GUANTÁNAMO, Cuba. — La espontaneidad y masividad de las protestas entre el 11 y el 18 de julio y la valentía de los ciudadanos desarmados que se manifestaban pacíficamente frente a las hordas represoras fuertemente armadas demostraron que la mayoría de los cubanos ha dicho basta a la reiterada violación de sus derechos civiles y políticos y que la unidad nacional alegada por los comunistas no existe.
Las imágenes de la represión impactaron profundamente. Las golpizas, los disparos de balas contra los manifestantes, los violentos allanamientos de las viviendas y los disparos injustificables a sus moradores, incluso ante la presencia de niños, dicen mucho de la vileza de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad del Estado. Esa es la respuesta que siempre va a dar el castrismo a quienes reclamen sus derechos.
Hasta hoy, las autoridades cubanas han eludido informar a la opinión pública nacional e internacional sobre la cantidad de detenidos, liberados y procesados. Tampoco han dicho cuántos ciudadanos fueron heridos. Aunque han reconocido la existencia de un solo muerto —que, como siempre, el discurso oficial afirma que era un delincuente—, se rumora que ha habido más. Por supuesto, lo más probable es que al policía que mató a ese cubano no le pase absolutamente nada y, si lo sancionan, ya sabemos cómo y dónde cumplirá ese “castigo”.
Era de esperar que los defensores del régimen se escudaran en sus manipulaciones y mentiras para desacreditar a los participantes en las protestas, desconocer el impacto de ellas y negar que la mayoría del pueblo está harta de la dictadura.
El sábado 24 de julio el señor Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República y Lilia María Hernández Doejo, Presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que en nuestro país se respetan los derechos y garantías de todas las personas. Sin embargo, muchos testimonios publicados en las redes no coinciden con tal declaración.
El Presidente del TSP declaró a la prensa que los tribunales tratan de asegurar que todos los juicios se llevan a cabo con toda la justicia necesaria y que los procesos no son sumarísimos, sino que se han realizado en un menor espacio de tiempo teniendo en cuenta el nivel de implicación en los hechos de los acusados. Pero se conocen casos de ciudadanos que en menos de diez días han sido procesados y sentenciados sin contar con la presencia de un defensor, una grosera violación del debido proceso que incluso está permitida por la Ley de Procedimiento Penal, que en su artículo 368 que establece que el Tribunal admitirá la participación de defensor si el acusado concurre al juicio asistido de él.
¿Cómo puede el señor Remigio Ferro afirmar que no hay procesos sumarísimos si en diez días un ciudadano es acusado y sancionado? ¿De qué igualdad procesal y derechos puede hablarse en estos casos cuando ese ciudadano está en total estado de indefensión, pues no puede proponer ninguna prueba desde un calabozo, donde muchos permanecen incomunicados para ocultar a los familiares las huellas de las lesiones recibidas? ¿De qué respeto al debido proceso y a las garantías de los acusados habla este hombre cuando la propia ley autoriza celebrar juicios sin la participación del defensor? ¿Cómo un ciudadano podrá nombrar abogado desde una mazmorra hedionda si ni siquiera su familia conoce dónde se encuentra?
El Presidente del TSP desmintió que haya habido una avalancha de procesos judiciales tras los disturbios, pero omitió decir cuántas personas están detenidas o procesadas, y cuántas han sido puestas en libertad —lo mismo hizo la Fiscal General—, lo que sugiere que el grueso de los ciudadanos continúa detenido y va a ser juzgado por tribunales que imponen una sanción más severa.
Remigio Ferrero reconoció además la existencia de menores de edad detenidos, y aunque la legislación penal cubana lo autoriza —otra muestra más del “humanismo revolucionario”—, ello contradice lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dijo el Presidente del TSP que en Cuba pensar diferente, cuestionar la realidad y expresarse libremente no constituye delito, por lo que ninguna persona será juzgada por tales acciones. Entonces, ¿por qué detienen a los periodistas independientes que han cubierto eventos como esas protestas?, ¿por qué detuvieron a cientos de jóvenes que lo único que hicieron fue protestar pacíficamente o discutir con un policía? ¿Por qué obligan a los ciudadanos que publican sus opiniones en las redes sociales a ir a una unidad de la policía para ser advertidos oficialmente?
Por último, el Presidente del TSP afirmó que los tribunales cubanos funcionan con total independencia y solo responden a la justicia y a las leyes. Eso es falso, porque él sabe muy bien que los tribunales cubanos responden a las orientaciones que imparte Miguel Díaz- Canel Bermúdez. Esas orientaciones se emiten mediante acuerdos e instrucciones del Consejo de Gobierno del TSP y son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces.
Rubén Remigio Ferro sabe, aunque no lo reconozca, que desde que se promulgó la Ley 1250 del 25 de mayo de 1972 (Ley de Organización del Sistema Judicial) se eliminó el control judicial sobre el poder ejecutivo, una característica que había distinguido al poder judicial cubano desde las constituciones mambisas. En consecuencia, el sistema de justicia cubano quedó subordinado al poder político, algo que de facto venía ocurriendo desde 1959.
Y no es que lo diga yo. La reconocida jurista afiliada a la dictadura, la Dra. Martha Prieto Valdés, afirmó en su ensayo Independencia judicial, acceso a la justicia y Constitución. Tríptico necesario”, publicado en el texto Retos del funcionamiento judicial en la sociedad cubana (Editorial Ciencias Sociales, 2018), que la sujeción de los tribunales a esas orientaciones pueden pautar su actuación de forma armónica, pero también pueden limitar su independencia y, consecuentemente, las decisiones de los jueces, algo que entra en contradicción con lo que este testaferro del castrismo afirma en cuanto a la supuesta imparcialidad y justicia de los tribunales cubanos.
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