Después de meses de indiferencia con Cuba, el gobierno de Biden reaccionó con decidida rapidez para apoyar las protestas en la Isla. “Apoyamos al pueblo cubano”, dijo el presidente Biden. Nació un tema de conversación.
“La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano”, siguió el secretario de Estado, Antony Blinken. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, también se unió para enfatizar «la necesidad de que Estados Unidos continúe apoyando al pueblo cubano».
Durante más de ciento veinte años, Estados Unidos ha “apoyado al pueblo cubano” o, quizás más correctamente, ha estado al lado del pueblo cubano. Cuba parece estar siempre en el extremo receptor de la historia estadounidense. Apoyar al pueblo cubano ha significado intervención armada, ocupación militar, cambio de régimen e intromisión política, todos hechos normales en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en los sesenta años antes del triunfo de la revolución cubana.
En los sesenta años posteriores a la revolución, apoyar al pueblo cubano ha significado aislamiento diplomático, invasión armada, operaciones encubiertas y sanciones económicas. Es la política de sanciones económicas —el embargo, designado oficialmente como un “programa de negación económica”—, lo que desmiente las afirmaciones estadounidenses acerca de una preocupación benéfica para el pueblo cubano.
Las sanciones se convirtieron desde temprano en un protocolo político completo en la búsqueda de un cambio de régimen, diseñadas para privar a los cubanos de los bienes y servicios necesarios, inducir la escasez y fomentarla, infligir penurias y profundizar la adversidad. Tampoco debe suponerse que el pueblo cubano fue el «daño colateral» involuntario del embargo. Al contrario, ha sido el blanco. Las sanciones fueron diseñadas desde el principio para producir estragos económicos como una forma de fomentar el descontento popular, de politizar el hambre con la esperanza de que, impulsado por la desesperación y motivado por la miseria, el pueblo cubano se levantaría para derrocar al gobierno.
La desclasificación de documentos gubernamentales proporciona información sobre el cálculo de las sanciones como medio de cambio de régimen. El “programa de negación económica” fue planeado para “debilitar [al gobierno cubano] económicamente”, explicaba un documento del Departamento de Estado, para “promover la disensión interna; erosionar su apoyo político interno. . . [y] crear condiciones que conduzcan a una rebelión incipiente”. Las sanciones prometieron crear “las condiciones previas necesarias para el levantamiento nacionalista dentro de Cuba”, predijo la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, y luego producirían la caída del gobierno cubano “como resultado de tensiones internas y en respuesta a las fuerzas en gran parte, si no totalmente, no atribuibles a Estados Unidos”. El “único medio previsible de alienar el apoyo interno”, dijo el Departamento de Estado, “es mediante el desencanto y el descontento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Deben tomarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, [negar] dinero y suministros a Cuba, disminuir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno”.
El embargo se ha mantenido en vigor durante más de sesenta años. A veces se expandió, en otras ocasiones se contrajo. Pero nunca se levantó. El grado en que las sanciones estadounidenses están implicadas en las actuales manifestaciones de protesta en Cuba es un tema de debate, por supuesto. Pero difícilmente se puede negar que el bloqueo ha contribuido —en mayor o menor medida— a las penurias en Cuba; esa ha sido su intención. Y ahora esas penurias han producido protestas y manifestaciones populares. Eso también está en el «libro de jugadas» del embargo.
Pero el embargo ha tenido un impacto mucho más insidioso en la cultura política de Cuba. El gobierno cubano no ignora los resultados políticos deseados por Estados Unidos con las sanciones. Entiende bien su alcance subversivo y su impulso intervencionista, y ha respondido en consecuencia, si bien no siempre de manera consistente. Una política estadounidense tan abiertamente hostil, que ha estado en curso y se ha reafirmado periódicamente durante un período tan largo de tiempo, diseñada con el propósito de sembrar el caos, de hecho ha servido bien a las autoridades cubanas, proporcionando un objetivo fácilmente disponible al que se puede culpar por la mala gestión económica local y la mala asignación de recursos. El embargo ofrece un refugio para la inocencia y la inmunidad frente a la rendición de cuentas. La tendencia a atribuir al embargo las consecuencias de políticas mal concebidas se ha convertido en una narrativa maestra del gobierno cubano.
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Pero es aún más complicado. No pocos dentro del gobierno cubano ven las protestas populares con cautela, considerándolas una función de la política estadounidense y sus resultados previstos. De hecho, no es una ironía menor que el embargo haya servido tan a menudo para comprometer la “autenticidad” de la protesta popular, para garantizar que las protestas se consideren actos al servicio del cambio de régimen y se describan como una amenaza para la seguridad nacional. El grado en que la intención política del embargo se imputa a la protesta popular sirve a menudo para impulsar la narrativa oficial. Es decir, las protestas se describen menos como una expresión de descontento interno que como un acto de subversión estadounidense, desacreditando instantáneamente la legitimidad de las protestas y la credibilidad de los manifestantes.
El embargo sirve para sumergir a la política cubana a todos los niveles en un inframundo kafkiano donde la autenticidad de los actores domésticos es cuestionada y transformada en la duplicidad de los agentes extranjeros. En Cuba, advierte el adagio popular, nada parece ser lo que parece. Pocos discuten la validez de los agravios cubanos. Un pueblo que sufre a menudo sujeto a políticas caprichosas y prácticas arbitrarias, un oficialismo que a menudo parece ajeno e indiferente a las necesidades de una población que enfrenta dificultades cada vez mayores. Escasez de alimentos. Falta de medicinas. Escasez de bienes básicos. Precios altísimos. Ampliación de las desigualdades sociales. Profundización de las disparidades raciales. Las dificultades han aumentado y se han ido agravando continuamente durante muchos años, para las cuales hay pocos remedios fácilmente disponibles.
Una economía que se reorganizó a fines de la década de los 90 y a principios del nuevo siglo en torno a los ingresos por turismo se ha derrumbado como resultado de la pandemia. Una pérdida de divisas con consecuencias nefastas para un país que importa el 70% de sus suministros alimentarios. La administración Trump revivió los elementos más punitivos de las sanciones estadounidenses, limitando las remesas familiares a 1 000 dólares trimestrales por persona, prohibiendo las remesas a familiares de funcionarios del gobierno y a miembros del Partido Comunista, y prohibiendo las remesas en forma de donaciones a ciudadanos cubanos.
La administración Trump prohibió el procesamiento de remesas a través de cualquier entidad en una «lista restringida de Cuba», una acción que resultó en el cese de operaciones de Western Union en Cuba en noviembre de 2020. Y como último gesto rencoroso y gratuito, la administración saliente de Trump devolvió a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
En el preciso momento en que el pueblo cubano se tambaleaba por una mayor escasez, un mayor racionamiento y una disminución de los servicios, Estados Unidos impuso una nueva serie de sanciones. Es imposible reaccionar de otra manera que no sea con total incredulidad al comentario del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en el sentido de que las necesidades humanitarias de Cuba «son profundas por nada de lo que Estados Unidos ha hecho». Los cubanos enfrentan, de repente, una economía en colapso, disminución de remesas, oportunidades de emigración restringidas, inflación, escasez de alimentos, escasez de medicinas, todo en un momento de emergencia de salud nacional, y con Estados Unidos aplicando sanciones punitivas con la intención de hacerlo todo peor.
Por supuesto, el pueblo cubano tiene derecho a protestar pacíficamente. Por supuesto, el gobierno cubano debe reparar los agravios cubanos.
Por supuesto, Estados Unidos debe poner fin a su política de subversión mortal y destructiva.
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Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Jacobin. Se publica una versión en español con la autorización expresa de su autor.
