Un país que destituye una presidenta por un simple delito fiscal y no es capaz de destituir un presidente responsable de muchos miles de muertos por falta de asistencia o protección frente a la pandemia, no es una democracia. Un país que incurre en el error judicial más escandaloso desde el caso Dreyfus (1894-1906) y que, a pesar de reconocerlo, no es capaz de extraer todas las consecuencias, tanto en la absolución de la víctima del error como en la condena de sus autores, no es una democracia.