No existen dudas sobre las ayudas millonarias que ha recibido el gobierno de Cuba desde la Unión Europea, directa o indirectamente. Tras demostrarse que la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), la más represiva de la isla, recibió en el 2019, tres millones de euros, en Bruselas intentan echar balones fuera. Se argumenta desde el Servicio de Acción Exterior, que preside Josep Borrell, que los fondos fueron canalizados a través de una universidad belga y que, por tanto, según esa lógica, no son necesarias mayores explicaciones.
Sin embargo, lo único evidente son los atajos utilizados por las instituciones para colocar el dinero de los contribuyentes europeos en manos del castrismo represor. Si se tratara de un país o universidad que discriminara por motivos de género, raza u orientación sexual, el escándalo habría sido mayúsculo, como no podía ser de otro modo. Pero ni a Bruselas ni a muchas instituciones educativas, científicas y culturales europeas parece interesarles la discriminación por motivos políticos en el comunismo cubano.
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas es solo un ejemplo. Decenas de estudiantes y profesores cubanos son expulsados cada año, bajo la consigna de que “la universidad es para los revolucionarios”. Incluso se ha suspendido a estudiantes por criticar al régimen en Facebook y otras redes sociales.
Entonces, la pregunta para quienes justifican las ayudas europeas a través de intermediarios es qué parámetros se establecerán para evitar que el dinero de los contribuyentes termine en las manos de la dictadura más longeva del hemisferio occidental.
Nadie se opondría per se a determinadas colaboraciones humanitarias, si al final los beneficiarios directos fuesen las personas afectadas. En la isla hay mucho que hacer, frente al inmovilismo económico y político del gobierno. Según los datos del Tercer Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, el 77% de los cubanos manifiesta una situación de escasez de alimentos severa o moderada. El 46% necesita que su vivienda sea reparada y el 11% habita en casas en peligro de derrumbe.