Un mes después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle a reclamar libertad y el fin de la dictadura, centenares de ellos continúan en cárceles y centros de detención.
“Hay un total de 809 arrestados, 159 mujeres que representan el 20% del total y 650 hombres que son el 80%”, dijo a Radio Televisión Martí Giselle Morfi, del centro de asesoramiento legal Cubalex, que ha documentado las detenciones tras las protestas.
“Treinta y tres de estas personas son menores de 18 años, diez tienen 18 años, diez son de 17 años, nueve de 16 años, tres de 15 y uno de 14 años”, agregó Morfi.
Cubalex aclaró que las cifras que actualiza a diario incluyen también a personas que, si bien no están en prisión o centros de detención, están sujetos a investigación penal bajo medidas cautelares que, aunque no conlleven internamiento, su libertad sigue estando limitada por una obligación contraída en acta, y enfrentan multas, fianzas o reclusión domiciliaria.
“Las estadísticas, además, se calculan a partir de un procesamiento automático y los datos se introducen de forma manual, por lo que pueden darse errores de caracteres, incluidos los espacios que afectan este procesamiento automático y, por tanto, las estadísticas finales también. Nuestro equipo trabaja en estandarizar la base de datos, o sea, el listado, cada cierto tiempo, para minimizar estos errores, y recomendamos siempre que si desea utilizar estas estadísticas de forma pública realice usted mismo el procesamiento”, puntualizó Morfi.
“El resultado incluye tres grupos diferentes: los que ya han sido liberados, los que están en desaparición forzada y los que siguen en detención, contando a los que están en proceso de verificación todavía. Hasta el momento, el total de denuncias recibidas son 809, hay 253 personas encarceladas y aún en detención 373, así como en desaparición forzada, 10 personas”.
No obstante, la organización, que tiene su sede en Maryland, Estados Unidos, estima que el número de personas detenidas podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que los abogados, o la propia policía, han advertido a las familias que no denuncien los casos.