ADOPCION DE MENORES

Adopciones en Cuba: que prevalezca siempre el interés superior del menor

Hace poco más de tres años conocí, en un hogar para niños y niñas sin amparo familiar, a una pequeña que había sido abandonada por su madre biológica cuando tenía un mes de nacida.

Su mamá, o al menos quien la parió, según supe en aquel entonces, la dejó en la casa de una bisabuela alcohólica. La abuela también era alcohólica y estaba privada de libertad. Sus tíos mayores cumplían condenas y otros dos, aún menores de edad, estaban en otro hogar para niños como ella.

La pequeña tenía cuatro años y no conocía a la mujer que la llevó nueve meses en el vientre. Conocía a otras, a mami Margarita, la directora del hogar, y a la «mamá» que, en calidad de familia sustituta, hacía más de dos años la cuidaba los fines de semana y en las vacaciones.

Las familias sustitutas, me explicaron entonces, son aquellas personas que brindan una ayuda solidaria y cuidan a los niños en esos periodos de descanso.

Se trata, en otras palabras, de un proceso voluntario, que se complementa con disímiles investigaciones y, si bien su participación resulta favorable en la formación de los menores, sobre todo de quienes permanecen por largas etapas en estas instituciones, siempre hay que contar con el permiso de los padres que no han perdido la responsabilidad parental.

En cuanto a aquella pequeña, su familia sustituta no podía hacer más; no podía, por ejemplo, adoptarla, al menos en aquellas circunstancias, pues, aunque pudiera parecer contradictorio, la madre biológica, pese a todo, todavía conservaba la responsabilidad parental.

Justamente, la complejidad que acompaña a un proceso tan sensible y definitivo como la pérdida de dicha responsabilidad constituye, desde hace mucho tiempo, uno de los factores que incide en la escasa materialización de adopciones en Cuba y que exige, al decir de los especialistas, una mirada más consecuente con el interés superior del menor.

 

EL DERECHO A CRECER EN EL SENO DE UNA FAMILIA

En los últimos cinco años, en los hogares de niños y niñas de cero a seis años sin amparo familiar se han dado en adopción 13 infantes. En los casi dos años de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, se encuentran en ese proceso cuatro niños, pertenecientes a estas mismas instituciones.

Los datos, aportados por María de los Ángeles Gallo Sánchez, directora nacional de Primera Infancia en el Ministerio de Educación (Mined), confirman que «son escasos los procesos de adopción tramitados, a partir de los pequeños que se encuentran en estos hogares».

Un trabajo publicado por este diario, en febrero de 2018, daba cuenta de la existencia, solo en La Habana, desde 2013 hasta aquella fecha, de alrededor de 130 solicitantes de adopción, a la espera de un niño, niña o adolescente.

Se decía también que, «en Cuba, hay muy pocos menores con posibilidad de ser adoptados y muchas parejas que desean adoptar», lo cual, evidentemente, no ha cambiado mucho.

A juicio de Gallo Sánchez, y tomando como referencia la práctica diaria, hay dos factores que limitan los procesos de adopción, tal como lo reflejan las estadísticas.

Por un lado, señala «la existencia de pocos menores en los hogares de niños sin amparo familiar, que pueden clasificar para ser adoptados (abandonados, huérfanos o con pérdida de la patria potestad de los padres). Y, por otro, dice, el proceso de pérdida de la responsabilidad parental es muy complejo, por lo que, en ocasiones, se dilata hasta poder decidir si se priva o no a los padres de la potestad sobre sus hijos.

De acuerdo con María de los Ángeles Gallo, la incidencia del Mined recae en la segunda problemática, pues «en nuestros centros se inicia el expediente para privar a los padres, y no siempre es posible reunir con facilidad todos los elementos que justifican la elaboración de esta documentación. Las investigaciones no siempre son concluyentes, puesto que se exige un gran número de requisitos para, finalmente, privar a los representantes legales de la responsabilidad parental».

En esta edición no fue posible contar con los imprescindibles criterios del sistema de tribunales sobre la tramitación de dichos procesos, lo que nos obliga a volver sobre el tema.

No obstante, desde la academia sí se han arrojado luces en torno a algunas medidas efectivas que pudieran incluirse en una futura norma sustantiva familiar, en pos de revertir la tendencia que acompaña hoy los procesos de adopción.

Al decir de la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, una alternativa pudiera ser, por ejemplo, «dejar establecido con carácter preceptivo que, transcurrido un plazo razonablemente fijado, se inicie, en los casos que corresponda, el procedimiento que conduzca a la privación de la responsabilidad parental».

Asimismo, en una entrevista anterior con Granma, la integrante de la comisión redactora del nuevo Código de las Familias fue enfática respecto a los principios sobre los cuales debe descansar toda norma que rija en materia de adopción.

En primer lugar, aludió al interés superior, que incluye tanto la posibilidad de participación del niño o de la niña durante el proceso, si su grado de madurez lo permite, como la obligación de optar por la medida que satisfaga, de manera más efectiva, el disfrute y el goce plenos de sus derechos. Al mismo tiempo, destacó los principios de:

Prioridad, al procurar, siempre que sea posible, mantener a la persona menor de edad en los entornos afectivos cercanos, con los cuales mantiene un vínculo significativo duradero y, solo de manera excepcional, en centros o instituciones dedicadas a su cuidado.
Respeto al derecho a su identidad y a conocer sus orígenes e historia personal, pues con ello se elimina el secreto y los prejuicios que históricamente han rodeado a la adopción, salvo que exista alguna causa que aconseje otra actuación.
Preferencia por la familia ampliada de origen, si es lo que resulta beneficioso a su interés, al agotar todas las medidas de apoyo y de reinserción familiar y la permanencia de los vínculos entre hermanos y hermanas, si las condiciones así lo sugieren.
Celeridad de las actuaciones y los procesos que, en el ámbito administrativo y judicial, se realicen, en aras de reducir los plazos al mínimo.
No obstante, en palabras de la experta, resultan imprescindibles la preparación, la cultura jurídica y, sobre todo, mucha sensibilidad de quienes intervienen en estos procesos.

 

PASOS PARA LA ADOPCIÓN ACTUALMENTE

Para iniciar los trámites de adopción de un menor que se encuentra en un Hogar de niños, niñas y adolescentes sin amparo familiar, se debe realizar la solicitud en el propio centro, excepto en la provincia La Habana, pues este trámite se realiza en la Dirección Provincial de Educación.

Los interesados son atendidos en el Hogar por la directora y, en los casos de la capital, por una funcionaria del Departamento de Primera Infancia, quienes les explican a la pareja o persona solicitante, los requisitos que deben presentar para conformar el expediente de adopción.

 

REQUISITOS PARA INICIAR UN PROCESO DE ADOPCIÓN

Haber cumplido 25 años de edad. También se puede iniciar el proceso con 23 años, si la persona tiene confirmado que no puede tener hijos.
Demostrar la solvencia económica para asumir las necesidades del niño o adolescente que va a adoptar.
Tener condiciones morales y una conducta que demuestre que puede educar un niño adoptado.

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS SOLICITANTES:

Planilla de datos generales de los solicitantes. (Se entrega en los Hogares y en la Dirección Provincial de Educación de La Habana).
Certificado de nacimiento y antecedentes penales. En caso de ser una pareja, presentar el certificado de matrimonio.
Documento del centro de trabajo, que refiera el total de ingresos personales del o los solicitantes.
Hago constar de los organismos y organizaciones a las que pertenece.
Certificado médico donde acredite la salud física y mental del o los solicitantes.

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¿Cómo llevar adelante una adopción de menores en Cuba?

El Código de Familia vigente establece que pueden adoptar las personas que han cumplido 25 años de edad, se hallen en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y en situación de solventar las necesidades económicas del adoptado, además de tener un comportamiento ético y una conducta que permitan presumir que cumplirá los deberes de la responsabilidad parental

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