Imagen: Tomada de La Pupila Insomne.
El viernes 16 de julio, en los jardines de la Casa Blanca y antes de abordar el helicóptero rumbo a la residencia de descanso en Camp David, Joe Biden declaró a la CNN que “la desinformación en las redes nos mata”. En particular, el presidente de Estados Unidos se refería a las publicaciones en la red digital Facebook sobre la vacunación contra la COVID-19 y acusaba a esa empresa de no hacer nada para evitarlas.
Facebook es la misma empresa que opera WhatsApp, y en ambas redes se han difundido no pocas noticias falsas relacionadas con la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Pero si el presidente, el primer ministro o cualquier otro dirigente cubano dijera lo que Biden, el dispositivo de medios de comunicación e influencers que el Gobierno de EE.UU. financia contra la isla emprendería de inmediato el linchamiento del autor de semejante frase en nombre de la “libertad de expresión”.
No importa si se trata de la “expresión” de los viejos medios tradicionales, los creados en la época de Bush, los surgidos en la época de Obama o en la de Trump, la participación en la guerra de desinformación contra Cuba es unánime para quienes dicen reclamar pluralidad. Desde la agencia UPI diciendo que el “puerto” de Bayamo y el hotel Habana Libre habían sido tomados por los invasores de Playa Girón hasta el “Rey, tú sabes que yo soy bióloga” en los inicios de la pandemia de COVID-19, el que paga por desinformar sigue estando a 90 millas al norte de Cuba.
Sin embargo, todas las empresas de redes sociales digitales (Twitter, Facebook y Google) no han escatimado vías para bloquear las cuentas de medios rusos como RT y Sputnik, y, en el caso de Google, hasta desaparecerlos de las búsquedas en internet de manera temporal. También es un hecho que muchas cuentas de medios de comunicación, funcionarios y periodistas cubanos en Twitter han sido bloqueadas desde EE.UU. en momentos de relevancia política. Recientemente ha corrido igual suerte la cuenta de la Federación Estudiantil Universitaria, que agrupa a cientos de miles de jóvenes cubanos.
Los vínculos orgánicos de esas empresas con los servicios especiales y el Departamento de Estado norteamericanos están muy documentados por las revelaciones de Snowden y Wikileaks, y alcanzaron un esplendor particular en los dos mandatos de Obama, durante los que Biden fue vicepresidente. El Gobierno Obama-Biden es señalado como el que más ha perseguido a los informadores en Estados Unidos, incluso con ventaja sobre el de Richard Nixon, considerado hasta entonces el más obsesivo en ese aspecto.
Fue la alianza con las grandes empresas tecnológicas la que condujo al Ejecutivo encabezado por el mencionado dúo demócrata a perseguir con saña, hasta llevarlo al suicidio, al genial y muy joven informático Aaron Swartz por convertirse en un líder de la difusión libre del conocimiento en internet.
Swartz, acosado por el FBI, fue sometido a un proceso a nivel federal, en el cual el Gobierno lo hizo enfrentar 35 años de cárcel y un millón de dólares de multa. ¿Su delito? Descargar una base de datos con resultados de investigación científica financiada con dinero público, con la intención de liberarla en internet para acceso de todos los interesados. A diferencia de Biden, que habla de libertad y la persigue, Aaron fue consecuente: en 2008 había publicado un manifiesto denunciando “el robo privado de la cultura pública”.
No hubo clemencia de quien ahora dice preocuparse por el acceso a la información de los cubanos y utiliza figuras mediáticas convenientemente “mayamizadas” para hablar de libertad. Nada importó que Swartz, siendo apenas un adolescente, hubiera contribuido de manera sustancial a elementos que son hoy de uso corriente para compartir información en internet, como el RSS y el Creative Commons, que han aportado mucho más a la humanidad que quienes pagan lo mismo canciones que cócteles molotov como parte de un plan para desatar algo que aportará tanto al interés nacional estadounidense como a un baño de sangre a 90 millas de EE.UU.
La única libertad que interesa a un Gobierno cuyos ministros fueron designados por una corporación bancaria, según consta en los correos electrónicos entre Citibank y el equipo de transición de Barack Obama, filtrados por Wikileaks, es la libertad de hacer dinero, y Aaron Swartz era una amenaza para ello.
Como vicepresidente, el actual presidente de Estados Unidos no movió un dedo para que Cuba pudiera acceder a internet a través de los varios cables submarinos de fibra óptica que pasan a pocos kilómetros de sus costas y que se han mantenido prohibidos para las empresas cubanas. Hubo que financiar una conexión de 1 062 km de distancia, a un costo de 70 millones de dólares, que se extiende desde Camurí, cerca del puerto de La Guaira, en Venezuela, a la playa Siboney, en Santiago de Cuba. Tampoco desbloqueó los muchos sitios de información científica y tecnológica bloqueados para los desarrolladores informáticos cubanos.
Eric Schmidt, alguien que conoce bien tanto a Aaron Swartz como a Biden, visitó Cuba en 2015 siendo CEO de Google. Entonces estuvo en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde varios estudiantes y profesores le expresaron sus quejas por no poder acceder a sitios de su megaempresa dedicados al desarrollo de software.
Schmidt dijo que les daría facilidades para un acceso “por la izquierda”, como se dice en cubano, y un profesor presente le respondió: “Nosotros no queremos brincar la cerca, queremos entrar por la puerta como todos”, y el ejecutivo estadounidense se comprometió a hablarlo con su Gobierno, precisamente el mismo del que Biden formaba parte. Lo que ha ocurrido desde entonces hasta el día de hoy es que esa situación, lejos de mejorar, ha empeorado, pero Joe Biden se ha comprometido a dar “internet sin censura a Cuba” ¡y gratis!
¿Un negocio más para empresas tecnológicas como las que se llenaron los bolsillos con dinero de los contribuyentes norteamericanos, diciendo que se vería en La Habana una televisión que nunca se ha visto? Muy probablemente. Biden llama “Estado fallido” a Cuba, pero no hay nada más fallido que los “creativos” intentos durante 60 años del Gobierno estadounidense por cambiar el régimen en la isla. Perdón, sí lo hay, es el modo en que los terroristas y extorsionadores de Miami han embaucado durante el mismo periodo a los Gobiernos estadounidenses.
(Tomado de La Pupila Insomne)
