Mientras los talibanes se alborozan por estas horas con la moda de cambiar sus AK-47 por fusiles y ametralladoras de fabricación norteamericana, y trastocar sus turbantes y tradicionales vestimentas por los uniformes de camuflaje abandonos por el ejército de los Estados Unidos, la zaga afgana parecería apenas comenzar.
En efecto, el presidente Joe Biden ya empieza a sentir presiones. La primera, una baja de su preferencia pública de 50 a 46 por ciento luego del anuncio del caótico retiro de sus miliares de Afganistán y la acelerada entrada de los talibanes en Kabul.
De ahí que el mandatario demócrata se apresurase a, en trastabillada comparecencia, saludar su decisión de materializar el plan suscrito un año antes por su antecesor republicano Donald Trump con el grupo extremista de marras, y afirmar que “nunca”, como en este agosto, existieron “condiciones mejores” para la evacuación de sus militares luego de veinte años de guerra en la escabrosa geografía afgana contra un grupo fanático que –según el “psicoanalista” Biden- vive “una crisis existencial” por su interés de ser reconocido internacionalmente como gobierno legítimo.
Por demás, precisó que los peligros terroristas ya no radican en Afganistán (a donde precisamente USA ha llevado en masa a los extremistas del Estado Islámico y Al Queda derrotados por las tropas de Damasco), y que los riesgos verdaderos están en Siria, donde los efectivos norteamericanos dislocados ilegalmente en el país se dedican al robo de petróleo y cereales, y el Ejército Nacional y sus aliados rusos, iraníes y del Hizbolá libanés han frenado en seco la planificada desmembración hegemonista del país.
Y como era de esperar, los legisladores republicanos, que ni chistan acerca de la paternidad trumpista de los últimos acontecimientos, ni van a congeniar con Biden aún si se declarase públicamente miembro del Ku Klux Kan, ya mueven cordeles para propinarle un juicio político por “abandono del deber en Afganistán, violaciones de la ley de inmigración que causaron una crisis de seguridad nacional en la frontera sur, y usurpación del poder del Congreso”.
El proyecto es de la autoría de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, representante por el Catorce distrito de Georgia, quien acusa al presidente de dañar el “respeto mundial hacia los Estados Unidos” con la zaga afgana; haber trasgredido las leyes migratorias al presuntamente abrir las fronteras a miles de ilegales, y saltar por encima del Congreso a la hora de extender por propia iniciativa una moratoria de los desahucios por no pago de las viviendas.”
Para Taylor Greene el presidente “deshonro el sacrificio de los soldados norteamericanos en Afganistán” y no garantizó el retiro adecuado de los miles de conciudadanos radicados en aquel país ante los peligros del avance talibán.
Adicionalmente, ya empiezan a circular también los criterios sobre lo que ha significado el conflicto afgano para la primera potencia capitalista, donde (y vamos a dar el textual y estricto orden de importancia que otorgan las fuentes norteamericanas) se echaron por la borda 2,6 billones de dólares, y perdieron la vida 2,488 militares USA; 3,846 “contratistas de seguridad” estadounidenses; y 1,144 soldados y oficiales de OTAN.
Por demás, “perecieron casi 69,000 militares y policías locales;
47,245 civiles afganos, 444 trabajadores humanitarios y 72 periodistas.”
En fin, todo un “duro desperdicio”, según subraya el sitio digital Bloomberg, que cita a John Sopko, inspector general para la reconstrucción de Afganistán.
Para este comprometido funcionario, la historia de la intervención militar por veinte años está llena de despilfarros de fondos, como el gasto de 9 mil millones de dólares para “luchar” contra un tráfico de opio que se duplicó en ese espacio de tiempo, y las decenas de millones repartidos en la compra de aviones de trasporte defectuosos, los encargos masivos de uniformes de camuflaje para áreas boscosas en un país sin florestas, la construcción de puestos de mando y otras instalaciones bélicas que no se usaron o fueron demolidas por problemas técnicos, y los 176 millones que se tragó una carretera derruida poco después.
