Desde que Eva convenció a Adán de morder la manzana del Paraíso, la voluntad de los humanos de ejercer su libre albedrío llenó de ira a los dioses y sus representantes: sacerdotes, monarcas y servidores. En la Cuba actual parece reproducirse esta pugna milenaria. Según muchos piensan, el pueblo de la Isla solo actúa si ejecuta órdenes; para unos, las provenientes del gobierno cubano; para otros, del estadounidense.
Si para el Gobierno/Partido/Estado los protestantes del 11-J eran «mercenarios pagados por el Imperio», ciertos opositores tradicionales perciben a quienes se manifiestan a favor del modelo como «obligados por el Estado», que los mantiene a condición de que permanezcan tranquilos y obedientes, como el buey manso del poema martiano Yugo y Estrella.
Ambas posturas reflejan una visión elitista y soberbia y un desprecio manifiesto por los hombres y mujeres del pueblo, al que dicen servir pero al que consideran incapaz de expresar directamente sus más caros deseos y aspiraciones por considerarlo más un rebaño de carneros que una multitud de individuos que ejercen su libre albedrío. ¡Qué casualidad que para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente!
«(…) para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente» (Foto: Estudios Revolución)
El 11-J sacó a la calle a tantos cubanos y cubanas de todas las edades y profesiones, que no bastaría el presupuesto de la CIA/USAID para pagarles el servicio. Puede haber existido un grupo de instigadores de lo acontecido, ladrones que aprovecharan para vandalizar donde único hay algo —las tiendas en MLC— y extremistas que atacaran a policías y hasta un hospital, pero la inmensa mayoría de los manifestantes expresaban sus más caras aspiraciones gritando pacíficamente en un arrebato de libertad.
Casi todos los que hallan en el 11-J la expresión de un plan urdido en la sombra por una red de espías, lo hace por tres factores concomitantes: la estupefacción ante una explosión social sin antecedentes luego de 1959; la larga historia de agresiones y planes subversivos aupados por el gobierno de los Estados Unidos para acabar con la Revolución; y la incapacidad para asumir que alguien en Cuba se atreva a salir a la calle por propia voluntad a expresar opiniones políticas contrarias al gobierno.
Los dos primeros son hechos, el tercero es expresión de la eficacia con que han funcionado durante décadas los aparatos ideológicos del Estado —sistema de propaganda, escuela, prensa, medios de difusión, etc.— para imponer un sentido común acorde a sus intereses hegemónicos. A medida que lo ocurrido sale a la luz en vídeos, entrevistas y testimonios, todo parece indicar que la desesperación ante la situación existente, la agudización de la pandemia y la falta de concreción de los derechos plasmados en la Constitución de 2019, compulsaron a miles de personas a salir a las calles imponiéndose a sus miedos acumulados.
El agravamiento sostenido de la crisis, y sus consecuencias sobre los sectores más humildes y preteridos por las medidas tomadas —sobre todo las vinculadas a la venta de artículos de primera necesidad en tiendas en MLC y la consiguiente subestimación del peso cubano—, crearon el caldo de cultivo para este grito de los obstinados.
«Yo soy yo y mis circunstancias. Y si mis circunstancias cambian, cambio yo», decía Ortega y Gasset. Por eso no fue casual que los lugares donde se suscitaron las mayores protestas sean localidades y barriadas pobres, como puede apreciarse en los vídeos que proliferan en internet. De ahí que el Gobierno/Partido/Estado deba estipular medidas que favorezcan el consumo popular, no solo con el incremento de la producción nacional, sino también de las importaciones por vías que no sean las empresas comerciales monopólicas estatales, sancionadas por Trump y con sus arcas exhaustas.
Múltiples iniciativas se han propuesto. Todas implican superar el anacrónico monopolio estatal del comercio exterior, elemento del modelo que en seis décadas de funcionamiento ha demostrado su incapacidad para gestionar las necesidades de una economía abierta como la cubana, más allá de establecer enormes contratos con poderosos socios extranjeros —casi siempre de países aliados— que resultan obsoletos en la actual dinámica de la economía mundial y cubana en particular. También aquí es preciso confiar en el libre albedrío de los productores nacionales —estatales, cooperativos y privados— para escoger los proveedores y compradores extranjeros que mejor satisfagan sus intereses y las demandas del país.
Más allá de la implementación definitiva y eficaz de esta y otras reformas económicas pendientes, para que las protestas callejeras no se repitan y el país no entre en una espiral de violencia que no sería beneficiosa para nadie que quiera de veras a Cuba, hay que trazar una hoja de ruta conjunta del Estado y la sociedad civil.
Entre sus tareas deberían priorizarse el respeto y legalización de la libre expresión de las ideas políticas mediante una norma jurídica que establezca el procedimiento para hacerlo. Al mismo tiempo, determine los deberes y derechos de los participantes y de las fuerzas del orden que los protegerán e impedirán cualquier tipo de excesos.
Aunque la ANPP tiene su propio calendario legislativo, en el cual la implementación de los derechos de manifestación y reunión estaba prevista para septiembre de 2020 y fuera pospuesta por la pandemia, es preciso que los diputados se ocupen con urgencia de adelantar su discusión, aprobación y puesta en práctica. Es una deuda de los legisladores con sus electores, que son tanto los que salieron el 11-J a protestar pacíficamente, como las víctimas de actos violentos, los golpeados y encarcelados y sus represores.
También un compromiso para honrar los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Cuba es signataria. Más aún, llevar el derecho al libre albedrío político al cuerpo de la ley es una deuda con Martí quien previniera: «De nada servirían la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran; si todavía tuviera el pensamiento sobre sus espaldas el látigo de la censura».[1]
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[1] “Los tiempos se acercan”, El Socialista, México, 11 de junio de 1876, OCEC, T2, p. 274.
