Carmen Gálvez Pacheco, residente en Camino de Zaza No. 254, en la ciudad de Sancti Spíritus, remitió a nuestra sección una carta manuscrita para afirmar que le ha sido negada una ayuda económica que ella considera merecida, al ser una mujer de 72 años que vive con su hija de 51, la cual padece una serie de enfermedades que no le permiten trabajar.
Desde diciembre, escribe, comenzó a gestionar su solicitud cuando se habilitaron los puestos de mando de asistencia social, y aunque se demoraron muchos días en darle respuesta, finalmente un trabajador social le comunicó que le habían denegado la ayuda en atención a que su hija se encuentra en edad laboral.
Carmen ha acudido en todos estos meses a diversos lugares y oficinas, entre ellas la de Atención a la Población del Gobierno (no especifica de cuál nivel), la Dirección Provincial de Trabajo y su homóloga municipal y el Comité Provincial del Partido, pero sigue con la sensación de que la han “peloteado” y confía en que reclama algo justo.
En lo que denomina Asistencia Social de Trabajo le dijeron que su hija tenía que pasar por una comisión médica donde se dictamine su estado de salud, y asegura que se le ha dificultado mucho conseguir los certificados médicos debido a la situación de la pandemia y a que esos documentos se vencen transcurrido un mes.
“De nada no puede salir el todo. Yo quiero que alguien me diga con qué cuento para seguir viviendo, pues debo pagar comida, medicina, corriente, agua y teléfono”, apunta la lectora.
Al ser abordado por Escambray, Elio Rafael Rodríguez Sánchez, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la Dirección Municipal de Trabajo en Sancti Spíritus, explicó que en visita a la familia se pudo comprobar que Carmen y su hija tienen familiares obligados con responsabilidad de ayudar económicamente a los padres, lo cual de por sí constituye un factor para que se les deniegue la prestación monetaria.
“En el caso de Carmen, posee un hijo que no reside con ella, pero trabaja, y en el de su hija enferma, también tiene una hija joven que trabaja en el sector del transporte y que hasta hace unos meses convivía con las dos”, alegó la fuente y añadió: “Le hemos pedido certificación de salario de ambos familiares obligados y no nos los han facilitado. Sin eso no podemos hacer cálculos para ver si procede o no la ayuda monetaria”.
Además de lo anterior, indicó Elio, la enferma no pasó por una comisión médica que dictaminara su estado de salud antes de que esta dejara de funcionar por problemas de pandemia, algo en lo que ellos, dijo, solían ayudarla. “Como ya se conoce, para aprobar la asistencia social a un núcleo donde resida alguien en edad laboral es requisito indispensable que dicha persona haya sido declarada con invalidez parcial o total”, especificó.
“La señora Carmen, además, tiene hermanos que la ayudan económicamente. No obstante todo esto, estamos abiertos a la presentación de los documentos solicitados en aras de realizar un cálculo de la posible prestación monetaria, que consistiría en compensar diferencias”, concluyó el funcionario.
