GUANTÁNAMO, Cuba. – El ex recluso de la prisión provincial de Guantánamo Jorge Agramonte López, vecino de la calle Jesús del Sol No. 62, entre Antonio Saco y Sol, denunció a CubaNet las difíciles condiciones en que trabajan los egresados de ese centro penitenciario que han sido ubicados laboralmente en la cooperativa cañera “Manuel Sánchez López”, del municipio de Manuel Tames.
Agramonte, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue sancionado en La Habana el 15 de julio del 2016 por la presunta comisión de un delito de Atentado, hecho que trascendió en redes sociales.
Todo comenzó un día en que Agramonte se encontraba en la vía pública con varios amigos. Entonces, un policía vestido de civil, que no se identificó como tal, quiso detener a uno de ellos por estar vendiendo objetos. El hecho generó una discusión que derivó en trifulca. Como consecuencia, fue procesado y sancionado a cinco años de privación de libertad, el mismo proceder que se usa reiteradamente contra opositores pacíficos, que luego son presentados ante la opinión pública como delincuentes comunes.
Desde La Habana fue remitido a la prisión provincial de Guantánamo, donde permaneció hasta el 22 de diciembre del 2020, fecha en que progresó tardíamente al régimen de libertad condicional, faltándole entonces ocho meses para extinguir la sanción.
Refiere Jorge Agramonte López que se opuso a recibir ese beneficio, pues conoce del hostigamiento al que son sometidos los opositores cuando salen de la prisión en régimen de libertad condicional. Sin embargo, debido a la situación existente con respecto a la COVID-19 en ese centro penitenciario, tanto él como otros reclusos fueron obligados a aceptar la medida.
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Desde entonces, en cada encuentro con el juez de ejecución ha denunciado las pésimas condiciones de trabajo existentes en esa cooperativa cañera.
En primer término, Agramonte refiere que, debido a que el municipio y la provincia de Guantánamo desde hace más de nueve meses carecen de transporte público, tiene que caminar 13 km diarios para llegar al trabajo a las 6:00 a.m. (hora de comienzo de la jornada laboral), para regresar a su domicilio después de las 4:00 p.m., hora en que termina el trabajo.
Las labores de los ex reclusos consisten en acciones de chapea y desmonte de maleza, debiendo desenterrar plantas de marabú y lipilipi bastante crecidas. Para esta labor han tenido que buscar y comprar por sus propios medios un pico y un azadón. Expresa Agramonte que tampoco les han vendido ropa de trabajo, vestuario que tampoco pueden adquirir en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), pues estas no las ofertan. Tampoco han podido adquirir botas de trabajo.
El abuso ha llegado al extremo de querer obligarlo a fumigar los cultivos sin tener camisa de mangas largas, guantes ni mascarilla para protegerse de las emanaciones de los productos químicos utilizados, algo que viola principios de protección de la salud establecidos en la legislación laboral cubana. Hasta ahora, Agramonte se ha negado rotundamente a hacerlo, pero asegura que ha sido amenazado por un civil nombrado José –quien dirigen laboralmente a los ex reclusos– con dar parte del Ministerio del Interior y al juez de ejecución para que le revoquen el beneficio de la libertad condicional.
En cuanto a la alimentación, refiere que antes de la jornada laboral les brindan una infusión y que el almuerzo es poco, malo y nada variado, carente casi siempre de un plato fuerte que permita compensar el gasto de energía por el trabajo realizado. Debido a eso y a las caminatas diarias que debe hacer alega que ha perdido alrededor de 9 kg de peso desde que comenzó a laborar en esa cooperativa en enero del 2020.
A pesar de haber expuesto que no goza de buena salud, esa razón no ha sido admitida por quienes deben resolver su problema y reubicarlo en un trabajo acorde con sus posibilidades.
Agramonte López refirió a CubaNet que, por haber manifestado su inconformidad con estas condiciones de trabajo, ha sido amenazado por el juez de ejecución con la revocación del régimen de libertad condicional, lo cual provocaría su vuelta a la cárcel, a pesar de que en estos momentos le resta apenas un mes y unos pocos días para extinguir totalmente la sanción.
La Fiscalía General de la República, que por mandato del artículo 156 de la Constitución tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la institucionalidad del país, jamás se interesa por asuntos como el denunciado por Jorge Agramonte López, ni visita los campamentos de trabajo forzado donde laboran los ex reclusos para observar in situ las condiciones en que lo hacen. Tampoco hacen ese trabajo los jueces de ejecución, algo que convierte a estas personas –de hecho siempre lo han sido– en una mano de obra barata y hasta apetecible pues, mediante la coacción y el abuso, los obligan a realizar faenas rechazadas por la población en edad laboral activa.
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