En el mes de abril pasado, hice público el hecho de que la Fiscalía Provincial de Matanzas había violado los términos para responder una queja dirigida por mí a esa instancia en el mes de enero.
Para mi sorpresa, el 4 de mayo recibí una llamada telefónica de la vice-fiscal provincial que me citaba para el día 6 a las 9 y 30 de la mañana. Según me informó, responderían la queja.
En la fecha referida me presenté. En la recepción se me pidió dejar todas las pertenencias, incluyendo el móvil y cualquier otro medio de comunicación. Fuimos a una oficina donde se presentó la vice-fiscal como la persona que tramitó mi queja, estaba acompañada de otro miembro de la fiscalía.
Debo reconocer la amabilidad de ambos durante el encuentro. Ella explicó que coincidían conmigo en el derecho que tenía de expresar mis criterios con libertad en medios digitales y redes sociales, y en que la libertad de expresión era un derecho garantizado por la Constitución, pero argumentó que en esos sitios otras personas interactuaban constantemente y podían tener criterios diferentes, que a fiscalía le era imposible arbitrar y conciliar todas esas interacciones, que, no obstante, como yo alegaba que había sido ofendida en mi honor, existían vías legales para establecer una demanda, que allí estaba el otro funcionario para si requería algún tipo de asesoría.
Él me leyó los artículos respectivos e insistió que yo podía estar segura de que el debido proceso imperaba en nuestro sistema de justicia y si decidía establecer una demanda o querella se seguiría con total rigor.
Fiscalía Provincial de Matanzas
Me preguntaron que si deseaba comentar algo. Dije que agradecía estuvieran cumpliendo con su obligación, aun cuando estuviera fuera de término. Que yo conocía las redes sociales y sabía de los riesgos de la participación en ellas, que no era la primera vez ni sería la última en que me hubieran ofendido, pero que reaccioné esta vez pues el ofensor era un articulista de medios oficiales, como el periódico Granma y el sitio Cubadebate, y que una de las personas que compartió sus ofensas hacia mí era diputada a la ANPP, es decir, una servidora pública que estaba desconociendo la Constitución.
Manifesté mi preocupación porque tales personas estuvieran acudiendo a este tipo de ofensas para intentar desestimular la participación ciudadana cuando en Cuba se vive hoy una crisis política que requiere de un análisis colectivo para evitar una escalada irremediable. Agradecí la sugerencia de entablar una demanda y les dije que no lo haría en esta ocasión, pero que lo tendría en cuenta para la próxima vez que ello fuera necesario.
Asimismo, mencioné que me extrañaba que fiscalía no pudiera interceder en comentarios que se suscitaran en redes sociales, dado que se conoce de personas que han sido multadas en Cuba por utilizar las redes con fines críticos.
Insistí en que la demora en responder y el hecho de que fueran irrespetados los términos no se justificaba. La funcionaria me explicó que habían tenido atrasos por la situación de la pandemia, a lo cual alegué que la responsable de atención a la ciudadanía, a través de la línea única, me había confirmado que estaban al día en la tramitación de quejas, por lo cual esa no podía ser la excusa, y agregué que había sido maltratada por la jefa del departamento, llamada Yoandra, a lo cual no objetó nada la vice-fiscal.
A continuación redactó brevemente un acta en la que resumió lo tratado, fue firmada por ella, por el otro funcionario y por mí. La esencia: que yo aceptaba la respuesta aunque insistía en que la misma estaba fuera de término.
Creo justo dar a conocer lo ocurrido, pues el pasado mes hice una denuncia pública de la falta de respuesta a mi queja.