El Tribunal Provincial de la Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme presentada este miércoles contra seis menores que habían sido juzgados en febrero pasado por su participación en las protestas populares el 11 de julio en la esquina de Toyo y la Calzada de 10 de Octubre.
En el juicio, la fiscalía había solicitado una rebaja sustancial y hasta prisión sin internamiento de los menores que estaban siendo procesados por el delito de sedición.
Se trata de Kendry Miranda Cárdenas (17) al que el fiscal había solicitado 10 años y fue sentenciado a 19 años de cárcel; Rowland Jesús Castillo Castro, con petición de 12 años y sentenciado a 18 años de prisión; Lázaro Noel Urgellés le pidieron en el juicio 10 años y recibió sentencia de 14 años; Brandon David Becerra Curbelo, con petición de prisión sin internamiento y sentenciado a 13 años; Giuseppe Belaunzarán Guada, petición de ocho años y sentenciado a 10 años y Brayan Piloto Pupo, a quien la fiscalía pidió en el juicio 8 años y recibió 13 años de condena.
María Teresa Pérez, abuela de Rowland, considera que es muy duro y triste lo que han hecho las autoridades cubanas.
“Yo no tengo palabras para expresar mi dolor. Mi hija Yudinela está hoy en la visita del niño. Estábamos desesperados los familiares para que llegara la sentencia, pensando que le bajaría más y, entonces, apelar. No [esperábamos] que la sentencia subiría”, dijo la anciana.
La noticia ha traído desesperanza entre los jóvenes condenados y sus familiares.
“Ninguno de nosotros acepta esa condena. Rowland llamó ayer y yo le dije que se portara bien, y él me dijo que eran 18 años, y ya nada le importaba, que ya le daba lo mismo”, contó la abuela del menor.
Yaila La Rosa, esposa de Juan Emilio Estrada, que también recibió sentencia de 21 años, comentó: “Los abogados hicieron tremendo trabajo, desmintieron todo lo que la fiscalía y sus testigos decían y, sin embargo, ahora han subido las sentencias”.
Yesenia Díaz Cruzata, hermana de Oscar Bárbaro Díaz Cruzata, dijo que este miércoles, cuando lo llamaron por teléfono al penal Combinado del Este para informarle la sentencia de 18 años en su contra, su hermano le colgó el teléfono.
“Este gobierno es de lo peor, porque en ese juicio quedó demostrado que esos muchachos no cometieron ningún delito de sedición”, enfatizó.
Bárbara Farrat Guillén, cuyo hijo Jonathan Farrat Guillén acaba de recibir la petición fiscal, argumentó su preocupación con la publicación de estas sentencias.
“Creo que detrás de esto lo que quieren es ejemplarizar, porque esos niños no mataron a nadie, yo tengo miedo porque a mi hijo le piden ocho años y pudiera ser que en vez de bajarle la sentencia le suba”, advirtió.
El abogado Julio Ferrer Tamayo aclara, desde La Habana, que el Código Penal en su artículo 17 establece una rebaja especial en el caso de los menores que son llevados a juicio, que puede ser solicitada por la fiscalía o la defensa, pero quien decide es el tribunal, y en este caso hay presión política involucrada en esta decisión judicial.
“Yo pienso que es un acto de venganza, no de justicia, del estado, de las autoridades; de vengarse de esas acciones y lanzar un mensaje de lo que le puede ocurrir a quien en un futuro se atreva a hacer semejante cosa”, afirmó Ferrer Tamayo.
