En febrero, el Gobierno cubano dio un golpe mediático sobre la mesa al anunciar una profunda reforma de su legislación para el trabajo por cuenta propia, y el establecimiento de un marco legal para las micro, pequeñas y medianas empresas.
De concretarse ambas propuestas, la economía no estatal se vería ante una realidad completamente nueva.
Pero a casi tres meses de aquella noticia nada ha cambiado. Ni se ha hecho público el listado definitivo de «actividades prohibidas», ni se sabe con certeza cuándo ni en qué condiciones podrán comenzar a inscribirse los nuevos negocios privados. Para el abogado Eloy Viera, quien por siete años trabajó para la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y desde 2018 coordina la sección elTOQUEJurídico, hay contradicciones en los planteamientos del Gobierno. Algunos de ellos afectan de manera directa la viabilidad de ramas que el discurso oficial asegura estar interesado en promover. Así lo resaltó durante un debate virtual con el profesor Omar Everleny.
«El Clasificador Ocupacional es una de las pocas herramientas de que se dispone para adivinar por dónde irá la tan mentada reforma, pero no conviene verlo como una “varita mágica” o algo por el estilo», reflexionó el jurista. «Cuando uno revisa ese documento, se encuentra con actividades como la construcción, en la que teóricamente no hay nada prohibido y por ende cabría suponer que usted puede hasta construir edificios de apartamentos y venderlos. El problema es que de momento en Cuba no estamos hablando ni de empresarios ni de personalidades jurídicas sino de cuentapropistas. Si se revisa la ley, se verá con mucha claridad que nadie puede ser propietario de más de una vivienda».
El conflicto entre normas impediría otorgar al constructor el título de los nuevos inmuebles, razonó. «Sin una propiedad definida, con documentos en regla, no podría realizarse la venta. El edificio tendría que ser de alguien, pero no hay forma de que tenga como dueño a un único trabajador por cuenta propia. Al menos no por el momento».
MÁS PAUSAS QUE PRISA
Desde el comienzo de la llamada actualización económica, en 2011, el número de cubanos incorporados al cuentapropismo se quintuplicó, hasta alcanzar a finales de 2019 los 617 mil.
En sus comienzos al frente del Partido Comunista, Raúl Castro defendía el sector privado como «factor facilitador para la construcción del socialismo [… pues permite] al Estado […] desprenderse de las actividades no estratégicas». Pero, como en el resto de las reformas impulsadas bajo su mandato, convocaba a que su implementación siguiera una gradualidad «sin prisa» y con líneas rojas imposibles de rebasar.
El doctor en Ciencias Económicas Omar Everleny recuerda cómo no faltaron los puntos de conflicto casi desde el primer día. «Uno de los principales reclamos de la población, y de los académicos en general, era que se estableciera una lista negativa, considerando permitidas todas las actividades que no estuvieran dentro de ella». Tampoco faltaron los llamados a que se normalizara el ejercicio profesional por cuenta propia.
Tras la publicación del «borrador» de actividades prohibidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad, en febrero de 2021 numerosos profesionales demandaban la regularización de los estudios privados de arquitectura, al apuntar a la incapacidad de las grandes empresas estatales para atender nichos de mercado como la gestión de proyectos para viviendas o pequeños negocios. Su objetivo pareció hacerse más difícil después de las críticas al «egoísmo de algunos» por parte de Raúl Castro durante el Octavo Congreso del Partido.
Aun así, la nueva legislación para el cuentapropismo, cuyo plazo de promulgación vence en junio, pudiera ser una oportunidad para lo que Everleny considera un abordaje desprejuiciado del asunto.
«No veo por qué un ingeniero civil o un arquitecto no puedan tener un negocio particular, y el Estado contratar sus servicios. No hay una contradicción real. Que un arquitecto trabaje por su cuenta no implica que se desligue del país, sino un cambio en la forma en que recibe sus ingresos. Entre sus obras también podrían estar escuelas, hospitales, viviendas sociales…». A juicio del académico, el deteriorado fondo habitacional en Cuba no admite las demoras y trabas que en los últimos tiempos han sufrido muchas cooperativas de la construcción.
Everleny impartió clases en la Universidad de La Habana por más de treinta años; además, fue director del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor invitado en universidades como Harvard, Columbia y Sorbona Nueva. Buena parte de su carrera profesional la ha dedicado a la búsqueda de referentes de desarrollo para Cuba; un país que, según expresa, ha llegado a un punto que no admite inmovilismos.
«Nadie en el mundo ha escapado a la COVID-19, pero hacía años que nuestro país atravesaba una situación muy complicada. Su producto interno bruto (PIB) venía creciendo apenas un 1 % desde 2016, y en 2020 decreció un 11 %. De acuerdo con lo visto en los meses que han transcurrido de 2021, no parece que esa tendencia vaya a revertirse en el futuro cercano».
La obligación de honrar los pagos de deuda postergados y el desplome de los ingresos por la exportación de servicios y el turismo completan el escenario en medio del cual La Habana ha tenido que lidiar con los millonarios gastos de la pandemia. «No hay forma de equivocarse. La situación es tan compleja y las personas tienen tanto estrés con la vida real que no es posible darse el lujo de seguir atrasando cosas», sentenció.
VISIONES CONTRAPUESTAS
Para el académico, el ala conservadora del Partido Comunista terminará viéndose superada por la lógica de los hechos. «Hay que ser realistas y adoptar decisiones en consecuencia. El referente más cercano está en las medidas que se tomaron con la agricultura. Es verdad que ahora habrá que ver quién tiene una vaca, pero durante muchos años no se había querido hablar siquiera de ese tema».
En contraposición, Eloy Viera consideró que las autoridades mantendrán sus líneas rojas sin importar el contexto de fondo. «El tiempo de las reformas en Cuba siempre ha estado definido más por criterios políticos que económicos. Eso resulta más claro en el caso de profesiones como la abogacía, que pueden dar cauce a la conflictividad social».
Su tesis es compartida por muchos dentro de la Isla, y sobre todo en el exterior. Otros, como Everleny, consideran que la «frontera» de lo permisible todavía puede moverse dentro de los límites de la institucionalidad. Para fundamentarlo, el académico apeló al referente de Vietnam, donde la política del Doi Moi partió de «comprender que el mercado era capaz de hacer el socialismo más viable. Hoy Vietnam es una de las economías dinámicas del sudeste asiático, a pesar de la covid».
«Cuba ha destinado grandes recursos a la formación de su capital humano y no tiene tiempo para seguir pensando en si lo aprovecha o no. Tampoco podemos olvidar que miles de personas pudieran encontrar empleo dentro del cuentapropismo, un sector que a diferencia del estatal —y sus plantillas infladas— tiene posibilidades virtualmente infinitas de crecimiento», resaltó.
Con sus balances de cuenta en números rojos y una pandemia cuyo final aún cuesta avizorar, cualquier opción pudiera estar sobre la mesa, incluso si en el proceso se imponen rectificaciones al discurso oficial. «Lo bueno es que ya no tenemos tiempo para esperar diez años más», comentó Everleny.
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