La implementación de la Tarea Ordenamiento trajo consigo la transformación del costo real de producir y, por tanto, de los precios, unas de las varias consecuencias que el agricultor cubano enfrenta hoy, y que se suman a las provocadas por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país.
En ese contexto, Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), explicó en conferencia de prensa, este lunes, por qué se tomó la decisión de dejar sin efecto los precios máximos de acopio de los productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y Sistema de Atención a la Familia (malanga xanthosoma y colocasia, plátano vianda, burro y fruta, y boniato), según la Resolución 320, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, y publicada en la Gaceta Oficial No. 68 Extraordinaria, del 30 de julio de 2021.
La Ministra destacó un elemento esencial del texto jurídico, y es que la forma de reconocer lo que realmente le cuesta al productor producir la vianda o los vegetales, es permitir mejores condiciones para la concertación de los precios y la contratación, tanto en el consumo social como para la venta en el mercado minorista.
Al respecto recordó que ha sido un periodo de mucho avance en estos términos, pues antes de la Tarea Ordenamiento existían en el país más de 40 productos agropecuarios con precios máximos centralizados, y algunos de ellos eran minoristas, lo que los ponía a un mismo nivel de precios, sin reparar en el destino o en el mercado.
Esa centralización, detalló, con la llegada de la Tarea, se quedó fijada en un grupo de viandas, para que luego quedasen solo tres con destino al consumo social, o sea, la malanga en sus dos variedades, las tres variedades del plátano y el boniato.
«Tener precios centralizados máximos en esos productos significaba que, aun cuando eran cultivados en la misma tierra, con el mismo gasto de recursos por el campesino o la cooperativa, tenían dos precios, uno centralizado para escuelas, hospitales y otras instituciones, y otro para el resto de los destinos. Mientras, los precios estipulados en la Resolución 84, para ese consumo social, quedaban muy por debajo de los verdaderos costos», explicó.
Revertir esta situación, alertó Bolaños Weiss, no significa en ningún momento una afectación a estos destinos o un deterioro en la distribución; porque, lo aclara la resolución, los administradores de presupuestos y el sistema de Comercio Interior deben adoptar las medidas de eficiencia, control y gestión en el aprovechamiento de estos recursos.
También en ese sentido, puntualizó, se mantienen vigentes los precios minoristas centralizados de productos agropecuarios que se expenden para las dietas médicas, los precios por los servicios del Sistema de Atención a la Familia y los comedores obreros.
La Resolución 320 deja sin efecto el límite máximo de precios de hasta dos veces sobre los establecidos en julio de 2019 de los productos agropecuarios que comercializan las formas de gestión no estatales, sin perjuicio de continuar el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, ni a las facultades de los gobiernos locales y provinciales para establecer los precios de ventas minoristas a la población.
En otro orden, Ydael Jesús Pérez Brito, titular de la Agricultura, afirmó que para la implementación de la política de comercialización agropecuaria, de la cual esta normativa forma parte, también hace falta la innovación, la eliminación de las trabas, el fomento de la participación y la reducción de los intermediarios innecesarios en la cadena, además de la propia recuperación de los mercados.
Al respecto, Yisell González Marrero, directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, informó que entre las acciones actuales está la creación de mercados de nuevo tipo, o sea, en la recapitalización de los actuales mercados que, además, deberán cumplir 17 requisitos fundamentales, entre los que se destaca el buen servicio, la aplicación del comercio electrónico y las ventas online.
Además, hoy los mayoristas pueden ser suministradores de las formas de gestión no asociadas a la agricultura, por ejemplo, los restaurantes, las jugueras y las cafeterías. Asimismo, los productores tienen permitido gestionar un mercado, si así lo desean, concluyó.
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