LA HABANA, Cuba. – Gabriela Zequeira Hernández, joven de 17 años de edad a quien el régimen sentenció a ocho meses de prisión por, presuntamente, participar en las protestas del pasado 11 de julio en La Habana, pasó a reclusión domiciliaria, una de las cinco medidas cautelares que autoriza la Ley de Procedimiento Penal cubana.
La adolescente fue puesta en “inmediata libertad” el 24 de julio, según dicta un acta del Órgano Especializado de Investigación Criminal Delito Común, el cual corrobora también la modificación de la medida cautelar.
Tras ser condenada el pasado 22 de julio mediante un juicio sumario realizado en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en el momento de su liberación Gabriela ya se encontraba en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como “El Guatao”.
La estudiante de segundo año de Contabilidad en el politécnico Andrés Luján de San Miguel del Padrón fue condenada por el supuesto delito de desorden público (artículo 200 del Código Penal), a pesar de que asegura que el día de las protestas regresaba de la peluquería y “solo se quedó mirando porque nunca había visto una manifestación”.
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“Ese día, el 11 de julio, los oficiales me agarraron tan fuerte para entrarme en la patrulla que me lastimaron, me trataron como si yo fuese cualquier cosa y no una menor de edad, pregunté incluso por qué estaba ahí y una oficial me dijo que era para que viera que no me podía manifestar contra la Revolución, que yo era una contrarrevolucionaria”.
Luego de ser detenida, la joven fue trasladada inmediatamente para la 11na estación de policía. Cuenta que allí se encontraba una madre arrestada solo porque había salido a buscar a su hijo, al que “le estaban cayendo a golpes”. Según el testimonio, en el lugar había otra joven madre detenida junto a su hija, también menor de edad.
“Allí me decían que mi mamá me estaba esperando afuera con un palo para caerme a golpes por ser tan contrarrevolucionaria y ella (la madre) ni siquiera sabía dónde yo estaba”.
Yoanis Hernández Cuadra no supo de su hija hasta el martes 13 de julio, cuando se trasladó hasta Villa Marista –centro principal de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado– a exigir información sobre el paradero de Gabriela. Allí le confirmaron que se encontraba detenida ya en la estación policial de 100 y Aldabó.
“El lunes a las cinco de la mañana me levantaron y me dijeron que recogiera mis pertenencias que me iba para mi casa. Yo estaba contenta pensando que ya era libre y lo que hicieron fue montarme en un camión muy estrecho para llevarme a 100 y Aldabó”.
En la Unidad de la PNR de 100 y Aldabó cuenta Gabriela que la llevaron al vestuario y le dijeron que se quitara la ropa. Primero el ajustador y luego el short y el blúmer, luego que tosiera fuerte y que hiciera cinco cuclillas mientras se apretaba el bajo vientre. Finalmente, a la adolescente de 17 años le pidieron que se introdujera el dedo en su parte íntima.
“Me llevaron a una celda en la que hacía mucho calor, cada vez que cogía el sueño me llamaban y abrían la puerta como si nada y me ponían el noticiero a toda hora y alto; me decían que yo era menor de edad para algunas cosas, pero no para otras, y que en ese momento yo era mayor de edad”.
En los interrogatorios –cuenta– le enseñaban fotos de diferentes personas para saber si los conocía. Incluso, le prometieron que si identificaba a alguno el día del juicio le pondrían solo una multa o la dejarían libre.
“Cuando me llamaron a dar mi declaración dije todo tal y como lo había hecho y me dijeron que filmara. Yo les dije que no podía hacerlo porque era menor de edad y me dijeron que no tenía nada que ver. Después, cuando entré al calabozo, otras muchachas me dijeron que tenía el derecho de no declarar hasta que no fuera el abogado o mi mamá”.
Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, sostiene que hay un conflicto entre la ley penal cubana y la convención internacional para la protección de los derechos del niño.
“Lo habíamos analizado antes con los muchachos de 16 años que presentó Humberto en el noticiero. Hay unos estándares muy claros con respecto al interrogatorio a menores en conflicto con la ley penal. Estaríamos hablando de que son menores para la convención, pero para el derecho interno cubano ya son responsables penalmente”.
Según la abogada, el instructor debió informarle a Gabriela Zequeira sobre el derecho que le asiste y si no sabía que podía negarse, “significa que no la instruyeron correctamente de los cargos que le imputaron y se aprovecharon de su ingenuidad”.
“Ese testimonio, si hay un abogado que ellos contrataron, podría ser anulado y no ser utilizado en el juicio”.
“La joven ya fue sancionada, pero si presentaron apelación, entonces el Tribunal provincial podría hacer una segunda vista y ahí el abogado puede solicitar la anulación de esa declaración que obtuvieron de ella sin tener las garantías del debido proceso”, declara Diversent.
Un reporte de BBC Mundo informa que para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) “la legislación penal cubana establece que solo son imputables los mayores de 16 años y reconoce un tratamiento diferenciado al comisor de un hecho delictivo que se encuentre entre las edades de 18 y 20 años”.
Gabriela Zequeira, de solo 17 años de edad, cumplidos el pasado mes de enero, confiesa que uno de los momentos más desagradables que vivió en la prisión fue cuando el Mayor Abel le dijo que “iba a buscar a dos hombres, “manguera” y “mandarria”, uno mulato fuerte y otro negro grande para pabellón”.
“Yo pensaba que pabellón era encerrarte para que te cayeran a golpes, pero cuando llego a mi casa que le cuento todo a mi familia es que me entero lo que significa pabellón en la cárcel”.
Gabriela Zequeira supo de su liberación en la primera hora del 24 de julio. “Yo estaba contentísima porque pensaba que ya me iba libre, pero cuando leí bien el papel me di cuenta que aún no lo soy completamente, ahora estaré prisionera en mi casa hasta el día del juicio de la apelación porque fue un cambio de medida lo que me pusieron”.
La reclusión domiciliaria consiste, según la Ley de Procedimiento Penal, en “la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal (…) a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudio, en el horario habitual, o para atender a su salud”.
El pasado 24 de julio también fueron favorecidos con un cambio de medida el fotógrafo Anyelo Troya (uno de los realizadores del video clip de Patria y Vida), el artista plástico Carlos González Acosta y el actor Alexander Diego Gil, todos condenados recientemente a través de juicios sumarios.
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