La extradición del contrarrevolucionario Arístides Díaz Menoyo a inicios de la semana recién concluida, fue vista por las agencias noticiosas del mundo como un éxito de nuestras autoridades judiciales. Sin embargo, cuando el avión en que viajaba dio vuelta a solo unos metros de tocar tierra en el aeropuerto de Miami, y lo trajo de regreso, el corazón del extraditado, incapaz de soportar tanta tensión, se detuvo en pleno vuelo.
A causa de ese pequeño contratiempo y animado por la habilidad de convertir reveses en victorias, un colegio municipal de abogados elevó la propuesta de someter a juicio post mortem a quienes cometieron actos contra la integridad del proyecto social. Dicha proposición tiene como basamento legal, filosófico y ético la responsabilidad penal más allá de la muerte que promulgan la mayoría de las religiones. Al castigo agregan los letrados algo de inmediatez.
Ante la imperiosa necesidad de mantener y defender la independencia, integridad y soberanía del país, debemos blindarnos con un sistema de leyes que permita enfrentar cualquier tipo de agresión o actividad subversiva. La aplicación de la normativa se deberá hacer sin titubeos y obligará a responsabilizarse por sus actos a todo aquel que, desde que comenzara este hermoso proceso en 1868, tuviera una actitud contestataria, disidente o abiertamente opositora al proyecto social que construimos.
La especialista en escatología política Caridad Morales Sierra, respetada médium del centro espiritista Más Allá de la Luz, reconoce la posibilidad real de ejecutar la propuesta legal y se muestra partidaria incluso de la aplicación de la pena capital para todo el fallecido que lo merezca.
«Nuestra carta magna –enfatiza el licenciado en leyes René Sánchez Tamayo– reconoce explícitamente el deber de honrar a los héroes y mártires; por cuanto, se sobreentiende que también nos otorga el derecho a juzgar a los apátridas y mercenarios, quienes incurrieron en delitos ya tipificados y consiguieron evadir la normativa legal sin recibir el merecido correctivo».
Pese a la severidad de la propuesta, sus autores aseguran que quienes comparezcan ante la ley debido a algún requerimiento post mortem, gozarán de todas las garantías legales que nuestra institucionalidad ofrece. Porque, aunque el propósito es salvaguardar las conquistas sociales, no debe perderse de vista jamás el sentido humanista y profundamente ético de nuestras instituciones legales y el carácter preventivo del Código Penal.
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Este texto pertenece a nuestra columna dominical de sátira política.
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