LAS TUNAS, Cuba. — Un abogado entendido en derecho penal y autoría de la participación criminal, el señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, llegó a Los Ángeles la semana pasada con la encomienda de defender a tres dictadores, un encargo éticamente declinable como jurista, pero de obligada aceptación en la cofradía que el bonaerense representa.
En su condición de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Alberto Fernández fue a Estados Unidos, según dijo, a “reclamar una verdadera integración sin exclusiones”. Sin embargo, su propósito era boicotear la Cumbre de las Américas, un encargo que le había dado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (“ser la voz de los excluidos”) y que fuera remachado por el dictador Nicolas Maduro cuando expresó: “Vamos a estar bien representados en la voz del presidente Alberto Fernández”.
El pasado jueves, al hablar en el segmento de alto nivel de la reunión continental en nombre de la CELAC, Fernández abogó por una Latinoamérica “unida y sin exclusiones”, en alusión a que Estados Unidos vetó el acceso a Cuba, Nicaragua y Venezuela, una posición concordante con la Carta Democrática Interamericana, que establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
No voy a referirme a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Baste decir que surgen de Cuba, donde en su juventud fueron entrenados los ahora dictadores Daniel Ortega y Nicolas Maduro; Ortega como comandante guerrillero y Maduro como dirigente político.
Respecto a la dictadura de Cuba, impuesta en 1959 por los hermanos Fidel y Raúl Castro y heredada por Miguel Díaz-Canel, no hay mucho que exponer que ya no haya sido dicho y redicho para denunciar la cárcel-archipiélago que constituye la nación cubana. Cabe señalar que, pleno siglo XXI, el nuevo dictador, en su tarea de ejecutor bajo la mirada de un autócrata nonagenario, hace enjuiciar penalmente hasta a los adolescentes por pensar y actuar contra el “Estado socialista”.
Valdría entonces recordarle un detalle personal al letrado bonaerense. No me referiré al poder omnímodo del Partido Comunista de Cuba (PCC), partido único al que debe obediencia el Estado todo, una simple ecuación dice más. El abogado Alberto Fernández, hoy presidente de la República Argentina, que vivió dictaduras en su país, por mero transcurso del tiempo y el rol democrático, ni remotamente ha sufrido las consecuencias de una dictadura como la que vivimos los cubanos.
El señor Fernández nació en abril de 1959, tres meses después de que Fidel y Raúl Castro tomaran el poder el 1ro de enero de 1959. Desde hace 63 años —la edad que recién cumplió el presidente argentino—, los cubanos hemos sufrido el mismo régimen con tres gobernantes, lo que equivale a la indefendible cifra de 21 años de gobierno por “presidente”.
Solamente Fidel Castro hizo y deshizo de los destinos de Cuba 47 años, desde 1959 hasta julio de 2006, cuando una enfermedad grave lo sacó del trono. Raúl Castro, como jefe supremo, y Díaz-Canel, como ejecutor, llevan 16 años en el poder absoluto. Ese régimen de 63 años, que de Cuba extendió el cáncer de la “dictadura del proletariado” a Nicaragua y a Venezuela, es el que el presidente Joe Biden se negó a invitar a la IX Cumbre de las Américas, el mismo régimen que, para escarnio de su persona, el abogado Alberto Fernández intentó defender sin conseguirlo, porque, como bien saben los juristas y todas las personas honorables, hay causas indefendibles.
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