Autoridades judiciales de Cuba informaron este jueves que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento en el país por su participación en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
El delito predominante, imputado a 53 de los procesados, fue el de desorden público, aunque también han sido imputado otros como desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, según declaró el magistrado del Tribunal Supremo Popular Joselín Sánchez al diario oficial Granma.
Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, según el Código Penal cubano.
El juez indicó que 22 de los 62 procesados asistieron al juicio oral con abogados, 45 presentaron el recurso de apelación y solo uno quedó absuelto. Además, aseguró que los procedimientos se llevaron a cabo «con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana».
Sánchez mencionó que la Fiscalía atendió a 215 personas después del 11 de julio, de 12 provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud, y principalmente para saber dónde estaban los detenidos, sobre los que hasta el momento no hay una cifra oficial. En cuanto a los «excesos cometidos» por la Policía, afirmó que las quejas «no han sido representativas».
Además, dijo que se formularon 47 reclamaciones, de las que ya se dio respuesta a 12. «Hasta el momento no se han detectado violaciones de la legalidad», señaló el magistrado, quien, no obstante, apuntó que las investigaciones continúan, para lo que disponen de un término de 60 días, «si bien se trata de invertir solo el tiempo requerido».
Durante y después de las protestas de julio, que el gobierno cataloga como «disturbios» y que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, activistas opositores, artistas y periodistas independientes.
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El Gobierno no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos permanecen encarcelados todavía, si bien organizaciones han hecho sus propios estudios que los cifran desde más de cien hasta miles en todo el país. Estas organizaciones han denunciado incumplimientos de la legalidad por parte de la justicia cubana, desde ignorar el derecho de habeas corpus de los procesados hasta juicios sin abogado defensor y condenas de cárcel sin pruebas concluyentes.
Al respecto, Sánchez dijo a Granma que «uno de los asuntos que se ha querido manipular ha sido el derecho a la defensa». Explicó que, «en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad, y que son tramitados por los tribunales municipales, se admite la comparecencia de los abogados, si los acusados concurren con estos al momento del juicio oral, conforme lo establece el artículo 360 de la Ley de Procedimiento Penal».
«Así se obró en estos casos, y el tribunal dio todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho», reiteró.
Las manifestaciones del 11-J se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia en su momento más crítico y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de cortes de electricidad. Las autoridades, por su parte, responsabilizan a EE.UU. tanto de estar detrás de las protestas como de la crisis que sufre el país.
EFE / OnCuba
