El anuncio del Departamento de Estado el 16 de mayo bajo el rótulo de “Medidas de la administración Biden para apoyar al pueblo cubano” ha sorprendido favorablemente a la mayor parte de los observadores que siguen de cerca la política norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, cuando se analiza el contexto y los antecedentes y se examinan los cuatro paquetes de disposiciones con más detenimiento, no resultan ser ni tan imprevisibles ni mucho menos tan significativas.
Detalles más, detalles menos, constituyen esencialmente un primer paso, asaz restrictivo, encaminado a cumplir lo que el actual presidente se había comprometido a hacer durante la belicosa campaña electoral del 2020 en la que se había enfrentado a quien consideraba su enemigo político número uno, Donald Trump. Este último, recordémoslo, había arremetido con perversidad y saña, dirigida por igual contra la administración Obama-Biden y contra el pueblo y gobierno cubanos, para “cancelar” (según sus propias palabras) aquel trascendental logro diplomático conjunto que fue el inicio, en diciembre del 2014, de un proceso de normalización de relaciones entre los dos vecinos asimétricos.
Lo que debe sorprender y ser censurado es que durante 16 meses el demócrata se negara a cumplir lo que prometió en el 2020, aduciendo todo tipo de excusas cada una menos creíble que la otra: Cuba no es prioridad; y se está revisando la política.
Esas frases ocultaban una realidad tan cruda como carente de ética política. Como se sabe en Washington y en Miami, el senador demócrata de origen cubano, Bob Menéndez, se oponía de plano a cualquier paso que significara el regreso a la política de Obama, hacia la cual siempre manifestó el mismo rechazo que su homólogo republicano, Marco Rubio. Y Menéndez tiene a su favor dos importantes bazas, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y su voto es imprescindible para Biden en una Cámara Alta dividida exactamente a la mitad. Usó esas palancas sin ningún recato y la administración se plegó, en un comportamiento que demostró escasa valentía y lucidez políticas.
En resumen, dadas las peculiaridades del sistema político norteamericano, dos presidentes (Trump en el 2017-2021; Biden en el 2021-2022) delegaron la política exterior hacia un país vecino en un Senador (Rubio bajo Trump; Menéndez bajo Biden) y permitieron que la misma se hiciera en base a los intereses individuales de ambos políticos. Las preferencias de cientos de miles de ciudadanos norteamericanos y cubanoamericanos fueron así ignorados inescrupulosamente.
Pero al grano. ¿Qué motivó esta movida que parece súbitamente preñada de realismo?
La clave puede estar en la primera frase del “Fact Sheet” publicado por la Cancillería estadounidense en la que se dice: “Hoy, los Estados Unidos están tomando una serie de medidas para incrementar el apoyo al pueblo cubano en línea con nuestros intereses de seguridad nacional.” Junto a la hipócrita frase de que las medidas están encaminadas a “incrementar el apoyo al pueblo cubano” aparece ahora la expresión “en línea con nuestros intereses de seguridad nacional”.
Como en ocasiones anteriores, una crisis migratoria ha planteado nuevamente a Washington la necesidad de intercambios diplomáticos del más alto nivel con La Habana y así sucedió el pasado 21 de abril, como escribí aquí hace poco más de dos semanas.
Pero el entorno diplomático se ha complicado aún más para Estados Unidos con el conflicto surgido entre Biden y sus homólogos hemisféricos alrededor de las exclusiones de la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles a principios de junio. Como se sabe, la Casa Blanca se ha propuesto celebrar el cónclave sin la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a lo cual se oponen varios presidentes de la región, en primer lugar el de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que si no están todos no asistiría.
Una vez más la pretensión norteamericana de aislar diplomáticamente a Cuba (y, en este caso, Nicaragua y Venezuela además) choca con la realpolitik. Una vez más la realidad destruye las ilusiones de que la política hacia Cuba pasa exclusivamente por los intereses de los políticos cubanoamericanos de Miami.
No se puede decir que los temas que abarcan los cuatro paquetes de medidas sean insignificantes. Algunos van dirigidos a responder demandas que se originan sobre todo entre votantes cubano americanos como es el restablecimiento del programa de reunificación familiar y el de eliminar el límite de 1000 dólares trimestrales a las remesas de estos a sus familiares en Cuba.
Pero hay dos que estimulan a sectores netamente cubanos: la autorización a los viajes de norteamericanos llamados de “pueblo a pueblo” (no turísticos) a Cuba, que en el 2014-2016 estimularon al sector de servicios de hospedaje, hotelero y gastronómico cubano; y facilidades para ciertas inversiones en el sector privado cubano, precisamente cuando las autoridades de la isla lo estimulan.
El gobierno cubano, con razón, lo ha apreciado como un paso limitado, pero en la dirección correcta. Pero quizás quién lo ha calificado mejor es el Senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, quien lo ha tildado de tímido, pero bienvenido.
Como siempre ha sucedido en el pasado, las medidas dejan muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, cómo se va a resolver el envío de remesas si se tiene en cuenta el número de instituciones financieras cubanas que están en las famosas listas negras del Departamento de Estado; o para cuándo podrá regularizarse el normal funcionamiento de la Sección Consular de la Embajada en la Habana lo que permitiría a los cubanos hacer lo que ciudadanos de otros países hacen ordinariamente, aún con enormes obstáculos: solicitar la visa directamente en la representación norteamericana que le queda más cerca, la que está en su país.
Estas disposiciones no modifican en lo esencial las medidas coercitivas unilaterales que pesan hace más de 60 años sobre la Isla. Por otra parte, ni siquiera se hace referencia a dos de las medidas más arbitrarias que tomó Donald Trump: volver a incluir a Cuba sin motivo alguno a la “lista de estados promotores del terrorismo”; y activar el título III de la Ley Helms Burton que todos los presidentes que lo precedieron se habían negado a hacer.
Lo que sí es obvio, a juzgar por la frase final del “Fact Sheet” emitido por la Oficina del Vocero del Departamento de Estado, es que la administración quiere trabajar de forma “expedita” y que se aspira a que las nuevas regulaciones se elaboren en un corto período de tiempo. Dice así: “La administración está trabajando de forma expedita para ejecutar los cambios, que serán implementados a través de pasos y cambios regulatorios que los Departamentos y Agencias harán relevantes en un corto período de tiempo.”
Esta formulación parece indicar que la administración no dará tiempo a los adversarios del cambio a que se muevan para impedirlos. Incluso el propio tono de una declaración que emitió la oficina del Senador Menéndez parece ser el de resignación.
El hecho de que Biden, después de largos meses de procrastinar, haya decidido acometer finalmente estos cambios, aunque tímidos, 6 meses antes de las elecciones de noviembre, puede ser leído de muchas formas. Pero una que resulta evidente es que, aunque en definitiva pierdan sus respectivas carreras electorales, los candidatos demócratas en distritos con numerosos votantes cubanoamericanos en el sur de la Florida podrán ahora defender una política que no es la de Trump, sino la del presidente de su partido. Por lo pronto ya algunos “Cuban-Americans for Biden” están proclamando que el presidente acaba de recuperar sus votos.
Otra consecuencia interesante es la que tiene que ver con dos medidas que favorecen el sector privado de la economía cubana. Esto es muy claro en la decisión de restablecer las visitas de pueblo-a-pueblo que han sido uno de los motores propulsores del sector de la hostelería. Pero también hay todo un párrafo que se propone facilitar pagos y movimientos financieros para cubanos emprendedores. Aunque no es muy evidente cómo esto se materializará dado el carácter abarcador de las medidas coercitivas específicamente en el terreno financiero.
El restablecimiento de los viajes de grupos, aún dentro de las limitadas categorías existentes, estimulará a los operadores norteamericanos para hacer trabajo de lobby a favor de su expansión, por ejemplo en el área de los cruceros.
Con este paso, los funcionarios que en el Departamento de Estado, de Comercio, y del Tesoro, apoyaron la política de Obama, tendrán una razón más para enfrentar y neutralizar no sólo a Menéndez, sino también a Rubio y a los congresistas republicanos cubanoamericanos del sur de la Florida, pues saben que la decisión de la Casa Blanca es retomar el camino que se abrió en el 2014-2016.
Asimismo, el gran grupo de congresistas mayoritariamente demócratas pero también republicanos, que han firmado cartas apoyando el regreso a la política de Obama, tendrán motivos para reanimar sus iniciativas favorables al levantamiento de las sanciones.
Los avatares de la irracional y vengativa política de Estados Unidos hacia Cuba han acostumbrado a los cubanos a esperar muy poco de Washington. Este paso no cambia esa percepción. Puede ser a la vez el tímido inicio de un eventual deshielo o más de lo mismo. Pero, reconozcámoslo, es lo que es y ahí está. Por ello, es más positivo verlo como una oportunidad, sin hacerse ilusiones.
Los cubanos de aquí y de allá, partidarios o no del gobierno, nos haríamos un pobre favor si no aprovecháramos esta nueva oportunidad para que, sin cejar en nuestro reconocido espíritu de resiliencia, buscáramos la forma de que las cosas vuelvan a orientarse por el camino que iban hasta principios del 2017.
