MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones que fueron dadas a conocer este martes en Cuba.
Entre los instrumentos jurídicos aprobados por el régimen de la Isla destacan el Decreto Ley No. 35, De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico, y la Resolución 105, Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.
Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, señaló que las nuevas leyes y decretos en Cuba buscan reprimir la libertad de expresión en Internet y en redes sociales.
“Estamos ante nuevas normas para reprimir la libertad de expresión. Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de Internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados”, sostuvo el jurista.
Las nuevas normativas publicadas en la Gaceta Oficial No. 92 Ordinaria de 2021 tipifican los incidentes de ciberseguridad y sus niveles de peligrosidad y califican como “difusión dañina” a los contenidos que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”. Asimismo, penalizan cualquier acción “contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, la divulgación de supuestas “noticias falsas”, “mensajes ofensivos” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”.
“Denunciamos que el gobierno cubano aprovecha esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos, al incluir normas tan amplias. Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación. Esto es algo que hay que condenar. Es otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba”, añadió Cires.
El propio OCDH llamó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a que denuncien lo que ya califica como otro “intento del régimen cubano de penalizar la libertad de expresión en la Isla”.
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