Desde hace más de un año los camiones de la Unión de Construcciones Militares (UCM) son prácticamente los únicos vehículos que transitan por las carreteras y caminos que rodean el batey de Jaronú, en Camagüey.
Inmune al escepticismo de algunos pobladores, la UCM no ha detenido las obras que un par de años atrás proyectaban convertir a Cayo Cruz en un polo turístico de más de 25 mil habitaciones. Hoy, a pesar del cierre de las instalaciones por la COVID-19, siguen tendiéndose redes hidráulicas y eléctricas y avenidas que conducen a las parcelas de hoteles todavía por levantar. Una conductora de 89 kilómetros de extensión logró a finales de 2020 garantizar el agua que pudiera necesitar este lugar, incluso en su momento de mayor prosperidad.
Las emisoras de radio de toda la provincia convocan a postularse para empleos en las brigadas de construcción del enclave, y no faltan recursos para una apuesta tan arriesgada.
Lo incierto del futuro no ha hecho mella en los planes de desarrollo turístico del país. Lo confirman los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). De enero a diciembre de 2020 los servicios empresariales y la actividad inmobiliaria y de alquiler acapararon el 45.6 % del presupuesto destinado a inversiones por el Estado. Esos sectores —que agrupan las distintas facetas de la industria hotelera— recibieron el grueso del capital disponible para nuevas obras.
El doctor en Ciencias Económicas Pedro Monreal, asesor de la Unesco, apeló a la comparación para explicar el asunto. En un año de pandemia, marcado por el desplome de los viajes internacionales, la dolarización parcial de la economía cubana y un desabastecimiento al alza de productos de primera necesidad; en el turismo «se invirtió 3.5 veces más que en la industria, 7.5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en la ciencia e innovación tecnológica [… un porciento] superior al de los años “dorados” de 2017 y 2018».
Gráfico: Pedro Monreal, publicado en Twitter.
Contrario a lo que se hubiera podido esperar, al comienzo de 2021 la tendencia apuntada por Monreal no solo se mantuvo, sino que se profundizó. Entre enero y marzo la inversión turística recibió el 50.3 % de los fondos nacionales de inversión, al ampliar su ventaja respecto a actividades como la agricultura, la industria alimentaria y la pesca.
Todo ello, luego de un año en que ni siquiera destinos insignia como Varadero lograron mantener un décimo de sus capacidades hoteleras ocupadas y sus ingresos probablemente se desplomaron hasta un 80 %.
De acuerdo con datos publicados por la ONEI, apenas 64 712 turistas viajaron a Cuba durante los primeros cuatro meses de 2021. Esa cifra, que equivale apenas al 6 % de los vacacionistas internacionales atendidos un año antes (983 099), adquiere su verdadero significado si se le compara con la registrada al cierre de la temporada alta de 2019, cuando veranearon en la Isla 1 900 000 extranjeros.
Es probable que la caída de casi un 97 % en el número de clientes físicos haya sido mayor en cuanto a los ingresos. Incluso antes de la pandemia, los niveles de ocupación hotelera no eran muy elevados.
Gráfico: Pedro Monreal, tomado de Twitter.
Por tanto, tal línea de actuación es —cuanto menos— llamativa si se recuerda que en julio de 2020, al presentar la Estrategia Económico-Social de impulso a la economía y enfrentamiento a la crisis de la COVID-19, el presidente Miguel Díaz-Canel consideró prioritarias la producción de alimentos y la sustitución de importaciones. Y que en febrero de 2021 el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ratificó esos sectores como esenciales, incluso luego de superada la pandemia.
EN BUSCA DEL BILLETE VERDE
En octubre de 2019 el Gobierno cubano informó en la Mesa Redonda la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías en moneda convertible. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.
Para este momento, la importación de mercancías y productos había disminuido de manera considerable respecto a las cifras de años anteriores.
Según se planteó, parte de las ganancias de las tiendas en MLC se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico, y en algún momento, exportar.
«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo entonces Díaz-Canel.
Sin embargo, entre el habitual desabastecimiento de la red comercial y la prioridad otorgada a las inversiones turísticas, no parece que demasiados fondos terminaran destinándose a la reconversión industrial.
Al referirse a la situación de desabastecimiento del país y la prohibición de importar mercancías con carácter comercial por parte de privados, el ministro de Economía, en la Mesa Redonda del 19 de febrero de 2021, argumentó que esta práctica estimularía la salida de divisas, impediría la inversión de estas en la industria nacional, no generaría empleo, y dejaría al Estado incapacitado para proveer bienes.
Este es un asunto en torno al cual Gobierno y ciudadanía llevan años pulseando. La posición gubernamental fue ratificada por el ministro Gil Fernández al considerar que excluir esa actividad del listado de prohibidas para el trabajo por cuenta propia «no ayudaría a proteger nuestra economía ni a nuestra población [… pues son] medidas que incentivan la salida de divisas del país».
En el marco del Octavo Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro insistió en que: «hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo, y por ende de la soberanía e independencia nacionales». Tan dramática exhortación convocaba, de manera implícita, a no perder monopolios como el del comercio minorista, que desde comienzos de los noventa han constituido importante fuente de ingresos para las arcas públicas.
COMO ANTES DE LA PANDEMIA
Para cuando el Gobierno cubano autorizó las ventas en MLC y algunas modalidades de importación por parte de personas naturales, las compras en el exterior se habían reducido de manera considerable.
Ni la renegociación de las obligaciones de deuda de Cuba ni el renovado interés del empresariado extranjero alcanzaron a contrarrestar el peso de las sanciones que comenzaba a imponer la administración Trump. Tampoco la estrategia de La Habana ayudó a impulsar la recuperación económica, con decisiones como las de limitar el proceso de reformas en la agricultura y suspender la formación de nuevas cooperativas no agropecuarias.
El aumento del número de tiendas que operan en MLC no se ha traducido en estanterías mejor surtidas. En menos de un año las unidades destinadas a la comercialización de bienes y servicios en esa moneda pasaron de las 72 iniciales a una cantidad muy superior que no se ha hecho pública, sin un beneficio tangible para los consumidores.
Un marco regulatorio que permitiera a actores no estatales surtir el mercado interno mediante importaciones ha sido reclamada por personalidades como el actor Luis Silva —protagonista del programa televisivo Vivir del cuento—. El actor responsabiliza al Gobierno cubano por no permitir la importación de mercancías para su reventa en Cuba y propone este mecanismo como una alternativa más inmediata al desabastecimiento.
Para especialistas como Pedro Monreal: «La importación por personas naturales no impide que las entidades estatales capten divisas, sino que les exige que deban competir para obtenerlas», reflexionaba en Twitter.
Por un lado, el Estado aboga por la recaudación de divisas para el financiamiento de una industria que provea mercancías para el consumo nacional, por otro el sector privado pide participar en la importación de mercancías para su venta en el país. Mientras tanto, los datos reales de la ejecución de inversiones demuestran que las actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales, superan considerablemente la inversión en actividades económicas que puedan contribuir a la producción de bienes y servicios para el consumo nacional, como se ha anunciado.
Ceder espacios dentro de un mercado cautivo, como el cubano, reduciría los amplios márgenes de ganancia a que están acostumbradas corporaciones como Cimex y Tiendas Caribe. Su pertenencia al Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas nos hace suponer que parte de sus ingresos terminan invirtiéndose en la «fiebre del ladrillo» que persiste en las zonas turísticas. Justo como antes de la pandemia.
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