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Presidente de Brasil recurre a senador de centroderecha para tratar de levantar su popularidad

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya popularidad se ha desplomado en medio de la continua crisis de la COVID-19 por acusaciones de corrupción, nombró a un senador del bloque más grande del Congreso como su nuevo jefe de gabinete. El senador Ciro Nogueira, líder del Partido Progresista de centro- derecha (PP), tuiteó el martes que había aceptado. Se espera que preste juramento esta semana en sustitución de un general retirado. “Acabo de aceptar la honorable invitación del presidente Jair Bolsonaro”, dijo Nogueira en Twitter.La movida ocurre mientras el presidente asediado busca aliados para protegerse de los pedidos del Congreso para su juicio político y de una investigación del Senado sobre presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra la COVID-19 por parte del gobierno.Nogueira pertenece al mismo partido que el presidente de la Cámara de Representantes, Arthur Lira, quien se ha negado a aceptar docenas de solicitudes de juicio político presentadas contra Bolsonaro. Durante las últimas semanas, los brasileños han protestado contra el manejo de la pandemia por parte de Bolsonaro: la COVID-19 ha causado la muerte de más de 550 500 personas en la nación sudamericana, según datos de la Universidad Johns Hopkins.El senador Nogueira enfrenta varios procesos judiciales por sospechas de corrupción. El senador Ciro Nogueira. Foto: Alnavio.Por primera vez desde que comenzó la crisis, una encuesta a principios de este mes mostró que la mayoría de los brasileños apoyaba un esfuerzo legislativo para acusar a Bolsonaro, un escéptico de COVID-19 que habitualmente ha minimizado la gravedad del coronavirus.El político de extrema derecha ha rechazado los llamados para imponer medidas de salud pública a nivel nacional, insistiendo en que esas restricciones dañarían la economía. «Estamos protestando por muchas cosas: la minimización de la pandemia por parte del gobierno, el rechazo por parte del presidente de las medidas de seguridad sanitaria, el lento lanzamiento de las vacunas», dijo una manifestante en Río de Janeiro el 24 de julio.Miles de personas se manifestaron en todo Brasil ese día para exigir el juicio político de Bolsonaro. Una comisión del Senado brasileño inició en abril pasado una investigación sobre el manejo de Bolsonaro de la crisis de la COVID-19, mientras que recientemente también surgieron preguntas sobre supuestas irregularidades en el proceso de adquisición de la vacuna contra el coronavirus y como acusaciones de corrupción en el pasado.PublicidadBolsonaro ha negado las acusaciones, pero su popularidad ha caído. Las encuestas de opinión muestran que Bolsonaro sería derrotado fácilmente por el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales programadas para el próximo año, si la votación se realizara hoy.

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Al descubierto: Florentino Pérez y el fracaso de su modelo de Estado

Florentino Pérez. Foto: Getty Images.Los audios filtrados de Florentino Pérez, además de reflejar el mal carácter de uno de los empresarios más importantes de España, también ha atestiguado su enorme influencia en ámbitos tan alejados del fútbol como en los propios medios de comunicación. Sin embargo, su figura ya era controvertida mucho antes, por lo que conviene rescatar y recordar alguna de sus más terribles influencias.
Desde comienzos de los 90, Madrid ha servido de laboratorio de las teorías económicas neoliberales para la derecha española y de ejemplo práctico para el proyecto más amplio de una “nueva España”, con el resultado de un vaciado progresivo de los recursos y las capacidades del Estado.
A la vanguardia de los que impulsaron este proyecto se encuentran el expresidente José María Aznar, la expresidenta de la Comunidad de Madrid caída en desgracia, Esperanza Aguirre, y el multimillonario presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El catastrófico fracaso de la atención en Madrid ha sido también el fracaso de su modelo de Estado.
Madrid ha sido uno de los epicentros de la pandemia de la COVID-19 en Europa, con más de 15.000 muertes registradas en la capital española. Sin embargo, incluso este número de víctimas no consigue reflejar la magnitud total de la tragedia. En las saturadas residencias de ancianos de la región han fallecido más de 6.000 personas, usuarios de los servicios de atención a mayores, que normalmente no se incluyen en las estadísticas oficiales.
Cuando a finales de marzo el ejército acudió a desinfectar algunos de estos centros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo unas declaraciones en las que afirmó que los soldados habían descubierto a los residentes “totalmente abandonados”, “residiendo en condiciones extremas”, y hasta algunos habían sido encontrados “muertos en sus camas”.
Los trabajadores de una residencia, propiedad del proveedor internacional de servicios DomusVi, alegaron que los dueños estaban ocultando cuerpos de forma intencionada para “camuflar la realidad” del brote allí.
En otro caso, el sindicato CC.OO. publicó un vídeo del personal que trabajaba para la empresa francesa Orpea, en el que los empleados hablaban de “encubrimiento, chantajes y amenazas” por parte de la gerencia de una residencia en la que oficialmente había solo un caso del virus, pero en el que los trabajadores creían que 16 residentes habían muerto en un brote que se había extendido durante 10 días.
Tres décadas de privatización y subcontratación han dejado a Madrid con solo 25 residencias de ancianos totalmente públicas de un total de 426, y gran parte del resto del sector está dominada por un pequeño número de empresas. Una escasez crónica de personal y medios dieron como resultado que el servicio ya estuviera sometido a una carga excesiva antes de que comenzara la pandemia.
Carmen López, del grupo de presión Marea de Residencias, explicó en declaraciones a El País que “para [muchas de estas empresas] un anciano es un valor con el que especular. El personal [que contratan] está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios básicos”.
Hay muchas personas a las que se podría culpar. El gobierno regional que dirige el Partido Popular (PP), encabezado por Isabel Díaz Ayuso, no cumplió su temprana promesa de “medicalizar” las residencias, lo que habría permitido a los residentes recibir tratamientos de emergencia directamente en los centros.
La respuesta de la Comunidad de Madrid a la pandemia fue tardía, y luego impuso una de las cuarentenas más estrictas de Europa. También se ha planteado el asunto de la negligencia criminal de algunas residencias concretas, que ha llevado a que la policía investigara a cuarenta centros en Madrid.
Junto a esto, se sabe que se negó el traslado de mayores con COVID19 a hospitales y, el segundo, que aquellas personas enfermas que poseían seguro privado sí que fueron trasladadas. Al parecer, todo obedecía a protocolos aprobados por la Conserjería de Salud, en manos del Partido Popular después de que se la arrebatara a Ciudadanos. Se han descubierto incluso correos electrónicos internos que justificaron estas directrices.
Sin embargo, más allá de todos estos factores, hay un claro fallo sistémico. Desde comienzos de los 90, Madrid ha estado aplicando una política de recortes presupuestarios, rebajas fiscales a clases altas y privatizaciones de servicios públicos en un ensayo del modelo neoliberal que buscaban aplicar a toda la geografía de España, impulsado por la influencia de la Escuela de Chicago en Estados Unidos y en Europa y en España desde FAES y personalidades como Aznar, Aguirre o el propio Florentino.
A medida que el número de muertos aumentaba en Madrid, el 9 de abril Ayuso finalmente se movió y decidió tomar el control de las 13 residencias en las que se concentraba el mayor número de muertes, entre las que se encontraba, junto a los centros propiedad de DomusVi y Orpea, el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía.
Este centro, que está operado por Clece, una empresa que forma parte del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, ha despedido, solo el año pasado, a tres cuidadores que denunciaron ante las autoridades la falta de suministros sanitarios básicos y unas condiciones de trabajo insalubres.
Asimismo, los sindicatos denunciaron la reducción unilateral de los sueldos de los cuidadores de ese centro, y de los otros dos centros públicos subcontratados que dirige en la capital.
Florentino Pérez, que es más conocido internacionalmente por encabezar la política de traspasos de galácticos (o superestrellas) en el Real Madrid C.F., ha convertido a ACS en una de las constructoras más grandes del mundo. De hecho, es la primera del mundo en términos de ingresos generados fuera del territorio de origen de la empresa.
La lógica de este modelo de negocio está clara: mermar las condiciones de trabajo (de los empleados, que son en su mayoría mujeres) y la calidad de los servicios públicos básicos para obtener unos beneficios desorbitados. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg del extenso Grupo ACS, que, como muchas otras empresas de construcción e infraestructuras de España, se transformó en un actor global gracias a la generosidad del Estado durante los años de la bonanza económica de España antes de 2008.
Después de ser elegido presidente en 1996, Aznar inició una oleada de privatizaciones, de la expansión de los mercados de capital estatales y de la creación de un nuevo motor de crecimiento para la economía, basado en las finanzas y la construcción.
Sin embargo, como señala el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, no se trataba solo de establecer una agenda de reformas en favor del libre mercado, sino que la ambición de Aznar se basó más bien en garantizar la hegemonía permanente de su modelo de Estado, un modelo que perduraría “a largo plazo, más allá de su presencia en el gobierno”.
Con ese fin, adoptó una estrategia con una doble vertiente: por una parte, intentar generar un amplio consenso en torno a un modelo que prometía un acceso generalizado a la vivienda en propiedad y a una prosperidad individual y, por otro lado, organizar un nuevo bloque dirigente dentro de la clase capitalista, que estaría centrado y dependería del patronazgo del PP.
Para los conglomerados de la construcción, en particular, esta red de clientelismo significó poder acceder a dos recursos esenciales: contratos públicos y crédito siempre disponible, que llegaba a través de las cajas de ahorro regionales que estaban bajo control político.
En el caso de Florentino, los proyectos faraónicos de obras públicas que emprendió el PP (autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias para el tren de alta velocidad, etc.) supusieron la principal fuente de ingresos de la que se nutrió ACS.
De forma paralela, Caja Madrid, que estaba controlada por el lugarteniente de Aznar, Miguel Blesa, financió todo el proceso, desde la compra de millones de acciones de ACS (que llevó a la Caja a convertirse en el principal accionista de la empresa) hasta la financiación de fichajes clave para el Real Madrid, como por ejemplo el polémico préstamo de 76 millones de euros que la Caja concedió al club para fichar a Cristiano Ronaldo. Fue un momento en el que el crédito en la economía se congeló para la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas.
En 2003, cuando Aznar entraba en el último año de su presidencia, cinco de las diez constructoras con mayor capitalización bursátil en Europa eran españolas, y ACS ocupaba el primer puesto. En una economía cada vez más desindustrializada, la construcción era un sector en el que España podía proyectar su poderío a nivel internacional, igual que en el fútbol.
Y en Florentino los dos se entrelazaron en una fuerza irresistible con el palco presidencial en el estadio Santiago Bernabéu del Real, convirtiéndose en uno de los centros de poder e influencia en Madrid.
Sin embargo, antes incluso de que el estallido en 2008 de la burbuja inmobiliaria hiciera añicos la base del modelo de crecimiento español, las diversas modalidades de corrupción y clientelismo que se habían generado habían comenzado a erosionar las instituciones públicas del Estado.
Las diferentes investigaciones criminales que se llevaron a cabo en relación con la entrega de sobornos a cambio de contratos, y que incriminaban directamente al PP (con el resultado de la encarcelación de varios antiguos ministros y 3 extesoreros del partido), representaron la manifestación más venal de esta situación.
También se produjo un abuso sistemático de los fondos públicos, en particular en relación con los proyectos de infraestructura del Estado, con los que las empresas constructoras gastaron miles de millones de euros en gastos innecesarios.
La remodelación de la M-30 de Madrid, en la que ACS figura como uno de los tres principales contratistas, representa uno de los ejemplos más flagrantes. El coste final, que inicialmente se había presupuestado en 2.500 millones de euros, ascendió a más del doble: 6.500 millones.
Un informe publicado durante la presidencia de la posterior alcaldesa, Manuela Carmena, habló de “la connivencia (del anterior alcalde del PP, Alberto Ruiz-Gallardón) con las empresas contratadas para realizar las obras” y de “sobrecostes sin certificado o documento alguno que los justificara y millones de euros pagados por infraestructuras y servicios (de mantenimiento) que no existían o que nunca llegaron a completarse”.
Esa “connivencia” en algunos de los feudos del PP como Madrid era de carácter universal y constituyó una forma muy personal de gobernanza clientelar, hasta el punto de que Manolo Monereo llegó a describirla de forma memorable como “la trama”.
Una dinámica parecida se podía claramente observar también en el PSOE, con otros circuitos diferentes del poder económico. Pero en Madrid, la estrecha alianza que habían labrado el PP y el sector de la construcción dio como resultado que estas empresas consiguieran controlar una gran parte de las infraestructuras de la Comunidad, al hacerse con la gestión de competencias y servicios clave.
A nivel municipal, esto significó que los contratos de los principales servicios municipales (saneamiento, mantenimiento de parques de tratamiento de residuos, etc.) fueron cortados por los sospechosos habituales (ACS y otras tres empresas de construcción: FCC, Ferrovial y Sacyr), mientras que, en la región de Madrid, las principales competencias transferidas en materia de salud y educación fueron objeto de una forma desastrosa de comercialización.
En cuanto a las consecuencias para el sistema sanitario, Madrid tiene ahora el nivel más bajo de inversión en salud pública per cápita de todas las comunidades autónomas de España, a pesar de ser la segunda más rica. Además, en 2017, el 60% de todo el gasto en sanidad pública terminaba en manos de proveedores privados.
Un gran parte de todo esto es el legado de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre (2003-2012), quien, aunque no pudo disputar de frente la idea de la sanidad pública universal debido a su popularidad y a las reivindicaciones de varios movimientos sociales, pasó casi una década socavando la capacidad del sistema de salud pública para cumplir con su cometido.
Uno de sus récords más absurdos fue que, a pesar de haber construido 11 nuevos hospitales para el sistema público, mediante iniciativas de financiación privada (IFP), la comunidad terminó disponiendo de menos camas per cápita que antes de que comenzara la expansión en 2004, porque había plantas y hasta alas enteras que permanecían vacías.
El primero de estos proyectos de colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, que fue construido por una de las filiales de ACS y que también obtuvo un contrato a 30 años para administrar las instalaciones y gestionar todos los servicios no médicos. Eso hasta que Florentino vendió su participación en 2014 a un fondo de inversión holandés por 44 millones de euros. Otras grandes empresas constructoras involucradas en las PFI fueron Sacyr, FCC, OHL, todas implicadas en los escándalos de sobornos del PP.
Cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, se descubrió que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pagando por 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro que no existían. El hospital nunca llegó a entregar el número de camas que había prometido, aunque sí siguieron contando para calcular la financiación pública que estaba recibiendo.
En otros 7 hospitales públicos de gestión privada se produjeron situaciones similares, y la investigación de elDiario.es reveló que otras 250 camas en estos centros nunca se habían materializado.
Según un informe de Podemos que se encuentra en manos de la fiscalía, Madrid podría llegar a malgastar hasta 3 000 mil millones de euros salidos de los fondos públicos para cuando se terminen en 2035 los actuales contratos con las concesionarias. Sin embargo, Madrid cuenta con 6 000 profesionales de la salud menos que en 2007, como consecuencia de la austeridad.
Según explica la médica y diputada de Más País, Mónica García: “Esto han sido millones y millones que nos hemos ido dejando por el camino [con las IFP] y que ahora [en la pandemia] obviamente los echamos de menos… Esta es la parasitación de la privada dentro de la sanidad pública”.
Una relación igualmente parasitaria resulta evidente en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, donde una gran mayoría de los 400 centros privados se financia principalmente con fondos públicos.
Como señala el periodista Manuel Rico, la Comunidad de Madrid ofrece solo 55 euros por día y residente, y por eso solo los grandes proveedores con las necesarias economías de escala pueden competir por los contratos. A cambio, sin embargo, escatiman y “ahorran cada céntimo, en comida, suministros y personal”.
En el barrio obrero de Leganés, las consecuencias de esta búsqueda desaforada por obtener beneficios han resultado ser particularmente trágica, ya que 96 personas han fallecido en uno de los centros que gestiona una multinacional cuya sede se encuentra en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Durante los tres últimos años, ese centro obtuvo unos beneficios netos de 1 millón de euros, que enviaba a una de sus empresas inscritas en paraísos fiscales, mientras las familias han protestado repetidamente por el nivel de atención que recibían sus seres queridos.
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la crueldad del modelo asistencial madrileño, aunque a pesar del escándalo público que se ha levantado por el caos de las residencias de la Comunidad, para comenzar a cambiarlo haría falta enfrentarse a un bloque de poder económico muy arraigado, del que Florentino Pérez es la cara más visible.
Este bloque tampoco se limita a la capital, ya que la externalización y la privatización se generalizan, aunque de forma más desigual, en el sector de la salud en todo el Estado español.
Cualquier respuesta que se dé a los fallos sistémicos de la crisis de la COVID19 se enfrenta a varias limitaciones. En Madrid, por ejemplo, la derecha ha vuelto a ganar las elecciones, esta vez con el apoyo de la extrema derecha, y eso restringe cualquier tipo de reforma del sistema de residencias o la admisión de una disfuncionalidad generalizada en las competencias transferidas del sistema sanitario.
Es posible que haya regulaciones e inspecciones más estrictas, pero la tarea de impugnar el control que este bloque oligárquico tiene sobre el Estado español recaerá en la actual coalición PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional.
Desde Unidas Podemos, por ejemplo, se ha impulsado la nacionalización de los gigantes energéticos, otros de los principales actores de la red clientelar que estableció Aznar como se ha visto en las innumerables puertas giratorias, introducir impuestos a grandes fortunas, promocionar y blindar importantes medidas sociales como el IMV o también la investigación de la gestión de las residencias que, a pesar de que desde PP y Vox han echado siempre la culpa a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno y encargado de Asuntos Sociales, han decidido no aprobar dicha investigación.
Sin embargo, parece poco probable que desde su posición como socio menor de la coalición, Unidas Podemos pueda impulsar el proyecto de Estado alternativo al régimen neoliberal de España que siempre ha defendido. Si el fracaso de la atención en los asilos de Madrid apunta a la necesidad de cambios estructurales más amplios en todo el estado, estos seguramente no van a venir de un gobierno liderado por el PSOE.
Y aunque existiera la voluntad política, la mayor internacionalización del capital en el Estado español desde 2008, con la entrada de Blackrock en el accionariado de ACS y la llegada de los fondos de inversión extranjeros a los servicios sanitarios y sociales, deja la balanza de fuerzas aún menos favorable al entrar en una nueva crisis.
(Tomado de aldescubierto.org)

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Los brasileños regresaron a las calles para exigir destitución de Jair Bolsonaro

Entre las principales exigencias de los brasileños estaba el juicio político a Bolsonaro. Foto: Reuters.Miles de brasileños volvieron a salir a las calles, en diferentes ciudades del país, para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, por su pésima gestión de la pandemia y los escándalos de corrupción en los que ha se visto involucrado.
Esta fue la cuarta jornada de movilizaciones antigubernamentales en Brasil, convocadas por partidos políticos, organizaciones sindicales y movimientos sociales. Como en ocasiones anteriores, la mayoría de las más de 400 marchas en los diferentes estados se desarrollaron de manera pacífica.
Entre las principales exigencias de los brasileños estaba el juicio político a Bolsonaro, ayudas de emergencia para los más pobres afectados durante la pandemia y una mayor atención a los sectores de educación y salud. Algunas personas, además, expresaron su rechazo contundente a la corrupción en el país y a la privatización de algunas empresas públicas como Eletrobras.
Los manifestantes, que en gran medida usaban mascarilla e intentaban respetar las medidas de seguridad por la pandemia, también pidieron mayor agilidad en la campaña de vacunación contra la COVID-19.
En São Paulo, se cerraron algunas vías como señal de protesta y un grupo prendió fuego a una estatua. Asimismo, en Río de Janeiro se registró una gran afluencia de gente en las calles portando carteles con escritos como “Gobierno genocida” y “Fuera Bolsonaro”. Un grupo llamado Bloque Democrático aseguró que la jornada era “un día para unir al país en defensa de la democracia”.
La popularidad del presidente brasileño se ha visto mermada en los últimos meses por su gestión de la pandemia, que ya ha dejado cerca de 550.000 fallecidos y 19,5 millones de contagios en el país. Una de las principales críticas contra el ultraderechista ha sido la tardanza en negociar y comprar los fármacos inmunizantes.
(Con información de Russia Today)

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Fiscalía de Perú abre causa contra esposo de Keiko Fujimori

Mark Vito Villanela, esposo de la lideresa derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Foto: Twitter @Gestion_PeUn Equipo Especial de la Fiscalía Especial en Delitos de Corrupción, de Perú, dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela, esposo de la lideresa derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un presunto delito de lavado de activos.
Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante, Mark Vito Villanela, deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Superintendencia de Administración Tributaria, del país andino.
El equipo especial Lavajato dispuso el inicio de diligencias preliminares en su contra por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, entre agosto de 2018 y julio de 2021.

El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos (1/4) pic.twitter.com/kD6ZXndjZ7
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2021

De acuerdo a la acusación fiscal, esta nueva investigación está vinculada al blanqueamiento de dinero captado por una presunta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori y de la cual también sería integrante Mark Vito Villanella.

Igualmente, a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado. (3/4)
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2021

Esta es la segunda investigación por el mismo delito contra Villanella, luego que la primera pesquisa, también vinculada a su empresa, pero en un periodo distinto, finalizara con una acusación fiscal en su contra y un pedido de prisión por 22 años.
En ese caso, la Fiscalía ha solicitado 22 años y ocho meses de prisión para Vito. En ambos casos, también está acusada Fujimori, quien estuvo encarcelada hasta mayo del año pasado después de que la Justicia revocase la pena de prisión preventiva que cumplía desde principios de 2020 por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
(Con información de Telesur)

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Estados Unidos coloca a expresidente de Honduras en lista negra por corrupción

La administración Biden ha colocado al expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y a su esposa, Rosa Elena Bonilla Ávila, en la lista negra de supuestos corruptos, con prohibición de viajar a Estados Unidos debido a su importante implicación en actos de corrupción, indicó hoy martes un comunicado del Departamento de Estado.Lobo sustituyó al presidente Manuel Zelaya en 2010 tras el golpe de Estado militar que lo apartó del poder por desarrollar políticas de izquierda, según círculos militares y derechistas del país.Aunque Zelaya era un hombre considerado de derecha, se aproximó a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia, lo cual trajo el recelo del sector ganadero del país.Pero en una ironía del destino, Lobo –que se definía como un hombre conservador, que llegó a ser candidato presidencial contra Zelaya en 2005—, siempre ocultó una “mancha negra” en su currículo: fue estudiante de economía en la Universidad Patricio Lumumba, en los tiempos de la Unión Soviética, dato que confirmó a este reportero unos diez años atrás.Mientras ejercía el cargo, Lobo aceptó sobornos por parte de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo participó en importantes actos de corrupción a través del fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio personal, afirmó el Departamento de Estado.[embedded content]Aunque sus actos de corrupción minaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras, el expresidente Lobo aún no ha sido condenado. Rosa Lobo ha sido liberada de prisión en espera de un nuevo juicio.Estas designaciones se realizan de conformidad con la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.PublicidadEn virtud de esta autoridad, los funcionarios de gobiernos extranjeros involucrados en actos de corrupción y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar a Estados Unidos.El listado incluye también a familiares directos del expresidente: su hijo, Fabio Porfirio Lobo; su hija, Ámbar Naydée Lobo Bonilla; y el hijo menor de los Lobo.«Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y la indiferencia por el Estado de derecho que impide el progreso en Honduras. El Departamento seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y combatir la impunidad en la región y en todo el mundo», afirmó el Departamento de Estado.

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Los beneficios de las vacunas de Moderna terminan en paraísos fiscales, según investigación

Foto: Reuters.Por Yago Álvarez
Toda crisis es una oportunidad, dice el proverbio chino, y las farmacéuticas han aprovechado hasta la última gota de esta crisis para rentabilizarla, incluso la ingeniería fiscal. Según desvela una investigación realizada por la organización Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) y unos contratos filtrados, el fabricante de vacunas Moderna ha utilizado técnicas de elusión fiscal para trasladar sus beneficios a Suiza y al estado estadounidense de Delaware, conocido por sus laxas medidas fiscales para empresas.
El contrato filtrado muestra cómo los pagos a Moderna por parte de la Comisión Europea (CE) por las vacunas encargadas y posteriormente repartidas a los Estados miembro van a parar a una filial que la farmacéutica ha creado recientemente en Basilea, Suiza. El secreto bancario de Suiza imposibilita comprobar si la farmacéutica ha pagado impuestos en el país por el beneficio obtenido con las vacunas, así como el destino posterior de dichos beneficios.
Además de por su casi nula fiscalidad, el estado de Delaware también es el paraíso de las patentes. La hacienda pública del estado no grava los beneficios obtenidos de activos intangibles, como las patentes. Una técnica que es usada por muchas empresas en Europa mediante Países Bajos, que tiene una fiscalidad para activos intangibles muy parecida a la de Delaware.
Según apuntan desde SOMO, es altamente probable que la farmacéutica esté utilizando esas ventajas para derivar millones de euros de beneficios a Delaware a través del pago de cánones por el uso de las patentes de la propia vacuna por las filiales de Moderna.
“Como sociedad, pagamos tres veces”, afirma Vincent Kiezebrink, investigador de SOMO, que explica que “financiamos la investigación para el desarrollo de vacunas; pagamos precios inflados para comprar esas vacunas; y luego Moderna utiliza estructuras fiscales para evitar el impuesto de sociedades”.
La organización recuerda que la Unión Europea encargó a la empresa farmacéutica vacunas contra el coronavirus por valor de 10.300 millones de dólares y Estados Unidos encargó por valor de 7.500 millones de dólares. Además, se han encargado un total de 1.500 millones de dosis de la vacuna Moderna para 2021 y 2022, con 460 millones de dosis para la Unión Europea y 500 millones para Estados Unidos. Estos nuevos pedidos pueden conllevar un coste de 10.300 millones de dólares a Europa y otros 7.500 a los Estados Unidos. La organización ha calculado que el margen de beneficio de Moderna es del 44% por dosis, lo que les podría generar unos beneficios futuros de 8.000 millones solo en este año. A pesar de este elevado margen, la empresa ha indicado que espera aumentar los precios de las vacunas cuando termine la pandemia.
(Tomado de Rebelión)

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Guaidó esconde el destino de 500 millones de dólares entregados por la USAID “ayuda humanitaria” a los venezolanos

Guaidó habla con los medios de comunicación en Caracas, Venezuela, 12 de julio de 2021. Foto: Reuters
En Venezuela, una vez más, se abre el debate sobre la ayuda humanitaria que es enviada desde el exterior y administrada por la oposición política del país suramericano, encabezada por el exdiputado Juan Guaidó, quien no ha rendido cuentas el destino de los fondos.
La discusión se caldeó después de que medios de comunicación venezolanos publicaran partes de un informe de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en el que la institución estadounidense reveló que desconocía el paradero de los fondos entregados.
El informe, titulado “Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela”, fue publicado en abril pasado; sin embargo, los medios locales venezolanos apenas han publicado al respecto en los últimos días.
De acuerdo con la USAID, su financiamiento ascendió a 507 millones de dólares para los años fiscales 2017-2019, de los cuales 260 millones de dólares fueron para “asistencia humanitaria” y 247 millones para “asistencia al desarrollo”.
Estos fondos fueron destinados a la oposición venezolana para que fuesen invertidos en su país y también para otras naciones, como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, que, a juicio de la institución estadounidense, dan “respuesta a la crisis regional de Venezuela”.
Ayuda en Colombia y enviada a Somalia
Migrantes venezolanos cruzan el río Grande a EE.UU. desde México, 26 de mayo de 2021. Foto: Reuters
La asistencia humanitaria fue administrada por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE.UU. (OFDA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP) y la Oficina para América Latina y el Caribe (Oficina LAC) de la USAID.
En el informe, la USAID hace referencia a un caso puntual y señala que la OFDA y FFP gastaron aproximadamente 2 millones de dólares para comprar y transportar 368 toneladas métricas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia y Venezuela y Curazao, desde febrero de 2019 hasta abril de 2019.
Pero, señala, “para agosto de 2019, solo se entregaron 8 toneladas métricas de productos a Venezuela, y las 360 toneladas métricas restantes se distribuyeron dentro de Colombia o se enviaron a Somalia”.
Es decir, apenas un 2 % de la ayuda humanitaria llegó a manos de los necesitados, mientras que el 98 % restante tuvo usos distintos a sus propósitos originales.
Descargan camión incendiado en la frontera entre Colombia y Venezuela, 23 de febrero de 2019. Foto: Reuters
Según la agencia estadounidense, también se firmó “un acuerdo de subvención en especie” con Guaidó en febrero de 2019 para proporcionar 334 000 dólares en artículos humanitarios para el transporte desde Cúcuta, Colombia, hasta Venezuela.
El intento de pasar esta presunta ayuda humanitaria ocurrió el 23 de febrero de 2019, pero un día antes, el Gobierno venezolano ordenó el cierre de la frontera, debido a amenazas y ante lo que el presidente Nicolás Maduro catalogó como un “show barato”.
Ese día, uno de los camiones fue quemado y la oposición venezolana se lo atribuyó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); sin embargo, luego se descubrió que se trató de un falso positivo, puesto que el incendio fue provocado por los mismos opositores. De acuerdo con la USAID, entonces hubo pérdidas por 34.000 dólares en productos.
Asimismo, la USAID reprochó que “no todos estos productos humanitarios se colocaron previamente sobre la base de evaluaciones de necesidades”. Por ejemplo, añade, se incluyeron alimentos complementarios listos para usar que la OFDA y la FFP “ya habían determinado que eran innecesarios, porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento”.
Explosión en las redes
Luego de la publicación de parte del informe por parte de medios venezolanos, algunas personas recurrieron a las redes para exigir explicaciones a Guaidó sobre el destino de la ayuda humanitaria.

Pero con todo y presos políticos, yo quiero seguir preguntando dnd están los $$$$ que obtuvo el interinato en ayuda de la USAID…. Para eso Guaido no hace en vivos no?
— xᴀ (@alexaliendosoy) July 13, 2021

A Freddy cuando empezó la asignación de recursos a las ONGs , le pedí que me recomendara unas ONgs para ayudar a un amigo con Cáncer de Próstata , el quedó en mandarmelo por privado nunca lo hizo , mi amigo Murió .
— Jorge Andres (@cabuya1) July 13, 2021

Rinde cuentas @jguaido no te hagas el pendejo… Dónde está la plata de la ayuda humanitaria… Corruptos, ladrones, basuras… https://t.co/nygk9xgpcc
— Carmen Morales (@moraviet) July 12, 2021

El diputado opositor Luis Eduardo, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, dijo este miércoles, en entrevista con Unión Radio, que la auditoría de la USAID es un proceso rutinario que se ha aplicado en diversas naciones.
“Lo que no es rutinario es el resultado que arroja, apenas un mínimo porcentaje llegó a manos de los supuestos beneficiarios, falta de mecanismos de control por haber sido dirigidos a organizaciones fantasmas e incluso haber terminado en un país tan alejado como Somalia”, manifestó.
Este no es el primer escándalo en torno a recursos manejados por Guaidó y otros dirigentes opositores venezolanos.
A mediados de junio de 2019 se conoció el denominado caso ‘cucutazo’, que hacía referencia a que representantes de Guaidó se apropiaron de fondos para la ayuda humanitaria, proveniente de EE.UU., Canadá, Alemania,​ Suecia,​ Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta.
El autodenominado “gobierno interino”, liderado por Guaidó, además de la ayuda humanitaria, maneja fondos de las empresas públicas venezolanas en el exterior, entre ellas, CITGO Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos, pero hasta ahora no ha presentado cuenta sobre el uso de esos recursos a nadie.
(Tomado de RT Español)

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Bolsonaro en caída libre (+Video)

El clamor popular de ¡Fuera Bolsonaro! se escucha desde las gargantas de cientos de miles de brasileños, en las calles de ciudades y pueblos, para pedir la dimisión del gobernante ultraderechista, involucrado en escándalos de corrupción, responsables de un pésimo manejo de la pandemia de la COVID-19, que ya ha costado a su país la muerte de 520 000 personas y, últimamente, fue denunciado por un diputado oficialista sobre irregularidades en una supuesta compra de vacunas por las cuales el país pagaría 320 millones de dólares a una empresa que no aparecía en el contrato.
Las mayores manifestaciones de este fin de semana tuvieron lugar en Sao Paulo –la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia–, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y también en Brasilia, donde la protesta se concentró ante la sede del Congreso, para reforzar la presión por un juicio político contra Bolsonaro, según un reporte de EFE.

En medio de tan crítica situación, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía General a abrir una investigación penal contra el gobernante.
En relación con el escándalo por la supuesta compra de vacunas, se ha hecho pública la confesión del cabo de la policía Luiz Dominguetti, un admirador de Bolsonaro, que dijo haber intentado venderle al Gobierno 400 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca, pero que finalmente suspendió el negocio cuando un director del Ministerio de Salud le pidió comisiones equivalentes a un dólar por unidad.
Un escenario tan comprometido ética y políticamente, donde la corrupción se hace cada vez más presente, ha hecho que el nivel de aceptación de Bolsonaro esté en caída libre, y el pedido de destitución aumente por día.
Como respuesta trumpista a su declive, el mandatario ha calificado las encuestas de «mentiras», y hasta ha llegado a «alertar» a sus seguidores de que está en marcha un «fraude» para alejarlo del poder en las elecciones de 2022.

São Paulo: en el epicentro nacional de la pandemia, miles marchan en memoria de otros miles que se fueron y exigen la salida de Jair Bolsonaro. #3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas Video: @MidiaNINJA pic.twitter.com/YygDdyhZYf
— André Vieira (@AndreteleSUR) July 3, 2021

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Solicitan investigar a Bolsonaro en Brasil en caso de corrupción

Tres senadores presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Brasil para investigar al presidente Jair Bolsonaro por un supuesto delito de prevaricación, por dejar de actuar en un caso de corrupción, informa Prensa Latina.
De acuerdo con el Código Penal brasileño, prevaricar consiste en «retrasar o dejar de realizar, indebidamente, un acto oficial, o realizarlo en contra de la disposición expresa de la ley para satisfacer un interés o sentimiento personal».
«Hoy registré una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó medida alguna tras haber sido informado de un monumental esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud», afirmó en un video uno de los reclamantes, Randolfe Rodrigues.

Este parlamentario funge como vicepresidente de una comisión del Senado (CPI) que investiga acciones, omisiones y negligencias del Gobierno ante la pandemia de COVID-19 que cobró más de 500 000 muertes y generó más de 19 millones de contagios en el país.
También presentaron la notificación en el Supremo los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato, y la ponente del caso será la jueza Rosa Weber.
Con base en el testimonio de los hermanos Luis y Ricardo Miranda en la CPI, el viernes pasado, los congresistas anunciaron que activarían el Tribunal superior. Ahora corresponde a esa corte decidir si pide a la Procuraduría General de la República que abra una investigación formal sobre el caso.
Para Rodrigues, tras los relatos de los hermanos Miranda en la CPI, es posible entender que Bolsonaro tenía conocimiento de una posible red delictiva que involucraba la adquisición de Covaxin y «tenía conocimiento de quiénes estaban involucrados en el presunto esquema criminal».

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Mauricio Macri es imputado por enriquecimiento ilícito (+ Video)

La Justicia de Argentina imputó al expresidente Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito, en una causa que investiga el presunto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando fue elegido mandatario, informó Russia Today.  
La denuncia fue presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que controla a la administración pública a nivel nacional. La decisión fue adoptada por el fiscal federal Ramiro González, quien dispuso las primeras medidas de prueba. 
Según consta en la denuncia, la OA descubrió que varias operaciones de acciones de la firma Agropecuaria del Guayquiraro (Agro G. S.A.) iban a parar mediante transferencias a un fideicomiso ciego creado por el Gobierno de Macri. 
Dichos movimientos «le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de 54 286 824.00 pesos (unos 570 000 dólares) entre 2017 y 2020, suma que el 20 de febrero de 2020, al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri.
De acuerdo con la presentación, que quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría, Macri habría adquirido acciones de la compañía por un total de 5 064 938 pesos (53 000 dólares) «provenientes de un ilícito penal», hecho que se habría concretado «entre el 2 de septiembre de 2013  y el 12 de abril de 2016, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que este genere futuros dividendos también aparentemente lícitos».
El escrito señala, además, que Macri habría omitido maliciosamente declarar su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015.
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Puerto Rico: Caso de “robo” ilustra rampante corrupción

Puerto Rico nunca la ha tenido fácil en su propósito de salvar y consolidar la identidad patria. Y a pesar de que hay resistencia, hoy en día el gobernador de turno pretende que el pueblo se “deje meter el pie” al amparo de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), promulgada en junio de 2016 por Barack Obama.

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Donald Trump está bajo investigación criminal por supuestos negocios ilícitos de sus dominios

El expresidente Donald Trump ya está bajo una investigación criminal por presuntos negocios ilícitos de sus dominios, sus relaciones personales con el empresariado nacional y extranjero y las posibilidades de haber obtenido pingües ganancias mientras ejerció la presidencia. Se trata hasta ahora de la quinta investigación sobre sus actividades. Esto último es mucho más difícil […]
La entrada Donald Trump está bajo investigación criminal por supuestos negocios ilícitos de sus dominios se publicó primero en OnCubaNews.

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Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami. El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad.

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