La fiscal jefe de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República (FGR), Ana Hernández, afirmó que la carta magna reconoce el derecho a la manifestación pública, pero a continuación precisa los fines lícitos y pacíficos exigidos para ese ejercicio.
En declaraciones al diario Granma dijo que tales manifestaciones están obligadas a hacerse con respeto al orden público y al acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley.
Al respecto consigna el Artículo 45 el cual fija que los derechos de las personas solo está limitado por el derecho de los demás, de la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes.
«Sencillamente, subrayó, no se puede utilizar un postulado como excusa para ir en contra de los propios derechos, garantías y obligaciones que determina el texto constitucional», enfatizó.
Acotó que los promotores de la marcha fijada para el 15 de noviembre, pese a que fue denegada por autoridades municipales, han publicado en redes sociales y plataformas digitales que su propósito es el cambio del orden político, económico y social en Cuba, lo cual es inconstitucional e ilícito.
Hernández remarcó que la marcha tiene el apoyo público de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, de su embajada en La Habana y de la Fundación Nacional Cubano Americana, de conocido historial terrorista, que buscan una intervención foránea en la isla caribeña.
La fiscal recordó que el 90 por ciento de los cubanos con derecho al voto lo ejerció en referendo popular que refrendó en febrero de 2019 la nueva Constitución, la cual obtuvo el 86,85 por ciento de aprobación.
El Artículo 4 de la carta magna consagra el carácter irrevocable del sistema socialista y el derecho de los cubanos a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido, detalló.
A su vez el fiscal Dimas Alfredo Herrera, de la Secretaría de la FGR, expresó a Granma que los promotores de la manifestación buscan destruir la sociedad cubana tal y como es, en un proceder en el que median -afirmó- intereses económicos.
«Ello le quita cualquier legitimación para llamarse opositores. Su esquema, su fórmula de trabajo va en concordancia con la injerencista Ley Helms-Burton, y esa ley es contra la soberanía de Cuba», aseveró.
