posee una ley contra la manipulación de la información; Brasil en 2020 aprobó una sobre la libertad, la responsabilidad y la transparencia en internet’.
Ademas, Argentina cuenta con el Observatorio de la Información y de la vigilancia simbólica en medios de plataformas digitales; mientras que Estados Unidos desde 2001 mantiene el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado’, comentó.
El experto asegura que Cuba tuvo en cuenta las mejores experiencias de cada una de estas normativas, así como los principios del derecho internacional.
‘El Decreto-Ley 35 protege los intereses de los ciudadanos, promueve y facilita el uso de las telecomunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la población, busca acercar aún más todos estos servicios y elevar la ciberseguridad para que no se atente contra el orden interior’, puntualizó.
Para Amador, esta normativa fortalece la soberanía en la utilización del espacio radioelectrónico en el territorio nacional, lo cual aparece recogido también en el artículo 11 de la Constitución.
‘Los promotores de campañas subversivas están molestos porque este decreto evita la transmisión de noticias falsas, la incitación a la violencia, prohíbe acciones que atenten contra la moralidad pública, incluso evita el acoso y en sentido general, todo lo que afecte la integridad y el honor de una persona’, refirió el miembro de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática.
Según especialistas y fuentes oficiales, Cuba promueve cada vez más el acceso a Internet en todo el país, pero rechaza el uso que algunos le dan a este espacio para desinformar, incitar al odio y a la violencia.
En disímiles ocasiones las autoridades del país denunciaron que el Gobierno de Estados Unidos utiliza las plataformas digitales como instrumento para una guerra no convencional contra la nación caribeña.
Recientemente monopolios de información como Facebook, YouTube y Twitter violaron sus propias normas y permitieron en sus plataformas mensajes agresivos y con convocatorias a delinquir.
Por otro lado, varias instituciones gubernamentales recibieron ciberataques, el sitio de la Presidencia entre ellos, y medios de comunicación como Granma y Cubadebate.
