HAVANA CLIMA

Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba

Fiscalía General de la República informa sobre procesos penales derivados del 11 de julio

La Fiscalía General de la República ofreció una actualización sobre los procesos relacionados a los sucesos del 11 de julio en Cuba. Foto: Archivo.La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Los días 14 y 15 de junio, el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos, correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, fundamentalmente.
Atendiendo a la gravedad de los hechos y grado de participación, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad; que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión.
Mantienen su validez las precisiones realizadas con anterioridad, respecto a que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
De igual forma, las obligaciones impuestas por los Tribunales Populares, sobre la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.
Para estos casos da inicio el proceso de ejecución de las sanciones, velando porque durante su cumplimiento se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.
(Con información de la Fiscalía General de la República)
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Fiscalía General de la República actualiza sobre procesos penales derivados del 11 de julio

La Fiscalía General de la República ofreció una actualización sobre los procesos relacionados a los sucesos del 11 de julio en Cuba. Foto: Archivo.La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Transcurrido el término para que los acusados o el Fiscal establecieran los recursos contra las sentencias dictadas, en ejercicio del derecho que les asiste legalmente, o por haber sido resueltos estos, informamos que, hasta el momento, la Fiscalía ha sido notificada por los Tribunales Populares de 76 sentencias que han adquirido firmeza.
Resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos.
A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad.
A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.
Es importante señalar que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
En las sentencias dictadas los Tribunales Populares se pronunciaron en cada caso por la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.
En estos momentos corresponde el inicio del proceso de ejecución de las sanciones firmes impuestas, y durante su cumplimiento velar porque se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.

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Sesiona X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022

El presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Rubén Remigio, tuvo a su cargo las palabras de apertura del evento. Foto: Yoel Almaguer de Armas/Prensa Latina”Cuba es y seguirá siendo un baluarte de dignidad en la garantía de los derechos individuales”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Rubén Remigio, al inaugurar el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022 en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Rubén Remigio Agradeció además la participación de una representación de juristas de América Latina y el Caribe, Asia y Europa, quienes acudieron al evento como muestra de consideración y respeto del sistema judicial cubano, a pesar del asedio constante del gobierno de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.
Significó el intenso trabajo de los médicos y la biotecnología cubana quienes produjeron las vacunas “que permitieron reunirnos en este cónclave”, dijo.
Antes de comenzar sus palabras centrales, expresó una honda consternación tras el reciente accidente del hotel Saratoga que costó la vida a 46 personas.
El evento científico que se desarrollará hasta este 20 de mayo en la capital cubana, tiene como tema central “La reforma procesal en Cuba”, por todos los procesos y materias judiciales en que se imparte justicia.
El programa incluye la realización de 6 conferencias magistrales y 17 paneles sobre asuntos penales, civiles, de las familias, administrativos, trabajo y mercantiles.
En este encuentro internacional participan 259 delegados cubanos, fundamentalmente magistrados, jueces de todas las provincias del país, profesores universitarios, fiscales, abogados, asesores y estudiantes de las formas de enseñanza vinculadas con el Derecho.
Asisten además, 65 delegados extranjeros de 17 países, entre ellos cuatro presidentes de cortes supremas.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana convocaron a jueces y juristas nacionales y extranjeros para conocer experiencias sobre los respectivos sistemas judiciales.
(Con información de Prensa Latina)

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Código Penal cubano: Nuevas y viejas sanciones principales y accesorias

Nueva Ley del Código Penal (PDF)

El Derecho penal, como rama dentro del ordenamiento jurídico de un país, está diseñado para establecer cuales son los hechos que se van a constituir como delitos por dañar algún bien jurídico o ponerlo en peligro. Algunos de los bienes protegidos en todas las sociedades son: el orden constitucional, la vida, el patrimonio, la seguridad colectiva, la función pública, la economía, la libertad sexual, entre otros y a cada uno de ellos lo integra un conjunto de figuras delictivas. Es lo que se identifica como: “tipos penales”, por ejemplo: homicidio, lesiones, hurto, robo, violación, cohecho, desorden público, daños, tráfico de drogas (…).
Una vez definidos los hechos que se consideraran delitos, la ley penal establece las consecuencias jurídicas que se les debe imponer a quienes hayan transgredido la norma, lo que se denomina: sanciones.
¿Cuál es la finalidad de las sanciones?
La función esencial del Derecho penal es la prevención, por ello la finalidad de la sanción que se impone en un hecho concreto es la de prevenir, desde dos miradas; la prevención de carácter general, encaminada a todos los ciudadanos que al observar la consecuencia sufrida por el infractor se abstengan de cometer delitos y la prevención de carácter especial, dirigida al propio comisor del delito, de manera tal, que esta le sirva para enmendar sus actos y desistir de la participación en otros delitos. La pena también sirve para reprimir por el delito cometido y de manera importante permite reinsertar socialmente al sancionado sobre la base de los principios de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia social.
La individualización de las sanciones a las personas naturales, se realiza tomando en cuenta, entre otros, los principios de: culpabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, teniendo como base los límites establecidos en la ley para cada tipo penal y especialmente:
a) El grado de lesividad del hecho, determinado por las formas, medios o instrumentos empleados en su ejecución, por las consecuencias físicas o mentales que haya producido en la víctima y por la magnitud del daño material o moral, o perjuicio económico ocasionado o el riesgo de causarlo;
b) la concurrencia de circunstancias, tanto atenuantes como agravantes, y de reglas de adecuación específicas; y
c) los móviles de quien comete el delito, así como sus antecedentes, características individuales, actitud para resarcir los daños o perjuicios causados o disminuir los efectos del hecho delictivo, comportamiento con posterioridad a la ejecución del delito y posibilidades de enmienda.
El Código Penal recién aprobado, incluye un catálogo de sanciones sobre la base de la revisión de su antecesor, con el propósito de atemperarlas a la dinámica de la delincuencia contemporánea y a la necesidad de preservar el orden y la tranquilidad ciudadana. Las sanciones pueden ser principales, accesorias y mixtas.
Las sanciones principales pueden ser autónomas o alternativas. Esta últimas son una primicia en este nuevo Código y significa que en lugar de imponer una sanción privativa de libertad se puede aplicar una alternativa a esta en determinados casos y ajustado a los requisitos que se prevén en la ley.
Tienen el carácter de autónomas las sanciones principales de la muerte; la privación de libertad y la multa, que ya estaban desde la legislación anterior y que en su aplicación toman en cuenta las distintas circunstancias presentes en el hecho, las que influyen en las personas y también los principios limitativos de derecho de castigar.
Por su parte, las sanciones alternativas como se señaló anteriormente, son una novedad en el recién promulgado Código Penal porque si bien es cierto que algunas de ellas están contenidas su predecesor como son: el trabajo correccional con y sin internamiento, la limitación de libertad y la amonestación; ellas tienen el carácter de subsidiarias porque dependen de una privativa de libertad que inicialmente debe imponerse o la multa en el caso de la amonestación.
¿Qué es lo novedoso?
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo 15 de mayo de 2022 la nueva Ley del Código Penal. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
El carácter de alternativo que se introduce va encaminado a darle vida propia a determinadas sanciones, tales como: el trabajo correccional con internamiento; la reclusión domiciliaria, el trabajo correccional sin internamiento, servicio en beneficio de la comunidad; la limitación de libertad y la amonestación, regidas por requisitos que se establecen para cada una de ellas.
Resulta importante señalar que el orden en que se establecen en la nueva Ley significa que ante el incumplimiento de la sanción alternativa impuesta se va a la anterior a ella en el orden. Por ejemplo: al sancionado que se le impone como sanción el servicio en beneficio de la comunidad y en su ejecución incumple alguno de los requisitos establecidos en la sentencia y esta se revoca, se le impone entonces el trabajo correccional sin internamiento por el resto del tiempo que le falta por cumplir. A los efectos de la determinación del mayor al menor rigor de las sanciones alternativas, este se deduce de su ubicación taxativa en orden descendente en el Código.
Las alternativas a la privación de libertad son aquellas que no excedan de cinco años, y se identifican las de trabajo correccional con internamiento, reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad; mientras que la de servicio en beneficio de la comunidad también tiene el carácter de alternativa, y se puede aplicar cuando la de privación de libertad no exceda los tres años.
Las sanciones de trabajo con y sin internamiento son aplicables cuando, por la índole del delito y sus circunstancias y por las características individuales del sancionado, existen razones fundadas para estimar que su reinserción social es susceptible de obtenerse por medio del trabajo.
En los casos del trabajo con internamiento cuando se impone, se exige al sancionado demostrar con su actitud en el lugar de internamiento al que se le destina, que ha comprendido las consecuencias desfavorables derivadas del hecho delictivo cometido; y además debe emplear los ingresos provenientes de su trabajo para el cuidado y manutención de su familia, y para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.
Por su parte, en la sanción de trabajo sin internamiento, el sancionado deberá poner de manifiesto con una buena actitud en el centro o actividad de trabajo donde se ubique, que ha comprendido los fines que se persiguen con la sanción; ayudar a las necesidades de su familia y satisfacer las responsabilidades civiles declaradas en la sentencia y otras obligaciones legalmente establecidas; y no puede cambiar de puesto de trabajo ni de residencia sin la autorización del juez de ejecución.
La sanción de reclusión domiciliaria consiste en la obligación del sancionado de permanecer en su domicilio por el tiempo correspondiente a la sanción impuesta y solo podrá salir de su domicilio para cumplir las actividades laborales o estudiantiles que desempeña o de las organizaciones políticas o de masas a las que pertenece, o por otros motivos justificados; no puede cambiar de residencia, ni trasladarse a otros municipios o provincias sin la autorización del tribunal competente, debe mantener una buena actitud en el cumplimiento de sus deberes paterno- filiales, en la manutención de su familia, así como una actitud honesta ante el trabajo y la sociedad, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia social; y está obligado a comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante la ejecución de la sanción.
La sanción de servicio en beneficio de la comunidad por su parte, consiste en la obligación de realizar una prestación no retribuida de servicios de utilidad pública y comunitaria, durante el período de la sanción impuesta, cumple una jornada de trabajo fijada por el tribunal, cuya frecuencia diaria puede incluir los fines de semana, sin exceder la establecida en la legislación laboral. Este trabajo es además de su actividad laboral o estudiantil habitual y no puede cambiar de residencia sin la autorización del juez de ejecución
¿Qué objetivo persigue la imposición de una sanción alternativa?

Su objetivo principal es prescindir de la aplicación innecesaria de la de privación de libertad;
que sea compatible con la lesividad del delito, y con las condiciones personales, antecedentes de conducta, necesidades y posibilidades de reinserción social de quien la recibe; y
que la sociedad y, particularmente, la víctima o perjudicado por el delito queden protegidos evitando lesionar sus derechos, a cuyo efecto puede ser oído su criterio en los casos que corresponda. Esta es una perspectiva importante del anteproyecto, el tener presente a la víctima como parte imprescindible del conflicto penal y quien sufrió la afectación directa por la comisión del delito.

Una trascendente incorporación en el modelo sancionatorio cubano, se encuentra en la disposición de que en los delitos cuyo marco legal incluye hasta un año de privación de libertad, se llama la atención al tribunal para que imponga una sanción alternativa que se cumpla en libertad, salvo que se aprecien circunstancias excepcionales que aconsejen racionalmente imponer una sanción de internamiento.
¿Qué limitaciones existen para imponer algunas de las alternativas?
Las sanciones alternativas de reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento, servicio en beneficio de la comunidad y limitación de libertad no se aplican a quienes, durante los cinco años anteriores, hayan sido sancionados a privación de libertad por un término mayor de un año, a menos que circunstancias excepcionales lo hagan aconsejable a juicio del tribunal
La inclusión de las sanciones mixtas constituye otra de las novedades. Para explicarlas necesariamente debe hacerse referencia a las denominadas sanciones accesorias, ellas son las que como señala su denominación, tienen ese concepto porque acompañan a las sanciones principales con el propósito de reforzar la respuesta punitiva frente al delito cometido y lograr una plena reinserción social del sancionado, atendiendo siempre al tipo penal. El nuevo cuerpo legal conserva las accesorias del código penal actual, pero incorpora otras. En tal sentido el catálogo que se propone es el siguiente:

Privación de derechos;
privación o suspensión de la responsabilidad parental, remoción de la tutela y la revocación del apoyo intenso para personas con discapacidad;
prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio;
suspensión o cancelación de la licencia de conducción, o inhabilitación para conducir vehículos de motor;
cancelación de la licencia de arma de fuego;
denegación de permisos o autorizaciones para navegar o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales;
prohibición de frecuentar lugares determinados;
destierro y confinamiento;
comiso;
confiscación de bienes;
expulsión de extranjeros del territorio nacional;
suspensión o cancelación definitiva de la autorización, permiso o licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia u otros de similar naturaleza;
cierre forzoso de establecimiento;
prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas afectivamente; y
prohibición de salida del territorio nacional.

Las nuevas accesorias son: privación o suspensión de la responsabilidad parental, remoción de la tutela y la revocación del apoyo intenso para personas con discapacidad; cancelación de la licencia de arma de fuego; prohibición de frecuentar lugares determinados; suspensión o cancelación definitiva de la autorización, permiso o licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia u otros de similar naturaleza; cierre forzoso de establecimiento; prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas afectivamente; y prohibición de salida del territorio nacional.
Nótese que en lo esencial van vinculadas a reforzar la protección a las víctimas y las personas en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas afectivamente; también fortalecer el tratamiento a los hechos que puedan surgir con motivo de las transformaciones económicas ocurridas en el país, como puede ser el cierre forzoso de establecimientos, entre otras.
Pero ¿qué significa que existan sanciones accesorias que tenga una naturaleza mixta? El legislador consideró que determinadas sanciones accesorias, aplicadas en casos concretos pueden convertirse en principales y lograr con su imposición que se cumplan los fines de la pena, atendiendo siempre a los hechos y a las circunstancias personales que estén presentes en el caso concreto. Se podrá aplicar a la persona responsable una o varias de las sanciones accesorias consideradas como mixtas
Las pautas para su imposición se dejan establecidas con claridad cuando se señala que se puede hacer uso de estas en los delitos cometidos por imprudencia y en los intencionales, cuyo marco sancionador no exceda los cinco años de privación de libertad o multa de quinientas a mil cuotas o ambas. No gozarán de la posibilidad de esta solución los hechos delictivos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
Estas sanciones son: prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio; suspensión o cancelación de la licencia de conducción, o inhabilitación para conducir vehículos de motor; denegación de permisos o autorizaciones para navegar o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales; prohibición de frecuentar lugares determinados; destierro y confinamiento; comiso; confiscación de bienes; expulsión de extranjeros del territorio nacional; suspensión o cancelación definitiva de la autorización, permiso o licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia u otros de similar naturaleza; cierre forzoso de establecimiento; prohibición de salida del territorio nacional.
Existe también un catálogo de sanciones aplicables a las personas jurídicas, tanto principales como accesorias cuya finalidad está marcada por la propia naturaleza de este sujeto.
En materia de sanciones es importante señalar que esa vocación de protección del legislador penal, en cuanto a las personas que se encuentran comprendidas entre las edades de 16 a 20 años se demuestra también en esta materia, toda vez, que se establece, que estos casos para la adecuación de la pena, el tribunal evalúa con preferencia la imposición de sanciones alternativas que no impliquen internamiento, siempre que el límite a imponer y las características del hecho y del responsable así lo permitan, en esos supuestos con el objetivo de evitar que el sancionado cometa nuevos delitos y se alcance su reinserción social, se les podrán imponer algunas prohibiciones como son: asistir a determinados lugares o locales donde se realicen espectáculos o actividades públicas; mantener relaciones con determinadas personas; consumir bebidas alcohólicas; deambular por la vía pública a determinadas horas de la noche; y portar o tener en su poder determinados objetos que puedan significar un riesgo o peligro para las demás personas.
Con igual propósito de plena reinserción se le podrán imponer obligaciones como: asistir a un centro de enseñanza, con sujeción especial a controles de asistencia y aprovechamiento escolar; asistir a un centro de formación profesional para adquirir conocimientos que le permitan desempeñar labores útiles a la sociedad; ser sometido a programas de tratamiento médico, médico psiquiátrico o psicológico, bajo régimen ambulatorio o interno en centro asistencial especializado; esta obligación podrá ser impuesta cuando la persona se encuentra en una situación de adicción al alcohol u otras drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, o sea portadora de enfermedades infectocontagiosas o de transmisión sexual, entre otras.
Esta mirada a las sanciones en el nuevo Código Penal cubano nos conduce a la afirmación de que la esencia que caracteriza a esta institución se encuentra sustentada en principios cardinales como los de Individualización y Humanidad de las penas.

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Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código Penal (+ PDF)

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo la nueva Ley del Código Penal, que responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país. 
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), comentó que para la elaboración de este código, que reemplaza a la vigente ley promulgada en 1987, fueron consultados magistrados, jueces, fiscales, especialistas, miembros del Ministerio del Interior, profesores de Derecho y diputados de diferentes territorios. 
Al presentar ante la Asamblea la versión 26 del proyecto que fue aprobado por los diputados, el magistrado destacó que como resultado de la amplia consulta del texto se recibieron 1 140 criterios y 1 114 propuestas de modificación, de las que 706 fueron admitidas.
Se contó, además, con 137 propuestas de tesis de doctorado y maestría, diplomados y artículos científicos, y con 19 observaciones de la población que pudo acceder al proyecto desde los sitios web de la Asamblea y el TSP. 
En el proceso de intercambio con los diputados surgieron 112 propuestas, de las que 97 fueron aceptadas. 
En el proceso de intercambio con los diputados surgieron 112 propuestas, de las que 97 fueron aceptadas. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Aspectos novedosos del Código Penal:  

Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación.
Se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa, con alcance a los nuevos actores económicos. 
Se incorporan nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminaición en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad. 
Se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años. 
Se mantiene con carácter excepcional la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en cuatro delitos. 
La norma incorpora nuevas sanciones principales encaminadas a dar un empleo más restringido a la privación de libertad y la incorporación de las personas jurídicas como penalmente responsables, entre otros aspectos.
Se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y servicios en beneficios de la comunidad. 
Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 años. Esto cumple la Convención de los Derechos del Niño. 
Se suprimen las medidas de seguridad predelictivas. 
Se incorporan nuevas fuentes de financiamiento a la Caja de Resarcimientos para una mayor efectividad y prontitud en la reparación de daños e indemnización por perjuicios a las víctimas.  
Se incrementó el marco penal del delito de especulación y acaparamiento y se estableció la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos
Se delimitó con mayor gravedad la sanción del delito de sacrificio ilegal de ganado mayor (es decir, al que ejecute este acto sin ser el poseedor legal del animal).

El texto del Código Penal será revisado por una comisión de estilo y entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento señala que esta disposición normativa conforma, en conjunto con la Ley No. 143, Del Proceso Penal, aprobada en la sesión del 28 de octubre de 2021, la máxima expresión normativa del derecho penal en el país.   
El proyecto de Código Penal y la Ley Procesal Penal vigente conforman un derecho penal que busca la máxima eficacia en la prevención y castigo de los delitos, respetando, al mismo tiempo, los derechos fundamentales y las garantías del imputado, sobre todo las de carácter penal material, dijo el diputado José Luis Toledo Santander al presentar el dictamen.
Destacó el respeto a los principios de legalidad, intervención mínima y culpabilidad y los concernientes a las cuestiones de carácter procesal, tales como: el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, presupuestos irrenunciables de la propia esencia del Estado de derecho.
¿Qué opinan los diputados?
Se recibieron 1 140 criterios y 1 114 propuestas de modificación, de las que 706 fueron admitidas. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Antes de votar por el Código, el diputado por San Miguel del Padrón Jorge Gónzalez Pérez resaltó la calidad del texto, pues recoge y actualiza los conceptos internacionales en el campo del derecho penal, adecuándose al país. 
Se trata de un instrumento jurídico claro y preciso, que refleja la coherencia en el ordenamiento jurídico refrendado en nuestra constitución, consideró José Castañeda Martínez.
Doraine Linares Jimenez, diputada por Camaguey, comentó que el nuevo código era un reclamo del gremio, porque ya se necesitaba una norma actualizada. Propuso elevar la edad penal a 18 años, con el fin de lograr una uniformidad en el ordenamiento jurídico sobre este tema.
El presidente del Tribunal Supremo Popular apuntó que este tema ha sido debatido durante todo el proceso de elaboración del Código y fueron estudiadas legislaciones de decenas de países. 
La edad de responsabilidad penal en otros países es mucho menor. Por ejemplo, en Bélgica es de 12 años; en España, de 14, y en América Latina la edad mínima es de 12 años.
Remigio Ferro comentó que la edad de 16 años está establecida desde hace tiempo. Incluso, hay manifestaciones delictivas graves cometidas por personas de ese grupo etario.
La legisladora Doraine Linares Jimenez propuso prever un tratamiento de oficio para enfrentar la discriminaición en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar.
La diputada Mariela Castro Espín comentó que en 18 normas de América Latina se han reconocido los términos femicidio o feminicidio. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Mariela Castro Espín consideró la pertinencia de acoger el término femicidio en el nuevo código, el cual calificó como una propuesta superior por transversalizar el tema de la violencia de género.
Señaló que en el capítulo dos del título XII del proyecto de ley, los hechos de violencia de género en que la mujer es asesinada no tipifican con el término femicidio o feminicidio.
La diputada comentó que en 18 normas de América Latina se han reconocido los términos femicidio o feminicidio. Países como Venezuela, Nicaragua u Honduras tienen tipificado el delito de feminicidio, que en otros países se llama femicidio.
La encuesta nacional de igualdad de género realizada en 2016 por la Oficina Nacional de Estadística e Información arrojó que en los 12 meses previos a la aplicación de la encuesta el 26.7% de las mujeres sufrieron violencia de la pareja. 
Castro Espín propuso que se configure el delito de feminicidio en el artículo 345. De lo contrario, se afectaría el registro y seguimiento de los casos que tributan al diseño de programas para su atención y prevención. 
Al intervenir en el debate, el presidente del Tribunal Supremo Popular explicó que la ley busca mantener la tradición y la coherencia con respecto a las figuras delictivas y dijo que en el artículo 345 está la descripción del delito de femicidio. 
“No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como infanticidio, por ejemplo”, precisó.
Remigio Ferro comentó que los tribunales han elaborado estrategias de género y un protocolo en el cual está prevista la captación de datos relativos a violencia contra mujeres y niños, violaciones, agresiones y asesinatos. 
La diputada Mayda Goite, presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, agregó que siempre se tuvo en cuenta que el Código Penal debía recoger el fenómeno de la violencia. 
Reiteró que la ley penal tiene que tener una coherencia. Hay 36 modificaciones relacionadas con la violencia de género que tratan de cumplir todas las garantías y derechos de las mujeres que son transversales a todas las figuras delictivas, no solo al asesinato. 
La diputada por Las Tunas Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, aseguró que este tema se ha discutido ampliamente en la FMC y, aunque no está definido el término femicidio, no hay vacíos en el código en cuanto a la violencia de género. 
En esencia –resumió–, se recoge cómo podemos sancionar esos casos. “Este código incrementa la sanción cuando se trata de las parejas de las mujeres, incorpora que si no hay denuncia, hay que proceder en la acusación a la persona que cometió el delito contra las mujeres”.  
Al respecto, Castro Espín reiteró que los crímenes violentos contra las mujeres son problemas históricos dentro del patriarcado que aún no están solucionados con el proceso revolucionario. 
Por eso, subrayó, el interés desde el punto de vista teórico en tratar estos hechos de manera más específica en dichos términos en los códigos penales, “para enfrentar esta situación que no se irá rápidamente, y que hay que trabajar desde la comunicación”. 
La diputada insistió en que es necesario el uso de los términos y la visibilización del femicidio o feminicidio porque es un tema complejo y “no se va a solucionar en poco tiempo”. 
El presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, sometió a votación la propuesta de la diputada Mariela Castro Espín, y la mayoría coincidió en mantener la forma en que el Código Penal aborda este tema.  
María Armenia Yi Reina, líder religiosa, expresó su desacuerdo con la pena de muerte. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
La diputada por Holguín, María Armenia Yi Reina, líder religiosa, expresó su desacuerdo con la pena de muerte, porque una persona solo puede perder su vida por una causa natural. “Creemos en la posibilidad del cambio y la oportunidad de una vida transformada”. 
Al respecto, Remigio Ferro aseguró que es una necesidad de defensa de la sociedad y nuestro país. “Desde hace más de 20 años no se aplica, y esperamos que no haya necesidad de aplicarla en mucho tiempo”.

Nueva Ley del Código Penal (PDF)

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Amplio programa de actividades con vistas a la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular a la Asamblea Nacional

Foto: Enrique Moreno GimeranezDiputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, electos por municipios de La Habana, recorrieron este martes y miércoles las sedes de los Tribunales Municipales Populares, con el objetivo de intercambiar con sus trabajadores, conocer las características de estos centros y las principales acciones realizadas en el período.
La actividad forma parte del proceso de rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular al órgano supremo del poder del Estado en el próximo Período Ordinario de Sesiones, según refirió Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en intercambio sostenido este 13 de abril en el municipio de Playa. 
El sistema de tribunales rinde cuenta a la Asamblea Nacional. Se han desplegado diferentes actividades como estos intercambios con diputados, las rendiciones de cuenta efectuadas a las organizaciones políticas y de masas y en los barrios habaneros, el diálogo con la población en las comunidades, entre otras. Cumplimos con satisfacción este deber porque los jueces somos servidores públicos y la rendición de cuenta constituye un principio esencial de nuestra democracia socialista, resaltó Sierra Infante.
En el encuentro, Irela Heredia Gutiérrez, presidenta del Tribunal Municipal de Playa, compartió con los parlamentarios sobre las características de la institución, los principales procesos desarrollados en la etapa, el completamiento y la composición laboral, la atención a la población, la informatización de las principales actividades y la participación en las acciones de transformación en los barrios por parte de los trabajadores.
Posteriormente, el miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba Jorge Amador Berlanga Acosta, diputado electo por este municipio habanero, trasladó –en nombre de nuestro pueblo– el especial reconocimiento, la satisfacción y el orgullo, por nuestros jueces y demás trabajadores del sistema de tribunales. Ustedes imparten justicia en defensa del pueblo, la tranquilidad ciudadana y el proceso revolucionario, en medio de la agresión de nuestros enemigos, subrayó.
Por su parte, Farah Saucedo Pérez, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, comentó en Twitter sobre la visita de los diputados este martes a la Sección de lo Administrativo del Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución: Se informaron de cómo los jueces actúan para servir mejor al pueblo. ¡Esto es control popular!. 
En horas de la tarde, en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre aconteció un encuentro similar con los parlamentarios, presidido por Farah Saucedo Pérez y Yojanier Sierra Infante, así como por la diputada Bárbara Maritza Agón Fernández, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 
El Acuerdo número IX-117, aprobado el 22 de diciembre de 2021 por el Parlamento cubano, dispuso la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República en el próximo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del legislativo cubano será la encargada de dirigir el proceso de rendición de cuenta de ambos órganos, que se desarrolla del 4 de enero hasta el 30 de junio de 2022.
Foto: Enrique Moreno Gimeranez

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Encuentro nacional de jóvenes jueces: “Para impartir justicia hay que ser buena persona y hacer el bien”

Villa Clara es la sede del encuentro. Foto: Carlos Torres.Temas como la vocación profesional, el estudio de los anteproyectos de ley y las nuevas normas procesales, el uso de la ciencia y la tecnología para el trabajo de los tribunales y el aporte de los más jóvenes al sistema de justicia en Cuba, son algunos de los tópicos que este sábado debaten más de 150 juristas con Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular.
En un encuentro al que asisten representantes de todas las provincias del país, los participantes iniciaron el día en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, donde una representación de ellos participó en la tradicional ceremonia de cambio de flores, uno de los símbolos más bellos del lugar. Asimismo, también rindieron tributo a los combatientes del Frente de Las Villas, en una actividad que significó la previa para los debates.

#Ahora | Con la presencia de @RubenRemigioCU, Presidente del @TSupremoCU, los participantes en el Encuentro Nacional de Jóvenes Jueces riden homenaje al Che, a su destacamento de refuerzo y a los combatientes que descansan en el Mausoleo del Frente de Las Villas#VamosConTodo pic.twitter.com/W8E7zj98Et
— @Yunier_Sifonte (@yunier_sifonte) April 2, 2022
Según dijo Remigio Ferro, encuentros como este se organizan para “dialogar y romper barreras, escuchar opiniones, observaciones y también críticas, con ese espíritu que siempre tienen los jóvenes”. Como parte de sus reflexiones, señaló la dosis de sensibilidad y sencillez que deben tener los jueces cubanos, sobre todo “porque nuestro sistema de justicia tiene un sólido componente martiano”. Un juez —apuntó—, implica ser buena persona y hacer el bien.
Respecto a la vinculación de los estudiantes de especialidades del Derecho con los tribunales nacionales, en el encuentro trascendió el éxito que significa la vinculación constante entre los centros de formación y el sistema profesional de justicia. Del mismo modo, los asistentes resaltaron los esfuerzos para ofrecer a los graduados cada vez más opciones de superación profesional en los centros de altos estudios.

En el debate, Alejandra Castro Tapia, estudiante de cuarto año de Licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana, explicó que a sus 20 años es un privilegio para ella estar vinculada al Tribunal Provincial Popular. “Esas oportunidades que siempre nos dan a los más jóvenes de formar parte de un colectivo, escucharnos y enseñarnos, significa un honor que no podemos desaprovechar”.
Sobre el tema, el Presidente del Tribunal Supremo Popular reflexionó sobre el valor de la formación de los jueces desde la etapa de pregrado como una de las vías para trabajar la vocación con las especialidades del Derecho, pero también para conseguir graduados más preparados y competentes.
En video, opiniones de algunos participantes:

Vea además:
Comienza en Villa Clara encuentro nacional con jóvenes jueces cubanos

(Noticia en construcción)

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Inicia en Villa Clara encuentro nacional con jóvenes jueces cubanos

En el encuentro participan más de 150 juristas jóvenes de todo el país. Foto: Tribunal Supremo Popular.Con un recorrido por la misma ruta seguida por Ernesto Che Guevara durante la toma de Santa Clara, inició en esta ciudad el encuentro de jóvenes jueces del sistema nacional de tribunales. En la actividad, más de 150 juristas compartirán experiencias sobre su trabajo en todas las provincias del país.
Con un programa de trabajo que incluye debates con Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, este viernes los jóvenes juristas estuvieron en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, así como en los alrededores de la Loma del Capito y monumento al Tren Blindado, todos sitios destacados durante la Batalla de Santa Clara.
En este último lugar los participantes recibieron la condición 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, mientras conocieron sobre la historia de uno de los lugares claves para la toma de la ciudad a finales de 1958.
Según Irán de Jesús Hernández Castro, miembro de la delegación de Villa Clara y a sus 26 años vicepresidente del Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, un encuentro como este significa un estímulo para quienes inician su camino en la impartición de justicia.
“Cuba está ahora mismo en una reforma procesal y judicial. En medio de eso los jóvenes tenemos un gran reto: aportar nuestra visión fresca, llena de ímpetu, asumir los contenidos de los cambios y despojarnos de la práctica anterior con mayor facilidad. Imprimimos nuevos modos de hacer, mayores ánimos, y todo eso se lo podemos aportar al sistema de tribunales cubanos”, asegura.

#EnFotos 📸 | Inicia en #VillaClara el encuentro de jóvenes jueces de #Cuba 🇨🇺🧑‍🎓. Más de 150 juristas debaten sobre los nuevos proyectos de ley, la vocación judicial, la superación profesional y las ciencias jurídicas, con ese toque vigoroso que impone la juventud#VamosConTodo pic.twitter.com/MX4ntuW8wb
— @Yunier_Sifonte (@yunier_sifonte) April 1, 2022
De acuerdo a una información divulgada por el Tribunal Supremo Popular, entre los temas que formarán parte de los debates de este sábado aparecen la implementación de las nuevas leyes procesales y las relativas a la organización y funcionamiento de los tribunales.
Del mismo modo, también formarán parte del encuentro el análisis de la presentación al Parlamento de tres nuevos cuerpos legales, la celebración del X Encuentro Internacional Justicia y Derecho, así como la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y la vocación por la función judicial.
Los jóvenes asistentes también esperan dialogar sobre la superación profesional, la ciencia y la innovación al servicio de la administración de justicia, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las experiencias en la implementación de las normas recientemente aprobadas y la atención que se brinda a los jóvenes en el Sistema de Tribunales.
Cada uno de esos asuntos, apuntan los organizadores, forma parte de la estrategia para continuar elevando la calidad en la impartición de justicia.
(Noticia en construcción)

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Comienza en Villa Clara encuentro nacional con jóvenes jueces cubanos

En el encuentro participan más de 150 juristas jóvenes de todo el país. Foto: Tribunal Supremo Popular.Con un recorrido por la misma ruta seguida por Ernesto Che Guevara durante la toma de Santa Clara, inició en esta ciudad el encuentro de jóvenes jueces del sistema nacional de tribunales. En la actividad, más de 150 juristas compartirán experiencias sobre su trabajo en todas las provincias del país.
Con un programa de trabajo que incluye debates con Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, este viernes los jóvenes juristas estuvieron en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, así como en los alrededores de la Loma del Capito y monumento al Tren Blindado, todos sitios destacados durante la Batalla de Santa Clara.
En este último lugar los participantes recibieron la condición 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, mientras siete de ellos también fueron acreedores de la moneda que recuerda las seis décadas de la organización juvenil. Todo esto en un escenario fundamental para comprender la historia de la toma de la ciudad por las fuerzas del Che a finales de 1958.

Valiosos jóvenes jueces del Sistema de Tribunales cubanos recibieron, hace unos minutos, la condición 60 Aniversario de la UJC, de los cuales 7 fueron acreedores, además, de la moneda conmemorativa por las seis décadas de la organización de vanguardia de la juventud cubana. #Cuba pic.twitter.com/EpQS4kfmdx
— TSupremoCU (@TSupremoCU) April 1, 2022
Según Irán de Jesús Hernández Castro, miembro de la delegación de Villa Clara y a sus 26 años vicepresidente del Tribunal Municipal Popular de Santa Clara, un encuentro como este significa un estímulo para quienes inician su camino en la impartición de justicia.
“Cuba está ahora mismo en una reforma procesal y judicial. En medio de eso los jóvenes tenemos un gran reto: aportar nuestra visión fresca, llena de ímpetu, asumir los contenidos de los cambios y despojarnos de la práctica anterior con mayor facilidad. Imprimimos nuevos modos de hacer, mayores ánimos, y todo eso se lo podemos aportar al sistema de tribunales cubanos”, asegura.

#EnFotos 📸 | Inicia en #VillaClara el encuentro de jóvenes jueces de #Cuba 🇨🇺🧑‍🎓. Más de 150 juristas debaten sobre los nuevos proyectos de ley, la vocación judicial, la superación profesional y las ciencias jurídicas, con ese toque vigoroso que impone la juventud#VamosConTodo pic.twitter.com/MX4ntuW8wb
— @Yunier_Sifonte (@yunier_sifonte) April 1, 2022
De acuerdo a una información divulgada por el Tribunal Supremo Popular, entre los temas que formarán parte de los debates de este sábado aparecen la implementación de las nuevas leyes procesales y las relativas a la organización y funcionamiento de los tribunales.
Del mismo modo, también formarán parte del encuentro el análisis de la presentación al Parlamento de tres nuevos cuerpos legales, la celebración del X Encuentro Internacional Justicia y Derecho, así como la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y la vocación por la función judicial.
Los jóvenes asistentes también esperan dialogar sobre la superación profesional, la ciencia y la innovación al servicio de la administración de justicia, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las experiencias en la implementación de las normas recientemente aprobadas y la atención que se brinda a los jóvenes en el Sistema de Tribunales.
Cada uno de esos asuntos, apuntan los organizadores, forma parte de la estrategia para continuar elevando la calidad en la impartición de justicia.
La entrega de la condición 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas formó parte de las actividades de este viernes. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.4
Según Shelby Lis Lores Pérez, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Camagüey, participar en estas actividades aun sin graduarse significa un estímulo a su formación, así como una oportunidad de intercambiar criterios y conseguir una formación mucho más sólida e integral.
De igual manera, para el avileño Roberto Amaury Cruz Santiesteban y el granmense Ernesto Rodríguez Escalona, realizar encuentros como estos justo cuando en redes sociales y en medios financiados desde el exterior se articulan campañas para intimidar a los juristas cubanos, representa una manera de demostrar el apoyo del sector joven al trabajo de los tribunales cubanos.
Para la jornada de este sábado está prevista la visita al Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara para participar en el tradicional cambio de flores a los nichos que guardan sus restos y los de sus compañeros en la guerrilla boliviana.
Luego debe comenzar una extensa sesión de debates sobre asuntos vitales que confirmen la solidez, la ética y la profesionalidad del sistema de justicia cubano.
La visita a sitio del descarrilamiento del tren blindado fue una de las actividades. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
El recorrido por la ruta del Che en Santa Claa inició en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.

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Jóvenes jueces se reunirán el próximo sábado en Villa Clara

El próximo sábado 2 de abril, en Villa Clara, una representación de jóvenes jueces del sistema de tribunales sostendrá un encuentro con Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, donde también participarán otros directivos de esa institución y representantes de las organizaciones juveniles del país.
Según informó Juventud Rebelde, el encuentro tendrá lugar bajo la máxima del Che: “así debe estar siempre nuestra juventud: libre, discutiendo, intercambiando ideas, preocupada por lo que pasa a su alrededor, abierta a las nuevas técnicas, recibiendo de todo el mundo lo que nos pueda dar”.
La implementación de las nuevas leyes procesales y las relativas a la organización y funcionamiento de los tribunales, la presentación al Parlamento de tres nuevos cuerpos legales, la celebración del Décimo Encuentro Internacional Justicia y Derecho, y la rendición de cuentas ante la AsambleaNacional del Poder Popular, figuran entre los importantes desafíos que tienen los órganos judiciales en este 2022, cuyo objetivo común es continuar elevando la calidad en la impartición de justicia.
Sobre estos particulares, así como sobre la vocación por la función judicial, la superación profesional, la ciencia y la innovación al servicio de la administración de justicia, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las experiencias en la implementación de las normas recientemente aprobadas, y la atención que se brinda a los jóvenes en el Sistema de Tribunales, se dialogará en la cita, dedicada también al aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas.
(Con información de Juventud Rebelde)

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¿Por qué actualizar el Código Penal y cuáles son las novedades de esa norma legislativa?

El pasado 16 de marzo, la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó en su página web el proyecto del Código Penal, con el objetivo de incentivar las opiniones de la población y las instituciones para la modificación y el perfeccionamiento de esta nueva disposición jurídica.
Sobre el contexto en el cual se decide actualizar dicha norma, los principales cambios, novedades, y para esclarecer algunos criterios de los usuarios, Cubadebate conversó con Otto Eduardo Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular (TSP).
¿Por qué realizar un nuevo proyecto de ley del Código Penal? ¿Qué ha cambiado para que se decida actualizar esa legislación?
–Cuando una norma es acordada y se promulga, tiene como objetivo la estabilidad en el tiempo porque es necesario cumplir con el principio de seguridad jurídica. O sea, que las personas conozcan cuáles son sus derechos y deberes. Si esas disposiciones cambian constantemente no es posible llegarlas a conocer. Por eso deben durar en el tiempo. Y ese es el objetivo inicial.
“A la misma vez que esa norma va decursando en el tiempo, también pierde su efectividad porque deja de reflejar la cambiante realidad económico-social de la nación. Cuando ya ha transcurrido un tiempo significativo, ya no se parece a la realidad, y por tanto, no es eficaz y no puede resolver los conflictos derivados entre personas, grupos o entre instituciones.
“Todo ello sucede con el Código Penal. El actual data del año 1987, hace 35 años. La realidad socio-económica, los actores en la economía, no son los mismos. Además, el derecho se ha ido perfeccionando. O sea, ya hay un grupo de premisas para actualizarla”.
Cuba es signataria también de 25 tratados internacionales sobre lo penal…
–Exacto. Naciones Unidas tiene una serie de convenciones de las cuales Cuba es signataria. En ese sentido, se establecen mecanismos de exámenes con una periodicidad determinada, y en ellos a los países se les hacen recomendaciones, algunas de las cuales tienen su cauce en una modificación al Código Penal.
“Asimismo, en 2019 entró en vigor la nueva Constitución de la República de Cuba. Hay alrededor de 80 preceptos en la Carta Magna que impactan en el Código Penal, por tanto, es preciso readecuar la norma, fundamentalmente, en cuanto a la ampliación del catálogo de derechos de las personas, las nuevas figuras delictivas…
“Hemos aprobado y ya entró en vigor la nueva Ley de Proceso Penal. Esta legislación y el Código Penal se complementan. El Código plantea qué voy a regular y la Ley expresa cómo voy a aplicar lo regulado. Con ese complemento, si una ya está actualizada y la otra no, entrarían en un desfase.
“Hacemos esta actualización, además, porque resulta necesario ordenar algunas figuras en el Código Penal que no se encontraban en la familia que mejor lo tipifica”.
¿Qué se entiende por familias en el Código?
–Las familias se hacen por delitos afines. Por ejemplo, el hurto, el robo, el robo con violencia, impactan en la sustracción de bienes patrimoniales. Eso está en una misma familia, aunque tienen características y matices diferentes. De igual forma sucede con los delitos contra la vida, donde se ubican las lesiones, el asesinato, el homicidio.
Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular. Foto: Andy Jorge Blanco/ Cubadebate.
Desde la sede del Tribunal Supremo Popular, el magistrado hace referencia, además, al Código Contravencional y el Código Penal, así como la conductas que entran en una y otra normativa:
“Es necesario compatibilizar el Código Penal con el Código Contravencional. El primero se ocupa de los delitos, y el otro de las conductas que infringen la ley, pero no son las más graves. Por ejemplo, alterar el orden público (poner la música alta) sería una contravención. Pero si ya afectas a más personas y a la tranquilidad ciudadana, entonces sería un desorden, un hecho delictivo”.
¿Uno se subordina al otro?
–No, se complementan y establecen el límite de dónde uno termina y comienza el otro. Donde termina el Código Contravencional por la escasa peligrosidad o lesividad de la conducta, entonces comienza el delito. Pero como te decía, tienen que estar complementados, porque de no estarlo se puede cometer el error de tipificar incorrectamente y darle un tratamiento de delito a una contravención, y viceversa.
Según el presidente de la Sala de lo Penal del TSP, Otto Molina Rodríguez, otro de los elementos que justifica la nueva formulación del Código Penal es la transnacionalización del delito:
“El delito ha empezado a pasar las fronteras, sobre todo los del crimen transnacional. Estamos hablando, por ejemplo, del tráfico de drogas. Cuba no lo permite, tenemos una política de tolerancia cero en ese sentido, sin embargo, nos cogen de canal de tránsito, y por tanto, tenemos que empezar a regular eso. Lo mismo sucede con el tráfico y la trata de personas: han intentado engañar a jóvenes, las llevan a otros países con un sueño que les han dibujado, y cuando llegan indocumentadas las ponen a prostituirse.
“Por otro lado, nos impacta y tenemos el tema de la corrupción, el tráfico de órganos y lo vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) porque el cibercrimen no tiene fronteras. Además, está lo relacionado con el lavado de activos, o sea, el delito se comete en otro país (hay cubanos que han defalcado, por ejemplo, el Medicare) y luego intentan invertir en Cuba los recursos sustraídos de otras naciones”.
Ilustración: Edilberto Carmona/ Cubadebate.
Hay 37 nuevos delitos en el proyecto de Código Penal. Algunos ejemplos…
–Resulta preciso regular, por ejemplo, el creciente uso de las TICs en sus manifestaciones más graves y transgresoras. Eso tiene que tener una expresión en un delito. Está también el tema medioambiental, la creación intelectual, las formas de discriminación, la violencia de género o familiar, entre otros aspectos novedosos.
Usted mencionaba el uso de las TICs, ¿qué tipo de delitos están asociados con este tema?
–Ahí puede estar actividades como brindar servicios que corresponden a entidades públicas –porque responden a la colectividad–, o sea, alguien lo hace, logra determinadas redes y con ello empieza a lucrar, o a brindarlo de forma inadecuada, transmitiendo informaciones violatorias de las normas establecidas internacionalmente de cómo deben funcionar las redes y todo el espacio del espectro radioeléctrico.
“Otro ejemplo es que las TICs se utilicen para dañar la imagen o identidad de personas. Por otro lado, el uso de información clasificada, divulgada o manipulada por las redes, puede tener consecuencias en el orden legal.
“Ahora, como mismo incorporamos nuevas figuras delictivas, también hay varias que salen del Código Penal y pasan a tener una regulación contravencional como ya hablamos, o una regulación en otro ámbito de aplicación del derecho, dígase mercantil, administrativo”.
En ese sentido, ¿qué deja de ser delito?
–Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia que se realiza de forma ilegal, si bien existe la posibilidad de tener una autorización. Eso deja de ser delito. Asimismo, el sacrificio ilegal de ganado mayor cuando los animales están enfermos o han tenido un accidente, deja de ser una figura delictiva. O sea, se han incluido figuras muy graves que es necesario proteger, y a la vez se han ido despenalizando otras de menor lesividad, y eso crea un equilibrio.
“Para las figuras de menor gravedad –que representan más del 48% de las figuras delictivas recogidas en el Código– la ley favorece la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, o sea, multas o sanciones sin internamiento”.
Ilustración: Edilberto Carmona/ Cubadebate.
Magistrado, lo que antes era “rebelión” se convierte en “delito contra el orden constitucional”, por ejemplo. El cambio de términos, ¿qué significa en la práctica?
–Obedece a las tendencias del derecho moderno y de ir adecuando las normativas a la denominación, la acción o la conducta que mejor engloba y define el hecho cometido. Serían varias las manifestaciones que pueden afectar al Estado de derecho y justicia social. Esas manifestaciones, reitero, son las más graves: empleo de la violencia, afectación de los derechos colectivos, perturbación de la tranquilidad ciudadana, desconocimiento de las instituciones… Por eso se hacen precisiones en denominación y alcance de determinados tipos penales, como este, por ejemplo.
Se perfecciona también lo relacionado con los “desórdenes públicos”. ¿En qué se diferencia del delito contra el orden constitucional?
–El delito de “desórdenes públicos” básicamente tiene que ver con que personas, un grupo o una multitud, con un acuerdo expreso o no, vulneran la tranquilidad, el orden social y el normal desarrollo de la vida de los demás ciudadanos, con lo cual afectan los derechos de los mismos a sus actividades habituales. Sin embargo, si estos delitos –aun cuando puedan generar desorden público– pretenden afectar la estabilidad y la seguridad del Estado y sus instituciones, estamos hablando de delito contra el orden constitucional.
Algo que ha resultado controversial en la opinión de los usuarios en Cubadebate es el término del deliberado uso abusivo de un derecho constitucional con la finalidad de subvertir el orden político, económico y social del país. ¿A qué se refiere?
–Esa es una interpretación alejada de la realidad. Nuestro Código tiene más de 500 figuras delictivas, y esto no supone un número en nada significativo. Ahora, el derecho siempre va a proteger el Estado del cual emana. Por lo tanto, pensar que la sociedad y el Estado no van a tener una protección, no es posible en ningún país del mundo.
Otra de las propuestas del Código Penal es que se eliminan las medidas de seguridad predelictivas…
–Sí. El Código solo recoge figuras delictivas, no lo predelictivo. Esto último significa que determinada persona estaba en una proclive comisión de un delito.
Era algo muy subjetivo…
–Tenía unas peculiaridades que, en su momento, respondió a un contexto histórico determinado, pero hoy, a la luz del derecho internacional, no tiene cabida en nuestro Código Penal. Ahora, sí se mantienen las medidas de seguridad posdelictivas. O sea, la persona ya cometió un delito, pero tiene una afectación mental, vinculada, por ejemplo, al consumo de la droga o el alcohol, y su conducta se torna peligrosa. Por tanto, necesita de un tratamiento médico especializado. De eso se trata. No es ir a un centro penitenciario, sino a un centro institucional donde esa persona recupere su salud mental y pueda reincorporarse a la sociedad.
El magistrado Otto Molina Rodríguez explica las novedades del Código Penal. Foto: Yan Carlos Labrada.
¿Qué cambios tiene la norma en cuanto a la malversación?
–El delito de la malversación está asociado muchas veces al fenómeno de la corrupción, y por tanto, tiene un rigor en su tratamiento penal. Muchas veces se atacan entidades que brindan servicio a la población como bodegas, farmacias, hospitales. Ahora, si usted comete malversación y antes de la celebración del juicio resarce al Estado y a la colectividad la afectación económica causada, su sanción va a ser mucho menor. Puede rebajar las sanciones en una tercera parte de lo que hoy tiene fijada la norma.
“Otras de las novedades es que se incorporan nuevas sanciones alternativas a la privación de libertad. Ejemplos de ello son los servicios en beneficio de la comunidad, o sea, realizar trabajos en un horario determinado, así como la reclusión domiciliaria, permanecer en la vivienda y salir solo para realizar labores de estudio, trabajo o atender la salud. Vamos quitando un grupo de conductas que no van a ir al régimen de internamiento”.
El Código Penal no es un proyecto que se somete a consulta popular, sin embargo, la población puede emitir sus consideraciones sobre la norma…
–La consulta popular no es un requerimiento de una norma para ser promulgada y aprobada. De hecho, no es una práctica en ningún país. Someter a consulta popular la normativa que lo requiera –por sus características o el nivel de debate generado en la población– es una experiencia propia en Cuba. Eso sucedió con el Código de las Familias porque había un interés de la población en debatir sobre determinados temas allí recogidos. No pasó así con los preceptos de la Constitución que impactan en el Código Penal, por lo tanto, no se justifica realizar una consulta popular.
“Ahora, eso no quiere decir que no sea importante escuchar las opiniones de los ciudadanos. Por eso, la Asamblea Nacional publicó el proyecto en su sitio web, lo cual ha generado un grupo de criterios para modificar y perfeccionar varios artículos del proyecto”.
Molina Rodríguez señala que en este semestre la norma debe someterse a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Solo depende de que el intercambio con las instituciones y la población siga transcurriendo favorablemente”.
En sentido general –destaca el magistrado– hay una opinión positiva sobre el texto porque refuerza garantías y derechos, protege al Estado y los intereses individuales, siempre que no entren en conflicto con la colectividad.

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Novedad en Cuba: Proceso especial para la defensa de los derechos constitucionales

Todo texto constitucional, como norma suprema, es garantía esencial de los contenidos que regula y, por eso, requiere de mecanismos de defensa y protección de los derechos que en ella se reconocen. No basta solo con esa regulación constitucional de los derechos y los medios garantistas para su defensa, sino que también es necesaria la presencia de un órgano imparcial, ajeno a los sujetos en conflicto, que valore y decida respecto a la situación que ante él se presenta, lo cual es una vía de aseguramiento de los intereses de las partes y, en particular, de los derechos constitucionales que se han visto vulnerados; definiéndose, en este sentido, instrumentos especiales para ello.
Asimismo, es evidente cada vez más, la existencia de conflictos socioeconómicos y políticos, o entre entes del Estado o la Administración y los componentes de la sociedad, que se pueden tramitar ante los tribunales de justicia. El acceso a la vía judicial es el cauce para los sujetos implicados, a fin de poder acudir al proceso para proteger o promover sus intereses siempre que se vean afectados. Por eso se afirma que la finalidad del reconocimiento en el texto supremo de las garantías procesales no es otra que lograr la tan pretendida justicia y el proceso judicial se convierte, de este modo, en el medio de realización de la justicia y de los contenidos constitucionalmente regulados.
¿Qué es el proceso? En su acepción amplia, puede entenderse como una serie de actos desarrollados progresivamente con el objeto de logar un fin previsto, en el que todos los pasos y acciones se realizan para acceder a un determinado objetivo, lo cual muestra la idea de una unidad de actos, encaminados en su conjunto a un específico fin. Entonces, el proceso judicial es una sucesión de actos en sede de los Tribunales, cuya producción tiene como objetivo que se produzca la aplicación de la ley a un caso concreto y particular, a los efectos de constituir garantía para la plena realización de los derechos y la exigencia de responsabilidades si fuera necesario. En otras palabras, ese proceso judicial es la vía empleada por las personas para reclamar sus derechos y lograr la satisfacción o realización de los mismos.
En Cuba, están previstos distintos procederes para ser solventados en los Tribunales, y recientemente se han aprobado leyes contentivas de los mismos: Ley del Proceso Administrativo y el Código de Procesos.
Entonces, respecto al proceso para la defensa de los derechos constitucionales: ¿novedad o no? ¿Por qué instrumentarlo? 
Una peculiaridad del texto supremo de 1976 fue que se centró solo en las garantías de tipo material y muy pocas jurídico-normativas; no se reconoció proceso especial para la defensa de los derechos en él consagrados y solo asumió el principio de legalidad -entendido como aplicación de ley-, con lo que ante la lesión de los derechos constitucionalizados se limitó el reclamo a la queja y procedimientos administrativos no del todo garantistas.
Ahora bien, el texto de 2019 ha incluido, además, garantías jurídico procesales, las que han devenido en un paso de avance respecto al precedente constituyendo algo novedoso en nuestro ordenamiento posterior a 1973. Es de significar, además, que aún con los cambios introducidos, perviven limitaciones previstas en normativas pre y post constitucionales, tanto en las esferas penal, civil, laboral, administrativo, etc., de acceso a la justicia para la defensa de derechos, que condicionan la plena realización de los mismos; e, incluso, omisiones y remisiones a la ley lo que es muestra de la posible persistencia de daños y laceraciones a los derechos reconocidos en la norma suprema. Lo anterior es fundamento de la necesidad de la actuación judicial para la defensa de todos los derechos y en cualquier momento.
¿Cómo se ha previsto este proceso?
El artículo 99 de la Constitución vigente, aunque establece la posibilidad de las personas de reclamar judicialmente ante la violación de los derechos consagrados en ella. Este dispone que será una ley posterior la que precisará tanto los derechos amparados por esa garantía como el procedimiento para presentar la reclamación, un proceder que ha de ser preferente, expedito y concentrado, lo que lo diferencia de otros. Si bien se ha logrado la uniformidad en el reconocimiento de los procesos no penales a raíz de la promulgación del Código de Procesos y de los principios generales que han de informarlos a todos -entendidos como la vía para la salvaguarda de tales derechos-, ninguno de tales procesos judiciales en la actualidad se adecua a las exigencias y finalidad que requiere dicho proceder constitucional.
Amén de no haberse previsto constitucionalmente una ordenación precisa o pautas claves, en función de la defensa de los derechos ciudadanos, este proceder ha de entenderse diferenciadamente de los restantes, como mecanismo idóneo para ello, ya que el propio mandato constitucional establece que el mismo ha de ser «preferente, expedito y concentrado».
Por su parte, el proyecto de “Ley del Proceso de amparo de los derechos constitucionales” en el que se desarrolla dicho medio garantista, estipula la condición incidental del mismo, pues parte de la idea de la existencia de otros procesos ordinarios a los que se puede acudir en defensa de los derechos constitucionalizados que se consideran haber sido lacerados, sin obviar, que cuando la trascendencia de la vulneración de los derechos constitucionales alegada requiera de una actuación urgente del tribunal, la reclamación se tramitará por este proceso especial, dado su carácter «preferente», de acuerdo con el mandato constitucional.
De igual manera, y conforme a la Disposición transitoria décimo segunda de la Constitución de la República de Cuba, se previó que la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobara la ley para hacer efectiva la protección jurisdiccional de los derechos constitucionales. Unido a ello y como consecuencia del proceso de actualización y modificación de nuestro ordenamiento jurídico, una de las disposiciones normativas de reciente promulgación fue la Ley 140/2021 “De los Tribunales de Justicia”. En ella se incorporó, a la estructura del sistema de tribunales, tanto a nivel supremo como a nivel provincial, la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales la que había dejado de existir con la promulgación de la Ley 1250, de 1973, “De organización del sistema judicial”, la que suprimió la jurisdicción constitucional.
Esta sala especializada de reciente creación tributa o da cumplimiento al mandato constitucional de que el proceder en comento sea sustanciado en una sala independiente a las ya existentes en el sistema de tribunales, en función de brindar amparo a los derechos constitucionalizados, a través de este proceso preferente, expedito y concentrado.
¿Para qué? Este proceder especial, conforme al artículo 99 constitucional y al proyecto de ley, se ha previsto para que toda persona a la que se le vulneren los derechos reconocidos en la Constitución de la República, que no tengan una vía de defensa en procesos judiciales de otra materia (civil, familiar, administrativo, del trabajo y la seguridad social, mercantil y penal), que hayan sido o estén siendo vulnerados a partir de la entrada en vigor de la Carta Magna y, como consecuencia, sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, pueda reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener la correspondiente reparación o indemnización.
Por otra parte, ha quedado claro en el propio proyecto de ley, que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas, al ser una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no podrá ser objeto de este proceso. Ello implica que si se dicta una norma que en cualquiera de sus enunciados limita el ejercicio y disfrute de un derecho reconocido constitucionalmente para todos los cubanos, no puede el individuo afectado ir al órgano judicial a interponer un proceso alegando que la norma “X” es lesiva a “su derecho” e inconstitucional. La persona reclamará frente a acción u omisión de ente público o privado.
No obstante lo antes señalado, el Tribunal, al conocer de una demanda interpuesta por vulneración de los derechos constitucionales, y percatarse que dicha lesión ha sido provocada por una norma dictada por órgano estatal competente, podrá hacer el llamado de alerta al órgano legislativo para que este, en función de la facultad constitucionalmente reconocida, haga el estudio del caso en cuestión y dictamine sobre la inconstitucionalidad o no de la norma lesiva, en cuyo caso el tribunal solo se ajustaría a su función de impartir justicia inaplicando dicha normativa.
El propósito de dicho proceso no es otro que lograr el cese de la vulneración de los derechos constitucionalizados, su restitución o el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, según sea el caso en cuestión. Es un proceder que, en función de su objeto, se ha previsto en el proyecto de ley con plazos breves y, de ser necesario, que el tribunal pueda convocar a una audiencia, para el desarrollo de varias etapas del mismo, en atención al mandato constitucional de que sea expedito y concentrado.
Unido a lo anterior, es de resaltar la posibilidad que, de oficio, tiene el propio órgano judicial de acuerdo con las características del asunto para disponer medidas cautelares en pos del aseguramiento del proceso, las que han de durar hasta el cumplimiento de lo resuelto por el órgano judicial. En este sentido, se ha previsto que la decisión final que se adopte para resolver el conflicto sea cumplida inmediatamente, con independencia del reclamo que pueda hacerse en su contra por estar en desacuerdo una de las partes con la solución brindada.
¿Qué órgano judicial conoce? ¿Ante quién y cuándo presentar la demanda? ¿Cuándo y cómo conozco el fin/resultado del proceso? 
El Tribunal Supremo Popular conocerá, en primera instancia, de las reclamaciones por daños o perjuicios ocasionados por los órganos estatales superiores, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, que impliquen la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba, de los recursos de apelación contra las decisiones judiciales adoptadas en esta materia en primera instancia por los tribunales; los procesos de revisión que se susciten en ella y cualquier otro asunto que le sea expresamente atribuido por las leyes o cuyo conocimiento no esté asignado a ningún otro órgano judicial. El resto de los asuntos será conocido, en primera instancia, por los tribunales provinciales populares, a quienes acudirán las personas agraviadas y el fiscal, en este último caso cuando se lesionen los intereses públicos.
Para dar inicio a la maquinaria judicial, la persona que sienta haber sufrido una lesión o agravio, presenta su reclamación a través del escrito de demanda, en el plazo de hasta noventa días, contados desde el momento en que este conozca el acto que vulneró el derecho constitucional reclamado. Para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad u otras circunstancias que les impidan reclamar, el plazo de presentación de la reclamación se cuenta desde el momento en el que estuvieran en condiciones de hacerlo. He aquí una garantía para la parte/persona que reclama ante la lesión de un derecho.
Una vez concluidas las etapas del proceso interpuesto, es momento de que el Tribunal resuelva. Esa respuesta o decisión que adopta se emite en una sentencia que se dicta en un plazo que no exceda de los diez días siguientes a la declaración de concluso/terminado del proceso; decisiones estas que deben ser claras, precisas y congruentes con las peticiones y solicitudes formuladas y solo surte efectos con relación a las partes y al caso concreto enjuiciado.
¿Beneficioso para las personas? 
El proyecto de ley que desarrolla el proceso de amparo para la defensa de los derechos constitucionales en Cuba, está marcado por ser expresión del mandato constitucional de dotar de mayores garantías a las personas, a partir de la concepción de un procedimiento caracterizado por su celeridad, el papel activo que han de tener los tribunales de justicia, la participación de las partes en igualdad de condiciones, con una adecuada simplificación de los trámites, la oralidad y la inmediación como principios rectores del mismo. Por consiguiente, en la solución de los conflictos que se originen por la vulneración de los derechos constitucionales, la ley ha de interpretarse y aplicarse del modo que más favorezca a la persona y al respeto a la dignidad humana, en correspondencia con los principios y valores consagrados en la Constitución de la República, en especial los de progresividad e igualdad y no discriminación, en función de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, sin perjuicio de los derechos de las demás personas, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.

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El tratamiento a los imputados y acusados menores de 18 años de edad en el marco de la reforma procesal cubana

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece los 18 años como la mayoría de edad de la persona. Sin embargo, tal principio no resulta obligatorio para los países signatarios, los que, en correspondencia con su idiosincrasia, tradición jurídica e intereses, pueden adoptar la edad que decidan, con la sugerencia de que, en caso de no coincidir con la contemplada en la convención, deberá proveerse a la persona menor de ese límite etario que es procesada penalmente, un grupo de garantías que aseguren el debido proceso y, por tanto, la protección especial que merece en atención a su condición de persona en desarrollo.
Así, por ejemplo, en Francia las personas responden penalmente desde los 13 años; en Alemania, desde los 14 años; en Reino Unido, desde los ocho años; en Irlanda, desde los siete; en España e Italia, desde 14; en Argentina, desde los 16; Brasil, 18, y EE.UU., 14 años.1
La ley penal cubana adopta los 16 años como la edad en la que el individuo responde penalmente. Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Constitución de la República de Cuba2 y con la mencionada convención, la reforma procesal lo abordó de manera responsable, proyectando un sistema de garantías que explícitamente consta en el texto de la correspondiente ley.
La nueva ley de procedimiento penal, Ley No. 143 (Ley del Proceso Penal), introduce el denominado principio de oportunidad,3 en virtud del cual el fiscal puede prescindir de la acusación en delitos intencionales cuyo marco sancionador no rebase los cinco años de privación de libertad y en los delitos imprudentes; cuando los hechos sean de escasa lesividad, tanto por las condiciones personales del responsable como por las consecuencias del delito; cuando el procesado haya sufrido daño físico o psicológico grave que así lo aconseje; se trate de delitos patrimoniales cometidos sin violencia o intimidación,4 y en el caso de la persona que colabore con la investigación de manera trascendente, siempre que su intervención en el delito sea inferior que aquella a cuyo esclarecimiento ayude.5

Si bien lo apuntado aplica, de manera general, para todas las personas, la ley diseña un tratamiento especial para los menores de 18 años. En este supuesto, y sin sujeción a la extensión de la sanción, el infractor solo es procesado penalmente si:
–Se trata de hechos de una elevada lesividad social.
–El delito se comete contra la seguridad del Estado o constituye un acto de terrorismo.
–Para su ejecución, el comisor utiliza medios, modos o formas que denotan desprecio por la vida humana o notorio irrespeto a los derechos de los demás.
–Se trata de una persona reiterativa en la comisión de hechos delictivos.6
De manera que, por mandato legal y en atención al principio de humanidad que rige el actuar del Estado cubano, el tratamiento penal a la persona menor de 18 años debe ser la última de las opciones, lo cual no significa que al individuo que cometa delito se le abandone a su libre albedrío, sino que los tratamientos se adecuan a sus necesidades (las reeducativas en primer término), lo cual abre la posibilidad de utilizar vías administrativas para la corrección de la conducta.
Sin embargo, para aquellos en los que no hay posibilidad de aplicar vías alternativas al procesamiento penal, también la ley7 ha previsto garantías adicionales a las de los de 18 años o más para su tratamiento. Así, por ejemplo, tienen derecho a:
–Informar inmediatamente de su detención a sus padres o a su representante legal.
–Tener asistencia letrada designada o de oficio desde la detención, o desde la instructiva de cargos, si está en libertad.
–Imponer la medida cautelar de prisión provisional solo si no existe otra alternativa racional.
–Contar en las diligencias investigativas en las que participe con la presencia de su defensor, del fiscal y, si así lo considera, de uno o ambos padres o de su representante legal.
–Solicitar que el juicio oral sea privado.
–Participar en el juicio acompañado de uno o ambos padres o de su representante legal.8

Súmese a ello las garantías generales para el resto de los procesados, válidas también en su caso:
–Recibir durante todo el proceso un trato humano y digno.
–Comunicarse con inmediatez y recibir visitas de sus familiares o personas allegadas en caso de permanecer detenido.
–Comunicarse privadamente con su defensor cuantas veces lo solicite en cualquier etapa del proceso.
–No declarar contra sí mismo, su cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Abstenerse de declarar o hacerlo cuantas veces considere.
–Aportar todos los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido.
–Recurrir las resoluciones que considere lesivas de sus derechos, en cualquier etapa del proceso.9
En el orden penal sustantivo, también los menores de 18 años de edad han recibido especial protección, para el caso en que deban ser procesados penalmente.
El proyecto de Código Penal, en proceso de aprobación, fija como máxima pena privativa de libertad imponible en esas edades la de 20 años y prevé una rebaja de la mitad de los límites imponibles por el delito cometido, a la hora de adecuar la sanción. En estos casos, con independencia de que el delito cometido contemple la pena de muerte, la ley prevé la prohibición de su imposición, caso contrario a como ocurre en países como Estados Unidos.
Por otro lado, existe un mandato legal de imponer penas privativas de libertad solo en casos extremos, incorporando un catálogo de sanciones alternativas, del que privilegia las que no conlleven internamiento, dentro de ellas la limitación de libertad, el trabajo correccional sin internamiento, el trabajo en servicio de la comunidad, el arresto domiciliario y la multa, todas con prioridad si de jóvenes en ese rango de edades se trata.
El proyecto de Código Penal prevé, además, con el objetivo de evitar que el sancionado cometa nuevos delitos y se alcance su reinserción social, que el tribunal puede imponer alguna o varias de las prohibiciones de:
–Asistir a determinados lugares o locales donde se realicen espectáculos o actividades públicas.
–Mantener relaciones con determinadas personas.
–Consumir bebidas alcohólicas.
–Deambular por la vía pública a determinadas horas de la noche.
–Portar o tener en su poder determinados objetos que puedan significar un riesgo o peligro para las demás personas.
Puede imponerle, también, una o varias de las obligaciones siguientes:
–Asistir a un centro de enseñanza, con sujeción especial a controles de asistencia y aprovechamiento escolar.
–Asistir a un centro de formación profesional para adquirir conocimientos que le permitan desempeñar labores útiles a la sociedad.
–Ser sometido a programas de tratamiento médico, médico psiquiátrico o psicológico, bajo régimen ambulatorio o interno en centro asistencial especializado. Esta obligación podrá ser impuesta cuando la persona se encuentra en una situación de adicción al alcohol u otras drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, o sea portadora de enfermedades infectocontagiosas o de transmisión sexual, entre otras.10

En cuanto a la ejecución de las sanciones, la ley también prevé soluciones que benefician a este grupo etario, como el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad en establecimientos separados de los sancionados mayores, la disminución de los términos para la concesión de la libertad condicional, y la posibilidad de completar su educación y de formarse en un oficio.11
En resumen, la reforma penal en Cuba coloca al país dentro de las legislaciones más avanzadas del mundo y fue concebida con un carácter sistémico que permite influir no solo la etapa de investigación y juzgamiento del delito en lo concerniente a los procedimientos a eguir, sino también en el sistema de sanciones y de adecuación de las penas a imponer, cerrando el ciclo con una previsión en la ejecución de las penas, todo ello pensado para garantizar mayor protección al individuo, sobre todo si de personas menores de 18 años se trata.

Notas
1–Las referencias a las edades penales que se realizan, se extrajeron de lo informado por estos Estados al Comité de los Derechos del Niño o se dedujeron del texto de estos informes.
2–Artículo 86. El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que le conciernen.
Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de derecho y gozan de aquellos reconocidos en esta Constitución, además de los propios de su especial condición de personas en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de violencia.
3–Artículo 16.2. El fiscal, mediante resolución fundada, en cualquier momento de las fases preparatoria e intermedia, puede prescindir de la presentación de las actuaciones al tribunal y abstenerse de ejercitar la acción penal y, para ello puede disponer el archivo de la denuncia, el sobreseimiento provisional y la aplicación de los criterios de oportunidad.
4–Artículo 17.3 de la Ley del Proceso Penal
5–Artículo 17.4 de la Ley del Proceso Penal
6–Artículo 17.5. Ley del Proceso Penal (Ley No. 143)
7–Ley del Proceso Penal (Ley No. 143)
8–Artículo 130.2 de la Ley del Proceso Penal
9–Artículo 130.1 Ley del Proceso Penal
10–Artículo 73 del proyecto de Código Penal
11–Artículo 27.2.b) del proyecto de Ley de Ejecución Penal

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Para reclamar más derechos: En manos del Parlamento cubano proyecto de ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales

Parlamento cubano en sesión. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.El Tribunal Supremo Popular (TSP) entregó hoy al Parlamento de Cuba el proyecto de ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales, que amplía la posibilidad de los ciudadanos de reclamar sus derechos ante la justicia.
Se trata de una disposición jurídica de gran trascendencia, resultado de múltiples valoraciones especializadas, y que trae al conocimiento de los tribunales asuntos que hoy no tenían ese tratamiento, apuntó el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro.
Por su parte, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo, expresó que la norma, de beneficio popular, también demandará el análisis de los diputados y de las personas en general, y consolida a Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social.
De acuerdo con José Luis Toledo, presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del órgano legislativo, este proyecto refuerza las garantías y el respeto de los derechos en el país, al tiempo que contribuye al control constitucional.
En la reunión estuvieron presentes, además, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y Farah Maritza Saucedo Pérez, vicetitular del TSP, informó el Parlamento.
(Con información de Prensa Latina)

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Tribunal Supremo informa sobre juicio a acusados por disturbios y hechos vandálicos en Cárdenas

Del 8 al 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Militar Territorial Central celebró el juicio oral y público correspondiente a la causa seguida contra 13 ciudadanos acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos en el municipio matancero de Cárdenas, con el propósito de dañar instalaciones, desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana.Una nota de la Dirección de Comunicación Institucional del Tribunal Supremo Popular señala que el juicio transcurrió con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la Fiscalía en su acusación como por los encartados y sus representantes procesales.
Agrega que al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias.
“El tribunal notificó la sentencia en la que consideró probado y demostrado que el 11 de julio, alrededor de las tres de la tarde, los acusados responsables salieron a las calles de esa ciudad, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y se aglomeraron indistintamente en las proximidades de la unidad comercial servicupet Las Brisas.
“Una vez allí, los acusados lanzaron piedras y palos de forma violenta contra la instalación, causándole graves daños, consistentes en roturas de ventanas y puertas y fracturas de paños de cristal y otras estructuras de vidrio; sustrajeron parte de la mercancía que se expendía y, al personarse en el lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cocteles molotov, tanto a dichos agentes como a los vehículos”, precisa la Dirección de Comunicación Institucional del Tribunal Supremo Popular.
Esos hechos –continúa– “fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en particular en la provincia de Matanzas, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, entre ellas, la limitación de movimiento después del mediodía”.
El comunicado informa que el tribunal, con total respeto a las garantías y derechos y en correspondencia con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, consideró a 12 de los acusados juzgados como responsables de los hechos, según cada caso, por los siguientes delitos, que fueron cometidos de forma consciente y voluntaria: sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia o intimidación en las personas, previstos y sancionados en el Código Penal.
Para adecuar e individualizar la respuesta penal a imponer a cada uno de los responsables en la perpetración de los referidos delitos, los jueces actuantes tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos y la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia.
En observancia de lo establecido en el Código Penal vigente, los jueces decidieron aplicar las sanciones siguientes:
Jorge Luis Arguelles Bayate, 16 años de privación de libertad; Daniel Joel Cárdenas Díaz, 15 años de privación de libertad; José Carlos Hernández Barrio y Geraldo Díaz Alonso, 14 años de privación de libertad; Leidiana Prohia Guevara, 12 años de privación de libertad; Yoniel Santana Rodríguez, José Antonio Cue Monzón y Enoc Noe Fernández Fernández, 10 años de privación de libertad; Reydel Canasí Reyes, 7 años de privación de libertad; Alain Rosello Fernández y Jorge Gilberto Carrillo Isaac, 6 años de privación de libertad, y Yasniel Roque Valle, 5 años de privación de libertad, subsidiada por igual término de limitación de libertad.
La nota añade que el acusado Jorge Gilberto Carrillo Isaac fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos.
“De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
“Tanto a los acusados sancionados como a la fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia”, concluye el comunicado firmado por la Dirección de Comunicación Institucional del Tribunal Supremo Popular.

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Un domingo gris en Holguín… y sus consecuencias

HOLGUÍN. Foto: Amauris BetancourtInformación sobre los procesos penales derivados de los disturbios del 11 de julio de 2021
Era un domingo gris, silencioso, como la mayoría de los días robados por la COVID-19; hasta que en horas comprendidas entre las 2 y las 5 de la tarde; parecía perderse también la tranquilidad en Holguín y otras ciudades de Cuba.
Era 11 de julio de 2021, la fecha más mediática en los últimos tiempos para hablar de Cuba.
Con el propósito de subvertir el orden constitucional del país, varias personas se habían convocado en el Gobierno Provincial y otros puntos del centro de la ciudad. Frente a la sede del Gobierno municipal agredían a varias personas. Violencia, gritos de consignas contrarrevolucionarias. La muchedumbre se trasladó por la calle Libertad; luego por carretera a Gibara. Tras cruzar varios repartos llegaron al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.
Allí, armados con piedras y losas que arrancaron de la Plaza de la Revolución “Mayor General Calixto García Íñiguez”, atacaron y trataron de tomar la sede, rompieron cristales, una gigantografía, agredieron un carro de la Brigada Especial al que le ocasionaron daños, y lesionaron a 14 personas (dos de las cuales en el momento del juicio oral aún no se habían recuperado).
Finalmente se pudo contener la situación, algunos fueron detenidos en ese momento, y otros posteriormente.
Tras el suceso
“Fueron trasladados a la Unidad Provincial contra los Delitos de la Seguridad del Estado. Ellos tienen sus garantías procesales; llegados al centro son atendidos por el servicio médico que pertenece a la unidad, para conocer las enfermedades que padecen, tratamientos que llevan y si tienen dietas por ello.
Se designaron instructores para cada imputado. Acorde con la Ley de procedimiento penal tuvieron derecho a llamada telefónica para avisar de su detención; visita durante la semana de un familiar; derecho al defensor (solo uno no lo contrató y se le asignó de oficio).
“Se obtuvieron pruebas (videos) de los propios teléfonos de ellos; se solicitaron los peritajes somatoscópicos al laboratorio de criminalística, a través de los cuales pudimos ubicar a los imputados en cada lugar y demostrar su participación”, explicó la primer teniente Elizabeth Batista Mulet, primera instructora de esa Unidad.
Alrededor de 140 personas fueron instruidas de cargo, pero la cifra se fue depurando, hasta quedar con los que cometieron hechos violentos.
El dictamen pericial fue decisorio en la investigación. El mayor Ángel Guerra Odiaga, jefe del Laboratorio Provincial de Criminalística y especialista en identificación de las personas por sus rasgos exteriores, comenta que establecieron el nivel de comparación y analogía que existía entre las imágenes de los dispositivos con las personas que se indagaban. “No solo tuvimos en cuenta los rasgos del rostro, también prendas de vestir, tatuajes. El examen odorológico tuvo resultados positivos con algunos acusados, de las impresiones de olor que se levantaron en los pedazos de losas que se recogieron en el Comité Provincial del Partido”.
El juicio oral
Del 11 al 14 de enero se desarrolló el acto de juicio oral con 20 acusados, al que se presentaron algunos con medida cautelar de prisión provisional, otros con fianza en efectivo, y libertad. Cada uno fue representado por un abogado.
Por alterar de manera tumultuaria el orden socialista, empleando violencia, todos se juzgaron por el delito de sedición.
“En ese delito el marco sancionador es entre 10 y 20 años de privación de libertad. El hecho ocurre en medio de una situación excepcional, por la pandemia, en la que existían varias medidas, que fueron violadas. El artículo 54 del Código Penal dice que cuando ocurren varias circunstancias agravantes se puede subir el límite máximo de la sanción hasta la mitad; o sea, de 20 a 30 en este caso”, expuso Fernando Sera Planas, fiscal provincial de Procesos Penales.
Ocho acusados tenían entre 16 y 18 años de edad, pero la responsabilidad penal en nuestro país es a partir de los 16.
En el acto de juicio oral, se modificó la petición fiscal por una de menor severidad o rigor, respecto a estos ocho acusados.
“Atendiendo a la edad, su postura en el proceso investigativo, en el que varios habían reconocido su responsabilidad, y que muchos estaban estudiando, tal como nos permite la ley, y por al espíritu generoso y humanista de la Revolución, la que sigue confiando en esos jóvenes, realizamos la modificación, y les solicitamos cinco años de privación de libertad, e interesamos al tribunal que se les subsidiaran por limitación de libertad, que da la posibilidad de continuar estudios, con requisitos, controlados por el juez de ejecución…”, señaló Sera Planas.
El desenlace
Enoy Reyes Fajardo fue uno de los abogados que ejerció la defensa y considera que fue un juicio donde se cumplieron las garantías del proceso penal. “Todos tuvimos acceso a las actuaciones y a los acusados involucrados, pudimos presentar las pruebas pertinentes, en aras de defender al representado. Hoy sigo siendo el abogado para los correspondientes recursos que se van a establecer”.
Ante posibles cuestionamientos, el también abogado Solnés Expósito Sarmiento indicó: “En honor a la verdad, tramitamos el asunto como cualquier otro proceso ordinario que hacemos cotidianamente; no hubo tratamiento diferenciado que nos pusiera límites o restricciones para el ejercicio de nuestro trabajo”.
Los acusados pudieron ir al juicio acompañados de un familiar, como garantía de la nueva Ley del Proceso Penal que entró en vigor este 2022, y los de hasta 18 años estuvieron en algunos casos con ambos padres.
“Desde que llegué me dan el tratamiento médico que necesito. Cometí el delito, me metí ahí, marché. Yo andaba bajo bebida alcohólica. Siempre me sentí arrepentido; gracias a la Revolución mis hijos van a la escuela, tienen un hogar. He tenido antes problemas con la justicia, pero no de contrarrevolución”, refirió Miguel, quien se encuentra en un centro penitenciario.
Marcos, otro de los acusados, cuenta que no sabía las consecuencias. “Me siento muy arrepentido. Mi consejo para los jóvenes es que cuando quieran expresarse o dar una opinión, plantear un problema, lo primero es acudir a los órganos adecuados, sin violencia”.
Las sanciones impuestas a los acusados fueron publicadas hoy en Nota de Prensa del Tribunal Supremo Popular.

El 11 de julio dejó más que una inmensa ola de sentimientos en un juicio; mostró, como dijera un entrevistado, que la familia tiene que jugar su papel fundamental, los padres dedicar más tiempo a los hijos, saber dónde están, qué hacen, con quién se relacionan. Advirtió que hay que desconectarse de las redes para ser más sociales; que hay mucho veneno en la propaganda subversiva. Que falta trabajo por hacer para mejorar.
El 11 de julio hubo mucha violencia en las calles de Cuba y Holguín, ese día subió su tono gris la tarde y el odio quiso echar abajo la tranquilidad; en la memoria aún rebotan demasiados gritos.
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(Tomado del periódico Ahora)

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Fiscalía General de la República y Tribunal Supremo Popular: una rendición de cuenta cualitativamente superior al parlamento cubano

Yamila Peña Ojeda y Rubén Remigio Ferro, Fiscal General de la República y Presidente del Tribunal Supremo Popular, respectivamente; presentaron la estrategia para el desarrollo de la rendición de cuenta por parte de ambos órganos. Foto: Tony Hernández MenaCon la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; la Secretaría del Parlamento cubano notificó oficialmente este lunes al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República el Acuerdo número IX-117, que estipula la respectiva rendición de cuenta de ambos órganos en el próximo Período Ordinario de Sesiones.
En su intervención, Lazo Hernández destacó que este proceso de rendición de cuenta acontece en un momento cualitativamente superior, debido a la profunda reforma judicial y procesal desarrollada en el país, a partir de la reciente aprobación por la Asamblea Nacional de importantes leyes que complementan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en materia jurídica, en función de respaldar y proteger a nuestro pueblo.
«La rendición de cuenta constituye un principio esencial de nuestra democracia socialista. Rendir cuenta ante la Asamblea Nacional, es rendir cuenta ante el pueblo, pues esta es el órgano supremo del poder del Estado, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana», aseguró.
A su vez, el titular del legislativo cubano exhortó a desarrollar este proceso con transparencia, objetividad y sencillez, con el análisis autocrítico que debe de caracterizar cada una de las tareas, con participación de la población en cada una de las etapas y con el efectivo empleo de la comunicación social.
Conscientes de la complejidad del contexto actual, debemos convertir a la rendición de cuenta en un movimiento político e ideológico con los cuadros, trabajadores y organizaciones para impulsar las principales tareas y fortalecer la labor cotidiana, subrayó.
Esteban Lazo presidió el encuentro en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Tony Hernández Mena
Por su parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, resaltó la vasta experiencia del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República en este tipo de proceso, premisa que debe tributar a una mayor calidad de este ejercicio, con participación y control popular.
Posteriormente, Yamila Peña Ojeda y Rubén Remigio Ferro, Fiscal General de la República y Presidente del Tribunal Supremo Popular, respectivamente; presentaron la estrategia para el desarrollo de la rendición de cuenta por parte de ambos órganos, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas en anteriores procesos, el intercambio de los diputados con los colectivos y el vínculo con la población, entre otras actividades.
En su intervención, Marcos Antonio Caraballo de la Rosa, vicefiscal General de la República, manifestó que este órgano del Estado está preparado para rendir cuenta de su gestión. «La mejor manera de desarrollar este proceso es analizar críticamente, de forma permanente, lo que hacemos, con participación de los colectivos y de la población, en aras de fortalecer nuestra labor», consideró.
Mientras que Farah Saucedo Pérez, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, agregó que la rendición de cuenta resulta una motivación adicional para explicar a la población cuánto hacemos, profundizar en nuestro sistema de normas aprobadas recientemente en función de mayores derechos y garantías para nuestro pueblo, avalados por la Constitución de la República.
La rendición de cuenta constituye un principio esencial de nuestra democracia socialista. Foto: Tony Hernández Mena
Participaron también en el encuentro Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular; diputados miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; integrantes del Consejo de Gobierno y magistrados del Tribunal Supremo Popular; y directivos de la Fiscalía General de la República.
El Acuerdo número IX-117, aprobado el 22 de diciembre de 2021 por el Parlamento cubano, establece que la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República verificará el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el anterior proceso de rendición de cuenta, la organización territorial y estructura adoptada por ambos órganos a partir de la vigencia de la Ley no. 140 «De los Tribunales de Justicia», de 28 de octubre de 2021, la preparación y capacitación de los operadores del sistema de justicia sobre las nuevas leyes aprobadas de los Tribunales de Justicia, Código de Procesos, del Proceso Administrativo y del Proceso Penal y las medidas adoptadas para la aplicación del régimen de garantías que prevé la Ley no. 143 “«Del Proceso Penal», de 28 de octubre de 2021.
Asimismo, constatará la atención y trabajo con los magistrados, jueces profesionales y legos, y fiscales; la calidad de los procesos penales, con especial referencia al estado de tramitación de los procesos de revisión penal; así como informará de aspectos esenciales en el desempeño de la gestión del órgano correspondiente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del legislativo cubano será la encargada de dirigir el proceso de rendición de cuenta de ambos órganos, que se desarrolla del 4 de enero hasta el 30 de junio de 2022.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del legislativo cubano será la encargada de dirigir el proceso de rendición de cuenta de ambos órganos. Foto: Tony Hernández Mena

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Cuba, crimen y castigo

Foto: Cubadebate.Mientras los mazos judiciales caen en Cuba, dejando el retumbar triste de un proceso del que nunca quisimos ser testigos quienes amamos esta tierra, los culpables intelectuales y financistas de este trance legal y moral no paran su golpeteo de venganza y de odio.
Frustrados por no alcanzar los fines que esperaban tras azuzar, en numerosos hijos del país, la fiera dormida que los humanos llevamos dentro, ahora provocan la de sus padres y familiares. Buscan soliviantar grupos y templos diversos, acosan a jueces y fiscales junto a sus seres cercanos, y esparcen, sin miramientos o remilgos, la estafa de un país sometido a una dictadura brutal y caprichosa, con la ley plegada a su servicio.
La instigación incesante que comenzó antes del 11 de julio de 2021 no para. Más bien se ceba en las agudas y numerosas heridas que dejan la crisis de la COVID-19, el bloqueo inmisericorde con las más de doscientas adiciones trumpistas seguidas por Biden, junto a los desajustes de un modelo socialista en fase de recomposición estructural.
Para sus planes de dinamitar el país no hay mejor espectáculo que el del resentimiento y el rencor, en el mundo real y el virtual. Su laboratorizada y muy bien financiada maquinaria produce, como croquetas industriales, los incidentes y las piezas con los cuales deshacer la mística de la Revolución Cubana.
No se perdona nada que contribuya a darle aire a la economía y la vida, al rearme de la utopía que tanto significó para millones en este mundo lastimado de egoísmos y desesperanza, desde boicotear el envío de remesas o transferencias bancarias, hasta una bienal internacional de las artes o un festival de la música como el de San Remo, anunciado para La Habana.
El país cuyos programas públicos para los niños y los adolescentes es reconocido como referente internacional, que incluso debate en amplios foros populares un código de las familias que los dotará de otros singulares derechos, sobre todo para una nación en desarrollo y sometida a un vendaval de sanciones, se presenta como un gulag abusivo y siniestro que los procesa y encarcela sin contemplaciones.
Se pretende ocultar así el tratamiento diferenciado que las leyes nacionales conceden a quienes se encuentran en esas edades, no solo desde el punto de vista penal, sino además en las cárceles, en caso de ser condenados, algo que se evita al máximo.
Los empleados de las mencionadas maquilas ideológico-comunicacionales yanquis, asentadas sobre todo en la Florida, se empeñan en esconder, además, que los «juicios» de los hechos del 11 de julio de 2021 ya tuvieron lugar.
Ocurrieron pocas horas después de los sucesos, cuando el liderazgo de la Revolución no solo reconoció, con transparencia  y honestidad, razones genuinaspara el descontento social en muchos de los manifestantes, sino que comenzó las rectificaciones pertinentes. Las pruebas de esa ofensiva de sanación son perfectamente verificables en numerosas comunidades del país con desventaja social.
La sola diferencia entre el número de participantes en las manifestaciones y los sometidos a los tribunales da testimonio de que no existe una politización de los procesos penales en curso, en los que son juzgados quienes cometieron delitos adecuadamente tipificados, algunos de los cuales nos dejaron profundamente conmovidos por el tipo de participantes, los lugares escogidos, su virulencia e irracionalidad.
Nadie con un mínimo de conocimiento del derecho podría negar a Cuba la legitimidad de su respuesta penal ante los más graves acontecimientos de aquella fecha. Ningún sistema legal del mundo dejaría impune el intento de fracturar con violencia el orden institucional del país, provocar el caos, el desorden y hasta el crimen bajo instigación extranjera, en este caso de una potencia tan grande y abusadora como Estados Unidos.
No olvidemos que, embriagados por los incidentes que azuzaron el 11 de julio, pretendieron repetir la receta el 15 de noviembre pasado. Intento fallido en el que se involucraron más de un centenar de funcionarios de la actual administración norteamericana.
Es evidente, además, la componenda entre las élites de poder de Estados Unidos y los plattistas del siglo XXI, especialmente la bien retribuida fanaticada trumpista miamense, que comienza a tener extensiones en otros países y aspira a reelegir al innombrable, para lo cual remueven el piso al ambivalente Joe. Quien dude de lo anterior puede darse una vuelta este fin de semana por las pasarelas de la octava conferencia anual de la Florida.
Para la mayoría de los cubanos, ansiosos de la idea del bien de José Martí y de la pasión por la Patria triunfante por la que cayó en Dos Ríos, siempre será doloroso la existencia todavía entre nosotros, camino a los 170 años de su natalicio, de los que, como los viejos anexionistas, no ven más que ineptitud de Cuba para su propia redención.
La justicia revolucionaria en Cuba no está diseñada, por herencia y esencia, para el escarnio o la desproporción deshumanizante. Solo un modelo judicial humanista, más presto al rescate o la salvación que al castigo, puede dar sentido a la voluntad recogida en la Constitución de un Estado socialista de derecho. ¿Acaso se le daría semejante preeminencia a algo que se pretende violentar?
Por ello no olvidemos nunca que los procesos por los que Cuba se vio envuelta en los hechos del 11 de julio no terminan con la sentencia de los jueces. No sería posible hacerlo si llevamos dentro la fuerza amorosa, espiritual y patriótica de José Martí.

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Disturbios del 11 y 12 de julio en Cuba: Impartir justicia (+ Fotos, Videos e Infografía)

Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y los abogados defensores.No hay manera sencilla de enfrentar ni relatar un juicio. Aquí gravitan, en medio de la solemnidad de una sala, vidas de personas y familias, hechos graves o leves, y las leyes y procedimientos que establece la justicia.
Todo está bien dispuesto. Sobre la mesa del tribunal, en la parte delantera del local, descansa un cúmulo de documentos que resumen lo acontecido. Las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa, sus informes, la investigación de los hechos, las declaraciones de los acusados.
Frente a frente se miran a los ojos la representación de la Fiscalía y los abogados defensores. La secretaria toma rauda y veloz lo que se dice y, muy cerca, como para que no se escape el más mínimo detalle, está la pequeña baranda desde donde harán uso de la palabra testigos y acusados.
Del otro lado, sentados y dispuestos en dos filas separadas por un pequeño pasillo imaginario, las familias y los acusados. Se hace silencio, son las diez de la mañana y va a comenzar el juicio.
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El 13 de julio del 2021, una nota de prensa del Ministerio del Interior daba a conocer que, un día antes, y como había ocurrido en otros puntos de la geografía cubana, se habían producido hechos vandálicos en La Güinera.
Ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, en esta localidad “elementos antisociales y delincuenciales (…) alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación”.
La nota señalaba que “los manifestantes, a su paso, fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población, y en su intento por evadir la actuación vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar”.
Durante el proceso de investigación, un acusado admitió haber recibido una comunicación desde el exterior anunciándole lo que ocurriría e instándole a incorporarse; otro contó que le prometieron 1 500 CUP si participaba en las protestas.
En ese aciago día, en el desarrollo de esa alteración tumultuaria del orden público, falleció el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en Arroyo Naranjo y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual había cumplido sanción.
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Durante el proceso se presentaron testigos tanto de la fiscalía como los abogados.
Es el segundo día del juicio. Han pasado 24 horas desde que, por primera vez, 23 acusados y sus 14 abogados coincidieron en un mismo salón. Tras los nasobucos impuestos por la pandemia se esconden varios rostros. Algunos, jóvenes; otros, no tanto. Todos están acompañados por sus familias.
“¡Sala de pie!”, se escucha.
Y todo vuelve a ser silencio. Una relatoría de lo sucedido el día anterior es presentada desde el estrado. Declaración de acusados, pruebas documentales, periciales y otras declaraciones (de los testigos de la defensa y de la Fiscalía) se escuchan en apretada síntesis para dar paso a la nueva jornada.
Entra la primera testigo.
–¿Es usted amiga, enemiga o familiar de alguno de los acusados?
–Soy del CDR.
–Comparece en este acto en condición de testigo, obligada a decir la verdad de todo cuanto sepa o se le pregunte, o de lo contrario incurriría en el delito de perjurio, ¿entendido?
–Sí.
–Testigo, ¿hace cuánto tiempo usted conoce al acusado y cómo ha sido su conducta?
–Tres años y con anterioridad tenía buena conducta.
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Algunos de los hechos “más agresivos, violentos y dañinos”, que ocurrieron durante el 11 y 12 de julio pasados, están siendo juzgados por los órganos de justicia cubanos.
Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, explica que en las investigaciones realizadas se obtuvo el material probatorio sobre “los actos de promoción, organización y ejecución directa de hechos que la ley penal tipifica como delitos, y que pusieron en grave riesgo la estabilidad de la nación”.
Afirma que “para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones en que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, es de entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar consecuentemente las leyes penales”.
Según Mederos Torres, ya concluyeron los procesos competencia de los tribunales municipales populares por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas o ambas. Se trata, fundamentalmente, de delitos “que afectaron el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos”.
Sobre los hechos graves y de mayor connotación, informa que casi la totalidad de los procesos están presentados a los tribunales.
“Las diligencias se practicaron bajo el control de la Fiscalía por instructores de los órganos de investigación criminal, con amplia participación desde un inicio de los abogados defensores, quienes aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones. Los imputados de los hechos antes referidos fueron asegurados con medidas cautelares de fianzas y reclusión domiciliaria. En los casos de los autores directos de hechos vandálicos y de mayor connotación, se mantienen en prisión provisional”, dice.
Las pruebas determinaron la participación en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, robo con violencia, atentado y sedición, entre otros.
Para este último tipo penal, “que tiene marcos sancionadores elevados”, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con extrema violencia, organizaron las alteraciones del orden público, acordaron expresa o tácitamente irrespetar las instituciones oficiales comprometidas con garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, en particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los órganos locales del Poder Popular y el MININT.
La fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República señala que “utilizaron lenguaje grosero y ofensivo para incitar a la violencia, lanzaron objetos cortantes, contundentes o incendiarios contra bienes públicos; arrasaron y destruyeron lo que encontraron a su paso”.
Es por ello –añade– que las sanciones interesadas por la Fiscalía son severas, en correspondencia con el daño a los bienes jurídicos que tutela el Código Penal, teniendo en cuenta la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes y, dentro de ellas, las agravantes de la responsabilidad penal.
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Los procesos presentados a los tribunales ahora son los de mayor gravedad y carácter violento, en los que fueron víctimas funcionarios públicos, trabajadores en varias provincias, continúa explicando la fiscal Mederos Torres.
Cubadebate revela nuevos detalles de los hechos ocurridos el 11 y 12 de julio en el país.

En todo el país fueron agredidos y saqueados más de 40 establecimientos comerciales.

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Ha transcurrido casi una hora. Terminaron las pruebas testificales. La fiscal se levanta y expresa sus conclusiones acusatorias. Luego, cada defensor toma la palabra y manifiesta su alegato.
Manuel Alonso, abogado de uno de los acusados, no está de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con tono respetuoso, expone ante el tribunal su tesis, y alega que las evidencias aportadas por el órgano acusador no son probatorias y pide la absolución de su representado. Minutos más tarde, en un breve receso, responde a Cubadebate.
A su juicio, ¿se ha respetado el principio del debido proceso?
–El debido proceso se ha respetado desde el inicio, en el sentido de que se nos ha permitido ejercer nuestro derecho a la defensa en todo momento. Se nos ha dado la posibilidad de entrevistarlos y de aportar pruebas, hacer las conclusiones y la defensa en el juicio oral sin ninguna vulneración de este principio. Hasta ahora no he recibido ninguna queja de mi cliente sobre este tema.
“Él fue el único en el acto del juicio oral que modificó su declaración, haciendo uso del derecho que le concede la ley y, por tanto, nosotros tuvimos que modificar nuestra tesis de defensa”.
¿Cómo ha sido la relación con la familia del acusado?
–Tuve la suerte de encontrar una familia preocupada, sobre todo la esposa, quien ha estado más al tanto del proceso. Ella fue quien hizo el contrato y con la que hemos estado en comunicación en todo momento. Es la que lo acompaña en el juicio oral.
¿La gravedad de los hechos ha incidido en que no se haya procedido de manera correcta al juzgar su acusado?
–Ninguno de los abogados que estamos en este proceso imaginamos estar inmersos alguna vez en algo así. Estos son los tipos de delitos que uno estudia en la carrera, pero uno no se imagina tener que defenderlos o ser parte de un proceso como este.
“No creemos que esa que Ud. menciona haya sido una causa que haya hecho modificar o tratar de otra manera la tramitación del proceso. Sinceramente, ha tenido una carga mediática, pero eso no ha influido en mi trabajo como abogado defensor. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para defender a nuestros clientes sin ninguna vulneración o intermediación, defendiendo sus derechos como es debido”.
¿Por qué rechaza usted las acusaciones de la Fiscalía?
–Es nuestra función. Cuando estamos en contra, impugnamos o rechazamos alguna prueba. La ley nos da el derecho de impugnar y de presentar pruebas diferentes. En mi caso, vengo impugnando todas las pruebas de la Fiscalía porque mi cliente está negando la participación en los hechos. Es el único de los acusados reunidos aquí que niega su participación, por eso impugno las pruebas presentadas por la Fiscalía y le corresponderá al tribunal valorar si le asiste razón a la defensa o la Fiscalía.
¿Ha podido dialogar con el acusado?
–Varias veces. Como este proceso se inició el año pasado, tuve contacto con él a los siete días, y en el resto del proceso he tenido acceso sin problemas en la prisión donde se encuentra, cada vez que él lo ha necesitado. La familia me decía, ‘mire abogado, Harold quiere hablar contigo’. Y durante el juicio también ha sido así.
¿Tiene alguna queja o reclamación?
–No tengo quejas ni reclamaciones. De haberlas tenido, los que me conocen saben que lo hubiera dicho desde el momento en que hubiera existido algún problema. Solo queda esperar por el fallo del tribunal. Si es condenatorio, se establecerá el recurso de casación legalmente establecido; si es absolutorio, estaría feliz como abogado de que haya ocurrido así.
Y usted, ¿Qué espera cómo abogado?
–Racionalidad. Quiero que, si el tribunal los declara culpables, lo haga con racionalidad.
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Para la fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, las normas penales deben ser respetadas estricta e inexorablemente por todos los ciudadanos, organismos del Estado, entidades económicas y sociales.
“La declaración del Artículo 1 dela Constitución, de que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, reafirma el principio de supremacía constitucional e imperio de la ley, y refuerza la institucionalidad socialista”, afirma.
En consonancia con ello –añade–, “es una premisa obligatoria la observancia de las garantías del debido proceso y los principios que lo informan, lo que lleva a la Fiscalía a controlar minuciosamente la legalidad en el curso de las investigaciones”, lo cual está conforme con sus funciones constitucionalmente establecidas.

Así mismo, el artículo 94 reconoce que toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de diversos derechos.
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Eudones Campos Ramírez es la mamá de uno de los acusados. Aguarda en un banco afuera de la sala y su rostro revela la tristeza que una madre puede llevar en el pecho cuando su hijo ha incurrido en delitos tan graves como el del cual se le acusa.
“Yo, como su madre, pido disculpas por su error, puedo decir, aquí delante de todos los medios, que no lo hizo intencionalmente. Él se metió en eso sin saber lo que estaba por venir; él fue simplemente con sus amigos. Estoy segura de que hoy le preguntas y no sabe por qué lo hizo”, dice.
A pesar de ser un proceso difícil, como ella misma reconoce, sostiene que siempre ha podido mantener comunicación con su hijo. “En lo particular, he tenido buena atención por la defensa. Y aunque con nada de esto me siento contenta, simplemente quiero que se haga justicia y que se tengan en cuenta el comportamiento y el sentimiento de cada uno de nuestros hijos”.
Bien cerca de ella está otra señora, recoge su abanico y deja escapar una frase sin disimulo: “Soy madre también de otro acusado”. Y con las mismas energías salidas del pecho, y sosteniendo la mirada, afirma: “Mi hijo está consciente y arrepentido. Él sabe que tiró piedras”.
“No hay que intentar nada contra la Revolución, no hay que lanzar piedras y mucho menos agredir a la población o la policía. He visto el juicio muy bien, desde todas las partes. La defensa de los abogados ha sido muy buena, la fiscal ha hablado como tenía que hablar y la presidenta de la sala es muy objetiva y humana. Confiamos en los abogados, confiamos en la justicia y en la Revolución”.
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Según informó a Cubadebate el magistrado Joselín Sánchez Hidalgo, director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular, los hechos que se están enjuiciando en la actualidad guardan relación, entre otras conductas, con agresiones a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria con el empleo de armas blancas y, en otros casos, mediante el lanzamiento de piedras u otros objetos contundentes, rotura de cristales en tiendas y entidades estatales, y agresiones físicas a personas que intentaron proteger esas instalaciones.
Uno de los derechos de los sancionados es la posibilidad de solicitar a los tribunales la impugnación mediante recurso de apelación o casación de la sanción impuesta.
Como resultado de ello, seis han hecho uso de esta garantía y otros están en términos para ello.
Explica que las tipicidades delictivas predominantes en los casos juzgados hasta el momento, han sido las modalidades más graves de los delitos de atentado y desacato y desorden público, aunque también se ponen de manifiesto conductas como la instigación a delinquir, lesiones, estragos y daños. “No obstante, otros asuntos se encuentran en tramitación por delitos de sedición y sabotaje”.
En Cuba, las personas pueden ser juzgadas a partir de los 16 años, y los menores de edad en ningún momento son objeto de aplicación del derecho penal.
El director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular señala que “es la edad penal establecida en nuestro Código, coincidente con la de muchos países del mundo. Para los acusados con edades de entre 16 y 20 años, la ley establece reglas de adecuación que propician el tratamiento diferenciado que el tribunal puede tener presente al momento de decidir la sanción a imponer.
El magistrado asegura que, en todos los casos, los tribunales han observado los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en la Ley del Procedimiento Penal cubanas.
De igual forma, se ha continuado atendiendo las preocupaciones manifestadas por algunos familiares de sancionados, y se han ofrecido las correspondientes respuestas. “Estas han estado referidas, esencialmente, al derecho a la defensa, en los casos de los procesos sancionables con penas de hasta un año de privación de libertad, e inconformidades con los fallos”.
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Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.
Los últimos minutos de un juicio suelen quedar muy claros en la memoria. Esos momentos nadie los olvida, el derecho de última palabra y la sentencia.
–¿Desea hacer uso del derecho de última palabra?, venga al micrófono. Puede retirarse el nasobuco, así como los demás cuando vengan. Lo escucho.
–Buenos días, desde el principio de la instrucción, a pesar de lo que pasó, sentí el arrepentimiento. A lo mejor estaba en el lugar y en el momento equivocados. Yo creo que los golpes en la vida enseñan. Soy de ese barrio y queremos que se nos dé la oportunidad de demostrar que lo que sucedió ese día no era intencionado.
–Puede sentarse. ¿Miguel, desea hacer uso del derecho de última palabra?
–Buenos días, me siento arrepentido de lo que pasó, yo pasé por ahí. No fue conscientemente que fui a tirar piedras.
–Lázaro, ¿desea hacer uso del derecho de última palabra?
–Ante todo, les pido perdón por las cosas que hice, les pido una oportunidad. No va a volver a pasar, estoy arrepentido.
Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, tampoco puede dejar en el tintero ese momento.
En conversación con Cubadebate, recuerda que “los jueces han actuado con gran responsabilidad, humanismo, no han dejado de sentir la alta responsabilidad que implica actuar en nombre de aquellos que esos días no durmieron, sintieron miedo, no salieron a las calles, de actuar en nombre de un pueblo que ha depositado en ellos la gran función de impartir justicia en su nombre. Los jueces hemos actuado libre y transparentemente, siempre buscando la verdad y tomando decisiones justas que se atemperaran a la ley y la Constitución para los acusados y tomando decisiones justas que se atemperen a lo dispuesto en el Código Penal, a los hechos, las particularidades de los acusados, sus conductas y por supuesto al contexto.
“Nosotros tenemos que tratar de que el proceso no sea un número más, sino que tenga el rigor que conlleva. Estos procesos tenían la particularidad de que se iban a juzgar delitos que no es frecuente su comisión, como son los casos de sedición. Por ello, se requirió de una preparación individual. No había antecedentes”.
De los hechos del 11 y 12 julio de 2021 todavía restan muchas historias que contar. Hasta inicios de este mes de febrero se prevé que se desarrollen en La Habana los juicios pendientes.
Sobre el papel, y en la memoria de las víctimas, permanecerá el relato del hombre que se tuvo que esconder debajo de una escalera durante 15 minutos por miedo, o el temor que sintió de salir a las calles –durante los días sucesivos a los hechos- la que fuera directora del círculo infantil de La Güinera.
Entre las paredes de la sala del tribunal, también perdurarán la palabra encendida de fiscales y los abogados de la defensa, los rostros preocupados y la tristeza oculta parcialmente por la tela de los nasobucos, el apoyo constante de las familias, algunas reflexiones… Todo eso que gravita en una sala donde se imparte la justicia.
En video, comentan los familiares
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