El océano ocupa más del 70% del planeta. En este vive la mayor parte de la biodiversidad y es fuente de alimentos para el ser humano. Pareciera infinito, de recursos inagotables, pero lo cierto es que se deteriora. Prácticas como la sobrepesca y otras técnicas nocivas han hecho que el 90% de las grandes especies marítimas estén en peligro. A ello se le suma el cambio climático, que causa fenómenos como el calentamiento de las aguas, el aumento del nivel del mar y menos salinidad; esto último origen de la pérdida de los corales. Alrededor del 50% de los arrecifes están destruidos.
Según Ocean Global, solo el 5,3% del océano global está protegido, por lo que se hace necesario crear políticas medioambientales que favorezcan un mejor uso de sus recursos, de forma equilibrada. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas impulsa el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) “Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos”.
Nuestro país, al ser un archipiélago, ha tenido una amplia preocupación por el bienestar de las zonas costeras y los ecosistemas marinos. Fenómenos como el incremento acelerado del nivel del mar e inundaciones costeras por la sobreelevación de las aguas en tiempos de actividad ciclónica han aumentado en los últimos años.
Los humedales, como herbazales de ciénaga, y las crestas de arrecifes coralinos sufren daños continuos al amortiguar el oleaje por esos fenómenos meteorológicos. A esto se le une malas prácticas humanas como pesca ilegal y contaminación de las aguas. Todo esto afecta la biodiversidad del país.
Con esas problemáticas en mente, Cuba en alineación con los ODS y el Acuerdo de París, lanza sus propias estrategias y leyes a favor del medio ambiente. Por ejemplo, desde la Constitución en el artículo 75 se reconoce: “Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras”.
Además, recientemente se incluyó en el Código Penal la denominación de delitos contra el medio ambiente, entre ellos conductas delictivas asociadas a la contaminación de las aguas, tanto por parte de instituciones como de la población.
Otro avance significativo en materia jurídica ha sido la aprobación este año de la “Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente”, la cual contempla el cambio climático con una visión actual y promueve la protección de la vida en los océanos.
Al respecto, la viceministra del Citma, Adianez Taboada Zamora, informó que se han definido los escenarios climáticos que tiene el país en los proyectos de peligro, vulnerabilidad y riesgo hacia el 2050. Añadió que que persisten problemas ambientales como la contaminación de residuos líquidos y sólidos, y que para contrarrestar esta situación está, entre otras medidas, la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la cual tiene entre sus ejes los recursos naturales y el medioambiente.
El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, más conocido como Tarea Vida, es de los principales rectores de la protección ambiental en el país. Este incluye medidas para enfrentar el aumento del nivel del mar, la intrusión salina, la sequía, entre otras consecuencias del calentamiento global.
Entre sus acciones estratégicas se encuentra el no permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros amenazados que se pronostica su desaparición por inundación permanente y los más vulnerables. Además, lleva a cabo la tarea de reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras.
