Ha salido a la luz el Informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluye que en Bolivia, en 2019, se produjo un golpe de Estado contra el reelecto presidente Evo Morales.
Uno de los acápites conclusivos refiere que durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, las masacres dejaron decenas de civiles muertos y muchos heridos.
En Sacaba (Cochabamba, centro) y Senkata (El Alto) murieron al menos 22 personas, y resultaron heridas más de un centenar, como consecuencia de un uso desproporcionado de la fuerza pública amparada en un decreto de inmunidad, señala el informe.
Algunos sectores de las Fuerzas Armadas Bolivianas y de la Policía se plegaron a los golpistas y, lo peor, usaron su jerarquía y sus armas para arremeter contra el pueblo. Los indígenas y los sectores más humildes fueron las principales víctimas de las masacres, mientras en una sesión de la Cámara de Senadores (sin el debido quorum) se proclamó presidenta de facto a la señora Áñez, y, en la Asamblea Legislativa, también sin que hubiera mayoría, se ratificó en el cargo.
Mientras esto sucedía, Luis Almagro, secretario general de la OEA y promotor del Golpe, batía palmas y contentaba a quienes le dieron la orden desde Washington, porque la farsa montada se «cumplía exitosamente».
A propósito del Informe revelador del Golpe de Estado en Bolivia en 2019, el actual Gobierno ha calificado a Luis Almagro de «ministro de la colonización» a las órdenes de Estados Unidos.
Se ha evidenciado el nefasto papel y el involucramiento en el Golpe de los mandatarios de entonces en Argentina, Mauricio Macri, quien envió ilegalmente armas a los golpistas, y el de Ecuador, Lenín Moreno.
Mientras, Jeanine Áñez, detenida en un centro penitenciario, intenta ocultar lo inocultable y mover a su favor a otros implicados de fuera y dentro.
Ahora corresponde a la Justicia –a la verdadera y no a la manipulada– hacer realidad lo que exigen el actual gobierno del presidente Luis Arce y el pueblo boliviano: no a un «pacto de silencio».
Otros actores involucrados en los lamentables hechos de 2019, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, y el empresario y también deseoso de convertirse en mandatario, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, ahora demandan «transformar la justicia», de manera que aun comprobadas las masacres contra el pueblo, aparezca la llamada «impunidad» que pueda liberarlos a ellos y a otros, de sus responsabilidades penales.
El contraataque al informe presentado y a las declaraciones del presidente boliviano Luis Arce, por parte de los implicados en los hechos, se ha expresado burdamente por Luis Almagro, quien ha asegurado que «enviará el citado Informe a la Corte Internacional de Justicia», algo inconstitucional en las prerrogativas de dicho Tribunal.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, declaró a Sputnik: «Nosotros sí podríamos reclamarles a Argentina y a Ecuador por haber mandado armamentos a los golpistas».
La OEA, su Secretario General y los sectores interesados en revertir el triunfo del MAS y la presidencia de Luis Arce, existen y mueven hilos en la gran patraña bajo guion estadounidense.
Lo ocurrido es una advertencia a Nicaragua, hacia donde se dirigen todas las lanzas del Gobierno de EE. UU., con Almagro al frente, para abortar el proceso democrático de esa nación y las elecciones presidenciales de noviembre venidero.
