El fortalecimiento de las garantías jurídicas a la intimidad de las personas y el acceso a sus datos, quedó refrendado con la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.
Al presentar la norma, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, expresó que el proyecto es resultado de un intenso trabajo de investigación y aportes de expertos y especialistas de diferentes ministerios e instituciones, y del análisis comparado con otros ordenamientos jurídicos a nivel mundial.
Añadió que esta Ley garantiza a las personas un poder real de disposición y control sobre sus datos personales, y evita cualquier invasión con fines distintos a lo legalmente establecido.
Al abordar los aspectos novedosos, expuso que la norma articula las regulaciones y disposiciones en el tratamiento de los datos; permite conocer de forma organizada las principales bases de datos; establece un régimen contravencional ante los incumplimientos y designa al Ministerio de Justicia como responsable de su control.
En el dictamen, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, enfatizó que la Ley garantiza la tutela de la privacidad de las personas, dadas las condiciones tecnológicas de la sociedad contemporánea.
Al respecto, Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, precisó que el primer responsable de la protección de sus datos debe ser la propia persona, y que esta Ley debe complementarse con la labor educativa, sobre todo con los jóvenes, quienes son más vulnerables a los riesgos inherentes al uso de internet.
Añadió que, si no se hace hoy, las generaciones futuras podrían reclamar mañana que su privacidad no está segura.
Reflexionó sobre algunas interrogantes claves para comprender la importancia de la Ley, principalmente la de cómo hacer entender a la población, en general, lo necesario de la protección de sus datos personales. De lo contario, impone riesgos, tales como la suplantación de identidad, pérdidas económicas y ataques a la integridad física, entre otros peligros.
La norma tiene en cuenta, de forma integral, el tratamiento de los datos personales por vía digital, ya sea de carácter público o privado, como una fortaleza, lo que permite al Ministerio de Comunicaciones establecer otras disposiciones que controlen el accionar de operadores y empresas de servicios de comunicación, concluyó.
