derechos políticos

El derecho al libre albedrío

Desde que Eva convenció a Adán de morder la manzana del Paraíso, la voluntad de los humanos de ejercer su libre albedrío llenó de ira a los dioses y sus representantes: sacerdotes, monarcas y servidores. En la Cuba actual parece reproducirse esta pugna milenaria. Según muchos piensan, el pueblo de la Isla solo actúa si ejecuta órdenes; para unos, las provenientes del gobierno cubano; para otros, del estadounidense.
Si para el Gobierno/Partido/Estado los protestantes del 11-J eran «mercenarios pagados por el Imperio», ciertos opositores tradicionales perciben a quienes se manifiestan a favor del modelo como «obligados por el Estado», que los mantiene a condición de que permanezcan tranquilos y obedientes, como el buey manso del poema martiano Yugo y Estrella.
Ambas posturas reflejan una visión elitista y soberbia y un desprecio manifiesto por los hombres y mujeres del pueblo, al que dicen servir pero al que consideran incapaz de expresar directamente sus más caros deseos y aspiraciones por considerarlo más un rebaño de carneros que una multitud de individuos que ejercen su libre albedrío. ¡Qué casualidad que para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente!
«(…) para los soberbios siempre los que actúan por encargo de sus jefes son los que piensan diferente» (Foto: Estudios Revolución)
El 11-J sacó a la calle a tantos cubanos y cubanas de todas las edades y profesiones, que no bastaría el presupuesto de la CIA/USAID para pagarles el servicio. Puede haber existido un grupo de instigadores de lo acontecido, ladrones que aprovecharan para vandalizar donde único hay algo —las tiendas en MLC— y extremistas que atacaran a policías y hasta un hospital, pero la inmensa mayoría de los manifestantes expresaban sus más caras aspiraciones gritando pacíficamente en un arrebato de libertad. 
Casi todos los que hallan en el 11-J la expresión de un plan urdido en la sombra por una red de espías, lo hace por tres factores concomitantes: la estupefacción ante una explosión social sin antecedentes luego de 1959; la larga historia de agresiones y planes subversivos aupados por el gobierno de los Estados Unidos para acabar con la Revolución; y la incapacidad para asumir que alguien en Cuba se atreva a salir a la calle por propia voluntad a expresar opiniones políticas contrarias al gobierno.
Los dos primeros son hechos, el tercero es expresión de la eficacia con que han funcionado durante décadas los aparatos ideológicos del Estado —sistema de propaganda, escuela, prensa, medios de difusión, etc.— para imponer un sentido común acorde a sus intereses hegemónicos. A medida que lo ocurrido sale a la luz en vídeos, entrevistas y testimonios, todo parece indicar que la desesperación ante la situación existente, la agudización de la pandemia y la falta de concreción de los derechos plasmados en la Constitución de 2019, compulsaron a miles de personas a salir a las calles imponiéndose a sus miedos acumulados.
El agravamiento sostenido de la crisis, y sus consecuencias sobre los sectores más humildes y preteridos por las medidas tomadas —sobre todo las vinculadas a la venta de artículos de primera necesidad en tiendas en MLC y la consiguiente subestimación del peso cubano—, crearon el caldo de cultivo para este grito de los obstinados.
«Yo soy yo y mis circunstancias. Y si mis circunstancias cambian, cambio yo», decía Ortega y Gasset. Por eso no fue casual que los lugares donde se suscitaron las mayores protestas sean localidades y barriadas pobres, como puede apreciarse en los vídeos que proliferan en internet. De ahí que el Gobierno/Partido/Estado deba estipular medidas que favorezcan el consumo popular, no solo con el incremento de la producción nacional, sino también de las importaciones por vías que no sean las empresas comerciales monopólicas estatales, sancionadas por Trump y con sus arcas exhaustas.

Múltiples iniciativas se han propuesto. Todas implican superar el anacrónico monopolio estatal del comercio exterior, elemento del modelo que en seis décadas de funcionamiento ha demostrado su incapacidad para gestionar las necesidades de una economía abierta como la cubana, más allá de establecer enormes contratos con poderosos socios extranjeros —casi siempre de países aliados— que resultan obsoletos en la actual dinámica de la economía mundial y cubana en particular. También aquí es preciso confiar en el libre albedrío de los productores nacionales —estatales, cooperativos y privados— para escoger los proveedores y compradores extranjeros que mejor satisfagan sus intereses y las demandas del país.
Más allá de la implementación definitiva y eficaz de esta y otras reformas económicas pendientes, para que las protestas callejeras no se repitan y el país no entre en una espiral de violencia que no sería beneficiosa para nadie que quiera de veras a Cuba, hay que trazar una hoja de ruta conjunta del Estado y la sociedad civil.
Entre sus tareas deberían priorizarse el respeto y legalización de la libre expresión de las ideas políticas mediante una norma jurídica que establezca el procedimiento para hacerlo. Al mismo tiempo, determine los deberes y derechos de los participantes y de las fuerzas del orden que los protegerán e impedirán cualquier tipo de excesos.
Aunque la ANPP tiene su propio calendario legislativo, en el cual la implementación de los derechos de manifestación y reunión estaba prevista para septiembre de 2020 y fuera pospuesta por la pandemia, es preciso que los diputados se ocupen con urgencia de adelantar su discusión, aprobación y puesta en práctica. Es una deuda de los legisladores con sus electores, que son tanto los que salieron el 11-J a protestar pacíficamente, como las víctimas de actos violentos, los golpeados y encarcelados y sus represores.
También un compromiso para honrar los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Cuba es signataria. Más aún, llevar el derecho al libre albedrío político al cuerpo de la ley es una deuda con Martí quien previniera: «De nada servirían la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran; si todavía tuviera el pensamiento sobre sus espaldas el látigo de la censura».[1]
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[1] “Los tiempos se acercan”, El Socialista, México, 11 de junio de 1876, OCEC, T2, p. 274.

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El 11J en Cuba: contextos, circunstancias y escenarios

Manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorren las inmediaciones de la sede de la Asamblea Nacional de Cuba, en el paseo del Prado de La Habana, durante las protestas antigubernamentales estalladas el 11 de julio en el país insular caribeño.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS

LA HABANA, 20 jul.- Las manifestaciones del domingo 11 de julio a lo largo y ancho del territorio cubano no deberían haber sorprendido. Los cubanos llevaban meses sufriendo penurias cada vez mayores. Algo tenía que pasar.
A pesar de los numerosos errores e insuficiencias de la política económica, algunos reconocidos por Raúl Castro, el propio presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes, hasta ese día, se mantenía incólume la percepción, ahora puesta en duda, de que el gobierno cubano controlaba la situación, pues había heredado suficiente capital político y margen de maniobra.
Bastaba con apelar a la continuidad en la defensa de la soberanía y de las conquistas sociales de la Revolución. Se aceptaba algo que es solo parcialmente cierto: las excepcionales dificultades sufridas en los últimos meses se deben al bloqueo y a la pandemia, que era manejada con mucha solvencia. El tiempo estaba de su parte y podía llevar a cabo las reformas prometidas en el 2011 sin prisa, pero sin pausa, aunque a veces estas últimas parecían ser muy largas.
El 11 de julio cambió todo eso.
No cabe duda de que el detonante de la mayoría de estas manifestaciones y disturbios fue la campaña de desinformación y promoción del estallido social que se realiza persistentemente en las redes sociales desde fuera de Cuba, con apoyo de financiamientos de Washington.
Se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional, que impacta sobre todo en jóvenes y especialmente en barrios empobrecidos. Esa campaña se combina de manera perversa con las propias medidas coercitivas unilaterales o bloqueo. Pero si esa campaña fue el detonante, también es cierto que no habría sido efectiva si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores:
-el deterioro de la situación social en barrios empobrecidos (algo que no es nuevo pero que se ha agudizado en años recientes y no solo por la pandemia);
-el aumento de las enormes dificultades para conseguir alimentos, que las autoridades han sido incapaces de resolver;
-debido a los últimos brotes, especialmente en Matanzas, la falsa sensación de que el gobierno pudiera no ser tan eficiente como parecía en el manejo de la pandemia, tanto en su aspecto preventivo (vacunas y candidatos vacunales) como asistenciales (control de contagios y letalidad);
-una ineficiente estrategia comunicativa;
-una tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
El gobierno cometió y sigue cometiendo el error de subestimar y hasta ignorar que sus propias acciones o falencias, percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano. Se ha aferrado a la narrativa de que el estímulo exógeno al estallido social es el único o al menos el principal causante.
A una semana escasa del 11 de julio, se observa a las autoridades intentando operaciones de control de daños. Pero ese esfuerzo sigue siendo incompleto o mal dirigido.
Carlos Alzugaray.
Para continuar por ese camino es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender los internos.
Ante todo, tiene que acometer con urgencia las reformas prometidas y garantizar que las mismas mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Las colas para alimentos se han convertido en un suplicio para cualquiera.
Un problema adicional que complica la situación es cómo contener a los elementos criminales que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios violentos sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión excesiva contra manifestantes pacíficos.
Una de las primeras manifestaciones, la acontecida en San Antonio de los Baños, parece haber sido de estas, una protesta pacífica, como confirmó la presencia del presidente Díaz-Canel en esa ciudad ese día. Se trataba en gran medida de ciudadanos descontentos por penurias adicionales no adecuadamente justificadas por las autoridades.
Dentro de la sociedad cubana la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.
En cuanto a la estrategia de comunicación debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perder aún más de éstos. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento que todo se debe al bloqueo, más allá de que sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en los propios conduce a una pérdida aún mayor de credibilidad
Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes. El primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos.
El segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019.
Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de “centrista”, que se intentan convertir en sinónimo de contrarrevolución.
Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todo el que se sumó a las protestas, calificándolos de “anexionistas”, criminales o “confundidos”. No todo el que participó cabe en esas descripciones ambiguas.
Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado.
A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus críticas.
Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También hay la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión.
A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas fueron claros disturbios, ni de cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente.
Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de acosar al liderazgo cubano sin importarles más nada.
No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es lícita y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que “la calle pertenece a los revolucionarios”.
Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el estado socialista de derecho.
En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno norteamericano, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.
Es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no sólo por la pandemia.
Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos.
Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.

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