Después de cinco días, aún no se conoce con exactitud la cantidad de detenidos en las protestas del pasado domingo 11 de julio. Sin embargo, el número parece estar en los orden de los cientos.
Las estaciones de policía y centros penitenciarios, sobre todo en la capital, se han llenado de madres, padres, esposas y familiares que buscan a quienes ese día no regresaron a casa. Tanto los que ejercieron su derecho a la protesta cívica y pacífica pero fueron reprimidos brutalmente, como los que apelaron a la violencia, todos merecen un proceso justo y transparente. La respuesta que reciben en esos lugares ha sido en ocasiones grosera y vaga.
No pocos detenidos sufrieron heridas, algunas severas, producto de la violencia ejercida por la Policía, la Seguridad del Estado y personas convocadas por el gobierno para reprimir. Incluso en esos casos, permanecen recluidos sin que sus familiares tengan acceso a ellos ni siquiera a través de un abogado, como estipulan las leyes. De otros, se ignora su paradero.
Ocultar de su familia las heridas de un detenido no disminuye la violencia contra él, sino que la potencia; impedir que una madre o un padre conozcan el paradero de su hijo es tan ilegal como la desaparición misma. Actuar amparados en el ocultamiento de informaciones, solo reafirma la tesis de que el procedimiento seguido para gestionar la crisis política ha sido incorrecto e ilegítimo.
El Consejo Editorial de La Joven Cuba demanda que se transparenten esas informaciones, se esclarezca el paradero de las personas desaparecidas y se ofrezca a los detenidos la atención médica y legal que requieren.
