Mientras intenta mantener en secreto su participación en el ataque al Congreso el 6 de enero pasado, el ex presidente Donald Trump está a punto de llevarse una sorpresa cuando se entere que los expresidentes son muy poco tenidos en consideración por los tribunales, en comparación con quienes se encuentren en ejercicio del cargo.
Trump, quien intentó derrocar la democracia estadounidense para permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones del 2020, debe presentarse este jueves ante una audiencia federal para ventilar su pedido, que impediría que los Archivos Nacionales entreguen cientos de páginas de documentos suyos, y de su personal de la Casa Blanca, relacionado con sus acciones antes y en el día del asalto al Capitolio de los Estados Unidos.
Trump ha evocado el “privilegio ejecutivo”, un mecanismo que debe ser secundado por el mandatario que sucede al presidente que lo solicite, pero John Biden ha dicho ya que no piensa mover un dedo. Después de cuatro años en la Casa Blanca, siempre argumentando en diversas ocasiones que tenía la facilidad de usar este privilegio a la hora de hacer cumplir una ley, Trump se descubre de repente en el lado opuesto.
“Realmente no tiene una facilidad en particular. Ya no es presidente, no hay nada que evocar. El privilegio ejecutivo pasa al sucesor”, dijo el profesor de derecho constitucional de Harvard Laurence Tribe al describir el tratamiento que Trump no debe esperar de los jueces ahora.
Norm Eisen, quien trabajó con la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el primer juicio político contra Trump y formó parte de un grupo de abogados que presentaron un escrito de apoyo a su demanda, dijo que la emisión de una orden judicial se basa en la probabilidad de ganar el caso. “Y debido a que ya no es presidente, tiene dramáticamente menos posibilidades de éxito por sus méritos”, dijo.
El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios en el Capitolio ha solicitado miles de páginas de documentos de la Casa Blanca en la era Trump, ahora bajo la custodia de los Archivos Nacionales.
Según la Ley de Registros Presidenciales, promulgada en 1978, después de que Richard Nixon tratara de asegurarse de que las grabaciones de la Casa Blanca fueran destruidas después de haber renunciado a su cargo, un ex presidente tiene derecho a pedirle al presidente en funciones que bloquee la divulgación de registros por privilegio ejecutivo y, en su defecto, entablar una demanda.
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La audiencia de este jueves ante la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan será para determinar si Trump podrá bloquear la entrega programada para el 12 de noviembre del primer lote de documentos al Comité, luego de la decisión del presidente Joe Biden de no hacer valer el privilegio en su nombre.
Pero, el ex mandatario, exhibiendo su hábito de creer que se las sabe todas, en lugar de recurrir a un erudito legal constitucional con experiencia en disputas entre el poder ejecutivo y el legislativo, contrató a un abogado cuya biografía en Twitter dice: “Abogado del MAGA luchando por la Constitución y elecciones libres”. MAGA es la abreviatura de “haremos America grande de nuevo”, la consigna electoral de Trump.
Jesse Binnall, quien representó al primer asesor de seguridad nacional de Trump, el general (r) Michael Flynn, mientras intentaba retirar su declaración de culpabilidad de mentir al FBI, llevó la demanda del expresidente por fraude electoral en Nevada. Esa demanda fracasó y Flynn fue indultado antes de dejar el cargo.
En la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, en febrero pasado, donde Trump intentó cimentar su legado político, Binnall afirmó que los jueces de varios estados habían conspirado con los medios de comunicación para suprimir información sobre el presunto fraude electoral de los demócratas y Biden, y habían desestimado erróneamente los desafíos de Trump.
A decir verdad, la queja inicial de Binnall en algunos lugares parece un tuit de Trump. El Comité Selecto “ha decidido acosar al presidente Trump y a los miembros de alto rango de su administración (entre otros) enviando una solicitud de registros ilegales, infundados y excesivamente amplios al Archivero de los Estados Unidos”, escribió Binnall.
Y agregó: “En una estratégia política para acomodar a sus aliados partidistas, el presidente Biden se ha negado a hacer valer el «privilegio ejecutivo» sobre numerosos documentos claramente privilegiados”.
“Es posible que Trump se lo haya dictado”, especuló al sitio Politicoun asesor de Trump bajo condición de anonimato. El asesor dijo que Trump probablemente contratara a Binnall porque ya pocos abogados de alto perfil quieren tener algo que ver con él y porque aquellos con mucha experiencia en el asunto no son baratos. “Está en el fondo del barril para los abogados”, dijo el asesor.
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El abogado que escribió la respuesta del Departamento de Justicia tomó nota de la indignación de Binnall y señaló que estaba completamente fuera de lugar.
“De hecho, muchos de sus argumentos no se relacionan en absoluto con el privilegio presidencial de comunicaciones, sino que atacan la legitimidad de la investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero”, escribió el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian Boynton. “La sobria determinación del presidente Biden de que el interés público requiere la divulgación es manifiestamente razonable, y debe hacerla»
