empresa estatal

Granlac: cuando la esperanza se evapora

De muy desalentadoras pudieran considerarse las declaraciones de Luis Rafael Virelles, director de la Empresa de Productos Lácteos Granlac, fechadas el 28 de julio. Ellas versan sobre la situación y las estrategias desarrolladas por el coloso industrial lácteo de la provincia de Granma, encargado de producir una inmensa gama de derivados de la leche que hoy constituyen productos deficitarios en el país.
«Estamos negociando un préstamo con el Banco —asegura el director— para hacer productos solo para expender en MLC». Y ya la acotación dispara las alarmas. En épocas en que el retorno de los quesos, las cremas untables,  los yogures,  las leches y mantequillas parecen distantes, el comentario resulta desestimulante dirigido a aquellos hogares que no cuentan con recursos que les permitan acceder a tales derivados de primera necesidad. Pareciera que la moneda libremente convertible llegó no solo para quedarse, sino para señorear en la economía doméstica y desplazar al peso cubano.
La frase indica la carencia de recursos propios de la empresa y, además, detalla la falta de una estrategia coherente encaminada al retorno de la moneda de curso natural con la cual todos los nacidos en la Isla pudiéramos tener un acceso más justo a las producciones de la industria doméstica.
Pero ahí no quedan las declaraciones, ni las implicaciones: «Esa leche que compremos en divisa —añade el directivo— debemos multiplicar su ingreso para pagar el crédito y para que nos quede algo para seguir desarrollándonos porque hasta la hoja de papel tiene un componente en divisas». 
Y aquí las implicaciones ya sobrepasan la dimensión de estrategia comercial del Grupo y se adentran en proyectos de macro-desarrollo de la industria que competen a entidades superiores, y a la postre, a la estrategia de país. 
Si se sobrecarga al productor con todo tipo de gastos de inversión que, en buen manejo financiero, deberían ir al presupuesto estatal o de la industria; lógicamente la empresa tendría que refugiarse en las mencionadas negociaciones de préstamos con el banco orientadas a adquirir insumos imprescindibles para desarrollar su objeto social. Es un asunto de visión integral.
Línea de producción de la Empresa de Productos Lácteos Granlac (Foto: Luis Carlos Palacios Leyva/La Demajagua)
De imponerse esa línea de pensamiento, muy pronto nuestras empresas tendrán que sufragar todos sus insumos a partir de una ganancia mínima con la que se quedarían luego de cumplir sus compromisos estatales, lo cual las pondría en amplia desventaja en el mercado de las producciones, incluso tratándose de emporios gigantescos como Granlac. 
La implicación derivada de todo esto, es que trabajar en desventaja significa desaprovechar potencialidades que a la postre van a parar —o para ser más exactos, no van a parar— a la mesa del consumidor. Tampoco a las vidrieras de las desabastecidas tiendas de venta en moneda nacional.    
Si el interés estatal es potenciar y desarrollar al máximo las industrias vinculadas con la alimentación, y en especial aquellas que se encuentran en crisis como es el caso de la láctea, —con un desplome del treinta por ciento teniendo como comparación el año 2016, según el Anuario Estadístico 2020—, entonces esas empresas deberían enfocar sus inversiones en lo que más les compete como productoras que son, y que el presupuesto estatal sea el que se encargue de las inversiones propias de su existencia física, así como de su funcionamiento.  
Si hacemos una comparación sencilla con un productor independiente que decidiera aventurarse en el sector de los lácteos, encontraríamos que, si bien de su bolsillo debe salir  todo lo que corresponda al montaje, producción y funcionamiento de su planta; no es menos cierto que el monto de casi toda la ganancia regresaría a su bolsillo, y no solamente un porciento de esos ingresos para que le quede algo para seguir desarrollándose, como sucede con la industria estatal, que remesa sus ganancias, salvo un pequeño monto, al estado.
Si a esto le sumamos que de ese pequeño monto la empresa debe extraer cuantías para inversiones en desarrollo, producción y funcionamiento, muy pronto sus decisiones oscilarán entre comprar lubricantes para el transporte o saborizantes para los yogures.
 Nadie piense que las declaraciones —o las desilusiones—  terminan ahí:
«Va a llegar un momento que, excepto las materias primas de la canasta básica, todo lo demás tendrá un componente en divisas», asegura el empresario. Para reafirmar su posición añade también que: «en junio vendimos 94 mil dólares…de aquí compramos neumáticos y baterías para camiones porque teníamos 60 % de los autos paralizados». 
Y la pregunta retorna. ¿No deberían ir esos neumáticos y baterías a las asignaciones del presupuesto estatal, de modo que los dividendos obtenidos por la misma empresa se pudiesen reinvertir en la adquisición de materia prima, se evitaran así las negociaciones de préstamos con el banco y, por ende, las deudas?
Cabría preguntarse qué pasó con el supuesto compromiso de «paulatinamente ir aumentando las ventas en moneda nacional» (Foto: Noticias360)
Tratándose de una empresa del estado y, aun más, de una cuya producción es de vital importancia; lo que le corresponde a la misma es centrarse en el impulso a la elaboración y calidad de sus derivados. En tanto, esos asuntos de existencia y funcionamiento tendrían que ser preocupación y ocupación del presupuesto del estado que, al final, se forma tras los ingresos de tales entidades.
La noticia igualmente resulta desalentadora cuando se afirma que, por un motivo u otro, Granlac no llega ni a la mitad del acopio de leche de los años ochenta e incluso, se asegura que en el presente año el déficit es aún de dos millones de litros. ¡Dos millones de litros!
En este punto, es justo reconocer las presiones que se ejercen en los diversos sectores de la industria para entorpecer el acceso a productos y mercados indispensables. Sin embargo, si no se acopia la leche y no se llega a las cantidades esperadas, sea cual fuere la ineficiencia aducida, es la opinión de este comentarista que resulta verdaderamente panfletario culpar de estos males al bloqueo —como confirma el director— si antes de salir al mercado ni siquiera tenemos la leche que luego se va a convertir en queso o mantequilla. 
Asimismo el directivo anuncia su estrategia de comercialización, que como jarro de agua fría cae sobre sus lectores: «Hoy la realidad es que la industria láctea tiene más mercado que ofertas, pues a la espera de sus excelentes productos están el Polo productivo de Moa, la zona de Desarrollo Mariel, las Tiendas Cimex y Caribe del país, Palmares y las instalaciones de Turismo…». Queda, como última opción, una muy tenue mención al mercado en moneda nacional. 
Sin ser más o menos oficialistas, cabría preguntarse qué pasó con el supuesto compromiso de «paulatinamente ir aumentando las ventas en moneda nacional». O dónde quedó la intención de «con las recaudaciones de las tiendas de divisas ir reabasteciendo la oferta nacional»; esa a la que todos los cubanos, legítima y despreocupadamente, podemos acceder para garantizar nuestros merecidos, y hoy precarios, desayunos.

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Empresas estatales cubanas requieren innovaciones en su cultura

Las empresas estatales, máximas responsables de la creación de riqueza en el país, han arrastrado por demasiado tiempo, como se sabe, la carga pesada de la falta de autonomía.
Foto: Tomada de todocuba.org

En una contribución precedente, se hacía mención a los llamados reiterados para que las empresas estatales  reaccionen con mayor  celeridad a un conjunto de medidas adoptadas desde 2019 a la fecha, encaminadas a concederles incentivos y  prerrogativas para una mayor autonomía de gestión, y también para el fomento de las relaciones con otros actores económicos. Al respecto, recientemente se anunció la promulgación de una importante medida con similar propósito, relacionada con la autonomía para la determinación de los salarios.
Sin embargo, más allá de exhortaciones, la extrema complejidad del entorno nacional actual, los efectos de problemas estructurales acumulados y de otros relativos a la implementación de los cambios necesarios en el modelo económico, no pueden perderse de vista para comprender la génesis de esta suerte de inercia.
Añádanse además el bloqueo, las tensiones derivadas de la aplicación de la Tarea Ordenamiento, con todas sus complejidades, problemas de diseño y ajustes sobre la marcha y la crítica situación económica y sanitaria que atraviesa el país. Comprender el nivel de partida es indispensable. En un esfuerzo de síntesis, dado el espacio disponible para estas líneas, se hará mención solamente a algunos elementos.
Carga pesada
Las empresas estatales, máximas responsables de la creación de riqueza en el país, han arrastrado por demasiado tiempo, como se sabe, la carga pesada de la falta de autonomía.
En esto han influido las restricciones derivadas de una asignación de recursos centralizada con un plan enfocado al corto plazo y la operatividad, que entorpece el proceso de reproducción de la
empresa ya que en no pocas ocasiones desconecta la disponibilidad oportuna de recursos de la ejecución -en tiempo y forma- de los procesos productivos y de servicios.
También el contexto predominante en la dirección de la economía ha favorecido la verticalidad y la baja integración interna existente hoy entre empresas nacionales, por encima de la «horizontalidad» y dinámica propias de las relaciones interempresariales.
Todo lo anterior limita la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades inmanente a las empresas, y el abordaje de otros asuntos vitales para el desarrollo empresarial que rebasan el marco anual como son la innovación, modalidades de crecimiento- incluyendo la internacionalización –  y un ambiente de emprendimiento, posible y necesario en empresas ya establecidas [1] , pero contando con la autonomía suficiente.
Contra estos propósitos de mayor autonomía ha conspirado también el predominio de grandes agrupaciones empresariales estatales, sus tendencias a la autarquía y estructuras organizativas pesadas orientadas sobre todo al control administrativo de sus empresas.   Y un marco legal fragmentado en subsistemas, que ha prescrito de manera pormenorizada una única manera de gestionar, que ha languidecido sobrepasado por la vida y sus circunstancias, no obstante haber recibido en los últimos años varias modificaciones parciales, que van derogando sucesivamente y en relativamente poco tiempo  normativas anteriores, todo lo cual hace más lento y difícil su asimilación y puesta en práctica.
No pueden dejar de citarse otros factores como la estructura de las inversiones en los últimos años, más orientadas al sector inmobiliario, en detrimento de los sectores industrial y agropecuario, claves para la recuperación por su papel en la deprimida producción de bienes.
Definitivamente, las mejoras en los procesos clave de las empresas a partir de enfoques de gestión de mayor calado repercuten favorablemente en los resultados empresariales. Pero lograr los saltos necesarios en la productividad, aumento de capacidades, cambio tecnológico y creación de riqueza pasa necesariamente por la dinámica y orientación de las inversiones.
Y sin pretender agotar la lista, los porcientos de impuestos sobre las utilidades (35 %) y de aporte a la inversión estatal (50 % ) que pagan todas las empresas por igual , resulta un factor que debe tenerse en cuenta por su influencia en la disponibilidad de fondos para la reproducción ampliada de ciertas empresas. En otras palabras, un análisis casuístico parece más prudente a la hora de fijar estos montos.
Causa y efecto: la inercia
Estos factores limitantes generan una cultura de la espera, con baja asunción de riesgos y aguardar por orientaciones y permisos para actuar. No basta con las medidas adoptadas, aquellas en proceso de adopción y otras por llegar, encaminadas a resolver o aliviar de forma parcial algunos de los factores contextuales mencionados.
Las transformaciones de fondo en la empresa estatal, como en cualquier otra organización, pasan también por cambios en su cultura. Toda organización tiene su propia personalidad: la cultura, conformada por los valores, creencias y comportamientos comunes de sus miembros, tradiciones,
ambiente laboral. Resulta una notable fortaleza según su correspondencia con estrategias orientadas al cambio y en caso contrario, de no existir tal correspondencia, una barrera muy difícil de salvar.
Y los cambios en la cultura de las organizaciones resultan, a la vez que requisitos indispensables para transformarlas exitosamente, de una extrema complejidad, más que documentada en la teoría y la práctica de la dirección.   Dependen de la presencia de factores externos a la empresa, pero la gestión interna desde la dirección empresarial es también determinante. Ambos, el contexto (dígase la transformación del modelo económico como un sistema) y la gestión, importan.
La nueva empresa estatal
Así, el cambio cultural hacia un estado deseado: una empresa estatal más emprendedora, innovadora, con capacidades para el aprendizaje y el cambio, con estrategias para su crecimiento y desarrollo y sistemas integrados de gestión para un alto desempeño, necesita de las personas adecuadas, los incentivos adecuados, los líderes adecuados y un contexto institucional que fomente más autonomía y potencie la capacidad empresarial del país.
Sobre esto,  por sólo tratar dos aspectos, el nuevo cuerpo legal sobre la empresa estatal que se ha anunciado estará aprobado para el año próximo (sería deseable antes)  y que se espera elimine la dispersión normativa existente, debería fijar bases generales para este tipo de empresas, sin prescribir metodologías detalladas de gestión de obligatorio cumplimiento,  y con esto dar los espacios para que cada empresa gestione su desempeño considerando las características particulares del sector de negocios donde esté enclavada.
Añadiría que se requiere acometer un análisis organizativo y financiero de los grandes grupos empresariales estatales.
Y a lo interno de las empresas, se requieren acciones como la promoción y estímulo de aquellas personas «portadoras» de la nueva cultura, incluyendo obviamente a los directivos, un diagnóstico de la cultura prevaleciente y la conformación de los nuevos valores deseados, con una evaluación y control del desempeño consecuente con dichos valores. Basten estos últimos párrafos sólo para ilustrar – no para abarcar en su totalidad- la complejidad de gestionar ese cambio cultural tan necesario para estremecer la empresa estatal cubana. (2021)
[1]  Al respecto, existe una corriente dentro de la teoría del emprendimiento que estudia el denominado emprendimiento corporativo, que aborda el  ambiente y otras condiciones necesarias para su fomento en este  tipo de empresas.

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Con estímulo a las cooperativas, Cuba intentará potenciar su economía

Un trabajador prepara con el tractor la tierra para el cultivo en áreas de la Cooperativa de Crédito y servicio Abel Santa María Cuadrado, en el municipio de Alquízar, en la occidental provincia de Mayabeque. Las autoridades de Cuba valoran, al menos en el ámbito agrícola y de modo experimental, fomentar cooperativas de segundo grado, una decisión postergada al menos desde hace un quinquenio.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

LA HABANA 30 jun.-  Cuba podría disponer de un ecosistema de cooperativas que estimule la producción, respalde el desarrollo local y afiance la economía social y solidaria, a juzgar por recientes anuncios del gobierno que apuntan a incentivar estas formas productivas.
Aún se desconoce el alcance de la reforma del sector, pero ya se adelanta que cuanto más audaces y rápidas sean la medidas para fomentar nuevas cooperativas y sus alianzas, sobre todo orientadas a la producción de alimentos, mas significativos serán los beneficios para una ciudadanía con una insatisfecha demanda de bienes de consumo.
Este país insular caribeño gasta anualmente más de 2000 millones de dólares para adquirir 80 por ciento de sus alimentos en mercados internacionales, por lo cual mejorar su disponibilidad interna se considera un asunto de seguridad nacional.
Las cooperativas “generan fuentes de empleo, permiten diversificar la producción o los servicios, aumentan la productividad y competitividad, y ayudan a ‘oxigenar el sistema empresarial’”, consideró Natacha Mesa, profesora titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Mesa valoró a IPS como positivo el impacto de estas formas productivas en el desarrollo territorial, y agregó que “sus efectos, en primera instancia, han de ser endógenos; es decir, percibidos en la localidad donde tienen ubicado su domicilio social”.
Cuba carece de una Ley General de Cooperativas, un reclamo de larga data para ordenar en un solo cuerpo jurídico lo relacionado con el sector.
El decreto-ley 365/2002 constituye el soporte legal para el ejercicio de las cooperativas agropecuarias, mientras el decreto-ley 305/2012 y otras normas regulan el funcionamiento con carácter experimental de las cooperativas no agropecuarias (CNA).
Un vendedor organiza sus frutas en un puesto en una calle del Centro Histórico de La Habana Vieja, en Cuba. El fomento de cooperativas y sus alianzas, sobre todo las de producción de alimentos, reportaría significativos beneficios para un país que importa 80 por ciento de su comida y donde se pierden cada año un significativo porcentaje de cosechas por mala gestión.
La Constitución reconoce la cooperativa como una de las formas de propiedad en este país de 11,2 millones de habitantes, en el cual la empresa estatal socialista es catalogada como el sujeto principal de la economía.
Asimismo, la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo 2021-2026 las contempla como entidades económicas con personalidad jurídica de carácter empresarial.
Expertos resaltan la capacidad de estas formas de asociación voluntaria para ofrecer soluciones, a partir de materias primas y mano de obra en los territorios, con menos cantidad de recursos importados, ahorro y abaratamiento de costos.
Desde la década de los años 60 y hasta la de los 90, las autoridades cubanas priorizaron las cooperativas agrícolas, que hoy suman unas 4800 y reúnen a más de 447 000 cooperativistas, indican datos oficiales.
Según estadísticas, aportan más de 80 por ciento de la producción de origen vegetal, cerca de 40 por ciento de la cárnica y 70 por ciento de la láctea.
“Son una forma colectiva de gestión que ha demostrado éxitos… constituyen un baluarte de la producción nacional de alimentos; y la intercooperación entre ellas es determinante, aspecto no desarrollado a plenitud”, argumentó en diálogo con IPS el economista Armando Nova, profesor de la Universidad de La Habana.
En el caso de las CNA llegaron a constituirse más de 400, como parte de un experimento que inició en 2012, y lastrado en algunos casos por indisciplinas, transgresiones de la legalidad y de los principios cooperativos, así como deficiencias en los registros contables, entre otros factores, han reconocido autoridades.
Además, para autorizarlas en sectores como la construcción, el transporte, la gastronomía y la actividad contable, entre otros, se diseñaron procesos engorrosos y burocráticos; asimismo, se vulneró en muchos casos el principio de la voluntariedad para formar parte de ellas, observan investigadores.
Pese a tales deficiencias, el Consejo de Ministros las consideró viables, anunció el fin del experimento y dispuso autorizar nuevas entidades de una manera gradual en todos los sectores en los cuales ya funcionan, excepto las de la construcción.
La decisión comunicada el 2 de junio forma parte del denominado “perfeccionamiento de los actores de la economía cubana”, que mantiene pendiente para una fecha sin precisar, la emisión de normas jurídicas que pautarán el funcionamiento de las empresas estatales, cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el trabajo autónomo.
El día 21, la página de la Presidencia cubana informó sobre la necesidad de disolver o fusionar un grupo de cooperativas agropecuarias; crear un Instituto de fomento y desarrollo cooperativo, así como fortalecer el marco legislativo para el cooperativismo.
Ocurrió tras una reunión del presidente Miguel Díaz-Canel y otros miembros del gobierno con científicos y expertos en materia agropecuaria y producción de alimentos.
Una modista organiza diversas prendas de vestir en el interior de un atelier gestionado por trabajadores privados, en La Habana. La investigadora Natacha Mesa plantea que las nuevas normas jurídicas para el fomento de cooperativas en Cuba, debe ser paralelo al del sector de las mipymes
De acuerdo con el reporte, un estudio en el cual participaron 17 instituciones evidenció que dos tercios de las cooperativas agropecuarias presentan una situación económica desfavorable; otro grupo significativo usan la tierra ineficientemente o se encuentra mal insertadas en las cadenas productivas, lo cual les impide cerrar ciclos.
Además, se detectaron otros problemas como la subvaloración de la autonomía de las cooperativas; vacíos y contradicciones legislativas sobre sus interacciones con los actores económicos de su entorno; y la ausencia de programas de formación, desarrollo y educación cooperativa, señaló la fuente.
“Una solución real práctica es sustituir el actual modelo de gestión económico productivo por uno nuevo, desde el municipio hasta los niveles superiores, en busca de la autonomía que necesitan los productores, no solo los cooperativistas, y eliminar los intermediarios innecesarios”, argumentó Nova.
Economistas insisten desde hace años en la urgencia de liberar las fuerzas productivas y prescindir de mecanismos que, en la centralizada economía cubana, influyen en la pérdida de cosechas e incapacidad para manejar los excedentes provenientes del agro, procesarlos y preservarlos.
Además, abundó el experto, desde 2019 “se observa un aumento de la centralización y reducción de la autonomía de las cooperativas”, debido a normativas que refuerzan el control y dependencia a empresas estatales.
Las cooperativas cubanas tampoco escapan a la falta de piezas e insumos, limitaciones para las compras en un mercado mayorista y obstáculos financieros derivados del embargo –conocido internamente como bloqueo- vigente desde 1962 por el gobierno de Estados Unidos.
“En el contexto actual, considero que las condiciones son propicias para un florecimiento de las cooperativas”, argumentó Mesa, aunque, subrayó, resultará necesaria “una correcta aplicación de la ley para que logren ser efectivas”.
Tal despegue, enfatizó la especialista, “debe efectuarse en paralelo a la puesta en vigor de las mipymes (para que) las personas naturales cubanas, puedan elegir atendiendo a sus necesidades y a las características de su negocio, cuál es la forma jurídica organizativa idónea”.
Según lo anunciado, las autoridades también valoran al menos en el ámbito agrícola y de modo experimental, fomentar cooperativas de segundo grado, otra de las decisiones postergadas al menos desde hace un quinquenio.
Las cooperativas de segundo grado se constituyen a partir de varias cooperativas primarias con el objetivo de brindar servicios, colaborar con autoridades y organizaciones locales, así como atender necesidades de orden logístico, capacitación, comercialización u otras.
El Año internacional de las cooperativas, en 2012, resaltó el potencial de estas formas para reducir la pobreza, crear empleos, apoyar la integración social e impulsar el tránsito hacia una economía socialmente responsable, a partir de valores para la toma de decisiones como la democracia, autoayuda, equidad, igualdad y solidaridad.
En el caso cubano, el futuro marco legislativo tendría retos adicionales como la posibilidad de priorizar, o no, la comunicación de la identidad del cooperativismo, la enseñanza de sus principios en centros de estudio, incentivar la cultura cooperativa, además de otorgar posibles beneficios económicos y fiscales para aquellas que asuman prácticas agroecológicas, así como sociales y ambientalmente responsables.

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