LA HABANA, Cuba.- Cuando a principios de 2018 entró en vigor el Decreto-Ley 370 para coartar aún más la libertad de prensa en Cuba, el rechazo de la sociedad civil se hizo sentir de inmediato contra aquella normativa que constituía una flagrante violación a los derechos civiles reconocidos en el artículo 54 de la nueva Constitución. Sin embargo, la nueva mordaza, implementada por una élite militar que gobierna a golpe de decretos para ponerle freno a los reclamos y aspiraciones de la ciudadanía, solo confirió anuencia jurídica a una práctica cotidiana. La prensa independiente ha sido siempre un objetivo priorizado de la Seguridad del Estado, que sin necesidad de una orden judicial ha hostigado y arrestado a periodistas, allanado sus viviendas, amenazado a sus seres queridos y decomisado sus medios de trabajo.
Lo que en realidad cambió con el Decreto 370 fue que el castrismo dio respaldo legal a una práctica represiva con el pretexto de luchar contra quienes “denigraban a la revolución”. La puesta en vigor del DL 370 inició una racha de multas a periodistas, opositores y activistas que en pocos meses recaudó para las arcas del Ministerio del Interior un aproximado de 33 mil pesos, según información aportada por CubaNet.
Aquella normativa, escrita por legisladores asalariados de la dictadura, fue el antecedente del nuevo Decreto-Ley 35, que ahora irrumpe para controlar el estado de opinión en los medios digitales, amenazando no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos en general. Ciberterrorismo, difamación, incitación al odio, laceraciones al prestigio de la Revolución y sus dirigentes, son algunos de los motivos alegados para evitar que desde las redes sociales emerja el empuje definitivo por la libertad de Cuba, lo cual sucederá inevitablemente.
El estallido social del 11 de julio tiene frenético al Comité Central, que sabe que no ha sido suficiente con golpear, encarcelar y matar. Hay que detener el mensaje, evitar que los cubanos compartan sus sueños, críticas, dolores y denuncias en el espacio más democrático jamás creado. Hay que proteger la imagen de políticos ineficientes y corruptos que no logran abrirse paso entre el repudio popular masivamente expresado en redes sociales, donde ninguna de sus canalladas pasa desapercibida.
Gracias a la ciberplaza pública los cubanos han podido apreciar la magnitud del engaño disfrazado de Revolución humanista; han buscado y recibido ayuda; han sentido la verdadera solidaridad, la que funciona hacia adentro para remediar en la medida de lo posible tantos problemas acumulados, incluso para salvar vidas. Cuba se ha reconocido como nación a través de las redes sociales mucho más que en los libros de historia escritos por catedráticos de corte estalinista. La dictadura teme a ese flujo de conocimientos que en escasos cinco años ha posicionado en la preferencia de la mayoría de los ciudadanos proyectos y plataformas de información surgidas al margen de un Estado que en pleno siglo XXI sigue reciclando políticas restrictivas.
Los cubanos no van a amedrentarse por el Decreto 35, como tampoco lo hicieron por el 370 o el 349; todos concebidos para anular la libertad de creación, expresión y prensa. El régimen está tan aterrado por el levantamiento del 11 de julio, que en su devaneo pretende multar o encarcelar a cada usuario que ponga en Facebook un meme parodiando el acontecer social y político de la nación. Así como deciden a discreción, en virtud del decreto-ley 370, cuál contenido es “contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” (artículo 68, inciso i), lo harán también con las publicaciones en redes sociales.
En lo sucesivo, denunciar negligencias médicas, mostrar las pésimas condiciones de los hospitales cubanos, criticar la gestión del gobierno o convocar a una protesta pacífica en defensa de derechos fundamentales, podría ser considerado un intento de “subversión del orden constitucional”, delito que conlleva un grado de peligrosidad “muy alto”, según el Decreto-Ley 35.
El castrismo, fiel a su costumbre de juzgar a los ciudadanos por haber pre-delinquido, no ha tomado en consideración el serio revés económico en que podría convertirse su descabellada normativa. Encima de poseer el monopolio de las telecomunicaciones, de proveer el Internet más caro y de peor calidad del mundo, de obligar a los usuarios a instalar un VPN para navegar contra la censura, también pretende amordazar una libertad que la gente paga con su dinero, o el de sus familiares emigrados. Si creen que el deseo de conectarse a Internet es superior al ultraje de no poder denunciar el estado de oprobio en que vivimos los cubanos, están en un error.
No hay cárcel pa’ tanta gente. Lo que pasó el 11 de julio volverá a ocurrir a su debido tiempo, porque los detonantes no han cambiado, ni lo harán. Mientras la situación del país se agrava y los cubanos superan el trauma de las palizas y la cárcel, esos líderes de opinión que tanto molestan irán de nuevo, con toda razón, a la yugular del régimen. Ahora sí están creadas las condiciones para una campaña de “cero recargas” que pondrá en crisis a ETECSA, el lucrativo negocio de la mafia castrista que mantiene acolchonadito, con dinero “enemigo”, el fondo de la alcancía.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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