La Fiscalía de Matanzas solicita 27 años de cárcel para Daniel Joel Cárdenas Díaz, un manifestante del 11 de julio baleado frente a su mujer e hija y que actualmente se encuentra en prisión.
“Dice el defensor que todavía no le ha llegado la petición fiscal, que debe tenerla esta semana, pero para que me fuera preparando para los años que le piden”, declaró su esposa, Marbelis Vázquez, a Radio Martí.
“Me parece que por tirar piedras e ir a una manifestación, es demasiado, (…) lo que me hicieron a mí y a mis hijos ¿quién me lo paga? Ellos entraron por la fuerza a mi casa, tiraron tiros”, agregó la joven.
Cárdenas, en prisión preventiva en el penal Agüica de Colón, Matanzas, fue arrestado en su casa durante un operativo policial en el que intervinieron los “boinas negras”, fuerzas especiales del Ministerio del Interior.
“El 13 de julio, a las 11 de la mañana yo estaba en mi casa con mis tres niños menores de edad y su papá estaba jugando con ellos”, relató Vázquez. Por la ventana entreabierta, veo un camión lleno de guardias que se bajaban con perros y armas. Uno de los ‘boinas negras’ empieza a golpear mi puerta y a darle patadas. Yo salgo y pregunto: ¿qué pasa? Miren mis hijos gritando, tienen miedo”.
“De pronto por el patio de mi casa, siento unos tiros. Mi perra viene corriendo y detrás, dos uniformados de negro y uno de civil, con armas, son los que entran en mi casa y le disparan a mi esposo. Él cae en el piso lleno de sangre y a mí me arrodillan en un rincón con mis hijos. Luego recogen a mi esposo y se lo llevan con una herida de 12 centímetros en la cabeza”.
La madre también aseguró que muchas personas en Cárdenas fueron heridas de bala durante los enfrentamientos con la policía el 11 de julio, pero la mayoría salió de la cárcel, a excepción de su esposo.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
