En la estrategia de Estados Unidos contra los países socialistas y progresistas de América Latina juega un rol destacado la escalada de ataques y presiones, en las que la mayor potencia mundial tiene en Colombia su principal aliado en la región latinoamericana, a pesar de su tragedia interna y ser considerado un Estado exportador de mercenarios terroristas y magnicidas.
Los acontecimientos demuestran que el ultraderechista presidente colombiano Iván Duque, instigador, organizador y ejecutor de planes contra la Revolución Bolivariana cumple un cronograma diseñado en Washington, en tanto olvida las continuas denuncias de asesinatos masivos (56 masacres en lo que va de año) e individuales contra activistas sociales y ex guerrilleros locales.
Observando la política exterior de la Casa Blanca sobre determinadas naciones —Venezuela, por ejemplo— queda al descubierto una trama cuyo epicentro está en Bogotá.
El presidente Duque, ahijado político del ultraderechista Álvaro Uribe, con graves situaciones internas, pretende ahora, con falsas acusaciones contra Caracas, desplazar el interés público mundial sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, cometido por mercenarios colombianos pagados por una contratista privada de Miami.
La compañía CTU (Counter Terrorism Unit), registrada en Doral Beach, Miami, es propiedad del opositor venezolano Antonio Intriago. El empresario colombiano Gabriel Pérez es su principal socio. Pérez, experto en seguridad, tiene el alias Arcángel Pretel y está involucrado en la contratación de los soldados que realizaron la frustrada operación Gedeón, en mayo del 2020, para tratar de matar al presidente Nicolás Maduro.
La incursión marítima, dirigida por el exsoldado de fuerzas especiales de EE.UU., Jordan Goudreau, junto a mercenarios de su país y de Venezuela, lanzó un suicida ataque desde la frontera con Colombia, según reveló tras su captura por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En su odio contra el socialismo venezolano, Duque solicitó este mes al gobierno estadounidense que incluya a su vecino en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los acontecimientos demuestran, empero, que es Colombia una exportadora del terror contra los pueblos latinoamericanos.
Tal como le señalara el canciller venezolano Jorge Arreaza, el derechista colombiano trató, una vez más, de culpar a otro de sus malas prácticas..
En su cuenta en Twitter, Arreza escribió: “@IvanDuque, no sea tan cínico. Usted está al frente de un narco-gobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que liquidó la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar terror y asesinar presidentes en la región”.
Desconociendo la violencia interna, el ministro de Defensa bogotano, Diego Molano, acusó a Caracas de planear el atentado contra Duque el pasado 26 de junio y antes el ataque a la Brigada 30 en la fronteriza ciudad de Cúcuta.
MACABRA COINCIDENCIA
Casi en coincidencia con el magnicidio de Moïse, los 8 y 9 de julio bandas criminales arremetieron contra la población civil y cuerpos policiales en Caracas, la capital del país.
Las pandillas de los jefes “alias Koji” y “alias Vampi” dispararon con armas largas contra vehículos y transeúntes civiles desde posiciones estratégicas en la Cota 905 y La Vega, con el propósito de crear pánico entre la población.
Autoridades caraqueñas indicaron que esas bandas recibieron pagos de Bogotá y de Washington, según paramilitares colombianos capturados, quienes junto a otros 17 aún en libertad, pasaron meses entrenando a delincuentes locales.
En intercambio con la prensa, Maduro destacó que “el accionar de estos grupos trasciende a la delincuencia común, pues tenían objetivos claros contra el proceso bolivariano”.
A través de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que contó con la participación de 3110 militares, fueron también liberados nueve rehenes de los bandoleros.
Una nota de la presidencia aclaró que los delincuentes eran articulados por la derecha golpista para realizar un ataque sobre Caracas. En el operativo fueron incautadas armas oficiales y policiales de Colombia.
Estos eventos coincidieron además de con la muerte de Moïse, con la visita de una misión de la Unión Europea (UE) a Caracas.
Los europeos debían determinar si hay condiciones locales para que una misión de ese organismo visite Venezuela durante la celebración de las megaelecciones municipales y regionales de noviembre próximo.
Antes de la llegada del equipo de la UE se conocía que ese bloque deseaba tener certeza de las garantías de seguridad del proceso comicial, con exploraciones integrales al país.
Para EE.UU. es muy importante que no haya elecciones en Venezuela para poder alargar el proceso de desgaste de su sistema político. Los ataques de las pandillas formaban parte de la creación de un clima de desestabilización.
Junto con el crimen desatado en el sur capitalino y el Estado de Apure varios líderes de la oposición ultraderechista hicieron declaraciones que colmaron las redes sociales, entre ellos Freddy Guevara, actualmente en prisión, quien alabó la existencia de las bandas y precisó que “solo con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional, el Estado podrá recuperar el control territorial del país”. O sea, la solicitud expresa de una intervención extranjera en los asuntos de la nación venezolana.
Guevara declaró que esos grupos son “piezas componentes en los mecanismos de presión al chavismo” y añadió que “solo si el presidente Nicolás Maduro acepta el llamado Acuerdo de Salvación Nacional, del exdiputado Juan Guaidó, con EE.UU. como patrocinador podría vislumbrarse una pacificación”.
Guaidó, la cara visible de la oposición dura, se autoproclamó presidente sin someterse al voto popular, es considerado un títere de EE.UU. apoyado por Colombia en sus aventuras golpistas. Aunque parezca poco creíble, este mandatario de postalitas reclama para sí el oro depositado por el gobierno legítimo en los bancos del Reino Unido, nación que lo reconoce en su ficticio cargo.
Los estrategas estadounidenses tratan de boicotear la organización del proceso electoral en el que participarán tanto chavistas como opositores, mientras trabaja en un diálogo nacional que pudiera tener a México como sede y a Noruega como garante.
CUBA EN LA MIRA
La idea de fomentar el caos se materializó también en Cuba los días 11 y 12 de este mes. O sea, acontecimientos políticos sucesivos ocurrieron con un mínimo de días entre uno y otro.
Precedida por ataques poderosos de los medios hegemónicos mundiales y las redes sociales, los enemigos de la Revolución cubana asentados en Miami y presentes algunos en el Congreso de EE.UU. buscaban crear confusiones políticas tanto en la isla como en el extranjero.
Las noticias sobre la situación interna en Cuba fueron adulteradas. El gobierno de La Habana denunció los continuos ataques a su economía y a la supervivencia de su población, víctima de una escasez de alimentos y medicinas causadas por la equivocada política exterior norteamericana, ahora continuada por el actual mandatario Joseph Biden.
En varias localidades cubanas hubo disturbios causados por personas supuestamente inconformes con la situación interna resultante, en primer lugar, por el bloqueo económico, financiero y comercial de EE.UU. a Cuba. Investigaciones posteriores demostraron que en realidad la mayoría de los movilizados eran elementos vinculados a la delincuencia que golpearon e hirieron a civiles y militares, saquearon comercios y robaron efectos electrodomésticos. Incluso, llegaron a atacar el pabellón infantil de un hospital en el municipio Cárdenas.
El bloqueo fue recrudecido por el exmandatario Donald Trump con 243 nuevas sanciones dirigidas a asfixiar aún más la economía nacional y crear una oposición política interna, la cual, según demostraron las investigaciones, es pagada por los personeros de la Casa Blanca.
Aun cuando están en dos partidos con distintas tendencias políticas e ideológicas, el demócrata Biden, que prometió de manera mentirosa en su campaña eliminar las sanciones de Trump, no ha movido un dedo para eliminar, como exige la comunidad internacional, el inhumano bloqueo, mucho más en una etapa muy difícil para los cubanos y el mundo con la expansión de la COVID-19.
Sin entender la historia de Cuba, en general, y la Revolución Cubana en particular, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado para reclamar a La Habana que respete “derechos y libertades” de sus ciudadanos, con el que consiguió alinear a algunos países, Colombia en primer lugar, Brasil, y Ecuador. La proclama no fue firmada, empero, por muchos de sus importantes aliados internacionales, como Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón y España.
En la noche del pasado lunes, tres cocteles molotov fueron lanzados contra la embajada de Cuba en Francia, otra manifestación de la política de odio que la Casa Blanca practica contra la pequeña isla caribeña. Más odio aún luego de quedarse en solitario en Naciones Unidas el pasado mes cuando 184 países votaron este año contra la extrema medida y de conocerse los miles de mensajes, actos y acciones solidarias a favor del gobierno revolucionario.
