HAVANA CLIMA

Rostros 11J

Manifestante de La Güinera trasladado arbitrariamente a prisión pinareña

LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión de máximo rigor Kilo 5 ½, ubicada en la Carretera Central, en la provincia de Pinar del Río, a CubaNet llega la denuncia de que el manifestante del 11J Jarolkis Suárez Rojas fue trasladado desde el Combinado del Este hacia ese centro penitenciario, alejado de su municipio y provincia.
Una fuente cercana a la familia dijo además a CubaNet que Jarolkis Suárez Rojas es residente del reparto La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, y que fue arrestado el 17 de julio y conducido inicialmente para la unidad de policía del Capri, donde lo tuvieron encerrado durante dos días.
Posteriormente fue enviado para el correccional de jóvenes Ivanov, ubicado en el Cotorro, donde lo mantuvieron por una semana antes de trasladarlo hacia el Combinado del Este.
Jarolkis Suárez Rojas fue condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de sedición durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021
La propia fuente indicó que durante su encierro en la prisión habanera Jarolkis Suárez formó parte de un grupo de más de 20 manifestantes, principalmente de La Güinera, que el 24 de junio salieron al patio vistiendo camisetas pintadas con consignas de “Patria y Vida” y “Libertad”. Desde ese momento se plantaron.
Según la información, el arbitrario traslado ocurrió con posterioridad a esa protesta.
La fuente consultada por CubaNet agregó que Jarolkis Suárez Rojas es padre de tres niños. De igual modo señala que sus familiares han reclamado por el ilegal castigo tanto en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, sita en 15 y K, en el Vedado, municipio Plaza, como en la dirección del penal pinareño.
Sin embargo, hasta hoy, en ambas instancias solo han recibido evasivas como que “están analizando la situación” o que el 19 de agosto (el día de la visita) les daban respuesta.
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El régimen contra Eglis Brioso, un manifestante del 11J: “Tú eres un gusano, un negro maldito”

LA HABANA, Cuba. – Los testimonios sobre la violencia desatada por parte de los agentes del régimen contra las personas que se manifestaron el pasado 11 de julio (11J) son tantos, que muchos aún son desconocidos. Es el caso de Eglis Brioso Marén, músico y miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), a quien le conocen popularmente como “Coco el Cimarrón”.
El 11J, los agentes de la Policía, maltrataron física y verbalmente a Eglis. Le dijeron: “Tú eres un gusano, un contrarrevolucionario, un negro maldito”, recuerda en entrevista con CubaNet.
Cuando lo llevaron a la estación de policías de Santiago de Las Vegas, a pesar de que no se resistió al arresto, le halaron los brazos hacia atrás, esposado, y lo obligaron a mantenerse en la posición conocida como “carretilla”.
Eglis Brioso Marén (Foto: Cortesía)
“Cuando abrieron la celda para meterme dentro me levantaron más las manos, tanto que casi podía sentir que me las partían. El que ha pasado por eso sabe lo que se siente, y en ese momento me metieron contra el piso y empezaron los golpes y las ofensas”.
“El 11 de julio yo estaba trabajando tranquilo en mi casa [en el barrio Villanueva de Santiago de Las Vegas] y de repente empecé a sentir la euforia que expulsaba el reparto. Al momento llegaron a mi casa la delegada y otros [funcionarios comunistas] más y empezaron a presionarme para que me quedara tranquilo. Eso me alteró y armé una cruz, la pinté y salí para la calle a manifestarme”, rememora.
Según confiesa, después de su liberación por los sucesos del 11J empezó su “verdadera odisea”, pues la presión del jefe de sector de la zona donde vive y los agentes de la Seguridad del Estado se incrementó.
Eglis Brioso Marén (Foto: Cortesía)
“Las citaciones aumentaron, la persecución, la vigilancia, cada vez que salgo de mi casa hay un agente en la esquina y eso hace que se me haga más difícil la vida porque el cubano tiene que inventarla para vivir. Llega un momento que el desespero es tan grande que no sabes qué hacer”.
El pasado 10 de septiembre, por ejemplo, cuando salía de la sede nacional del MONR, en Boyeros, agentes del régimen lo detuvieron y mantuvieron dentro de una patrulla, bajo el sol, por más de hora y media.
Sobre su labor como músico, dice que tiene muchas canciones pero que nadie lo graba. “Cuando ven en las redes sociales quién soy, me dicen que no. Pero no me arrepiento porque mi lucha es por Cuba, por el país donde nací, y si tengo que entregar mi vida por mi lucha estoy dispuesto a morir 50 veces”, termina.
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Régimen condena a joven de 20 años a 10 meses de trabajo correccional con internamiento

LA HABANA, Cuba. – El joven de 20 años Armando de Jesús Sardiñas Figueredo fue condenado a 10 meses de trabajo correccional con internamiento en el campamento La Lima, de Guanabacoa, tras haber sido arrestado durante las protestas populares del 11 de julio (11J). 
El juicio en su contra ―la causa 452/21― se celebró en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre. De acuerdo con el propio Sardiñas Figueredo, el fallo fue emitido en juicio sumario sin las debidas garantías procesales. El delito tomado como excusa para condenarlo fue el de “desórdenes públicos”, que se aplica a quien “provoque riñas o altercados en establecimientos abiertos al público (…) o [en] lugares a los que concurren numerosas personas”, o bien a quien “sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, diera gritos de alarma, o profiriera amenazas de un peligro común”. Sin embargo, Sardiñas Figueredo no hizo ninguna de las dos cosas.
Publicación de Armando Sardiñas Figueredo en Instagram/Captura de pantalla
El joven señala que el 11J fue arrestado en el portal del Hotel Saratoga, sito en Paseo del Prado, número 603, esquina a Dragones (frente al Capitolio), en Centro Habana, mientras filmaba la manifestación con su móvil y gritaba consignas como “Patria y Vida” y “Libertad”. Subraya que al capturarlo, los agentes le aplicaron llaves de inmovilización para conducirlo al carro patrulla, y que durante el trayecto desde el portal hasta el vehículo lo golpearon con los puños y con sus tonfas.
Asimismo, agrega que al llegar a la unidad de Policía de Zanja, el agente que lo recibió también lo golpeó, fuertemente, con el bastón en el estómago. Lo mantuvieron detenido desde el 11J hasta el 6 de agosto.
Sardiñas Figueredo añade que como represalia adicional fue expulsado de su empleo en el restaurante La Dominica, ubicado en el municipio Habana Vieja y perteneciente a la corporación CIMEX. La jefa de recursos humanos de CIMEX, al despedirlo, le dijo que debieron haberlo condenarlo al menos a 10 años y que allí no podían trabajar “contrarrevolucionarios”.
Sanción contra Armando Sardiñas Figueredo/Imagen tomada de su perfil de Instagram
La represión gubernamental desplegada antes, durante y tras las protestas del 11J contraviene el texto de la nueva Constitución supuestamente aprobada en 2019, en cuyo artículo 56 se reconoce el derecho a “reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos”. El artículo 54 de la Carta Magna, por su parte, establece que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.
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Wilber, el doctor cubano detenido el 11J que fue “libre por primera vez” en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado 7 de agosto, después de casi un mes detenido en diferentes centros penitenciarios, el doctor en estomatología Wilber Álvarez fue trasladado en un carro jaula junto a otra veintena de personas hasta una prisión de máxima seguridad. Una vez allí, él y los otros presos que lo acompañaban tuvieron que resistir varias horas en una habitación de unos cuatro metros cuadrados, donde apenas cabían. Luego, los carceleros los mandaron a desnudarse, los revisaron, les entregaron un colchón, una sábana y les permitieron quedarse con algunos objetos personales de aseo, además de pomos de agua o un cubo, si los tenían.
Wilber, de 31 años, quien salió a manifestarse el 11 de julio, había llegado a la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, sin certeza de cuánto tiempo permanecería allí. Con sus pertenencias al hombro ingresó junto a los otros presos políticos a los pasillos de la cárcel, custodiados por guardias armados y perros.
 A ambos costados, desde sus celdas, los demás reos les gritaban consignas: “¡Abajo la gusanera!, “Pa’ lo que sea Canel, pa’  lo que sea” y “¡Viva Canel!”. Los recién llegados, en el medio, caminaron sin voltear la mirada unos 500 o 600 metros mientras atravesaban el área de las cárceles.
Cada uno de los destacamentos de presos comunes, como una orquesta dirigida, vociferaba las mismas consignas. En un momento del trayecto, desde el patio, algunos detenidos lanzaron pomos y otros objetos contra Wilber y sus compañeros, que tenían sobre ellos una jauría de cientos de hombres sometiéndolos a un acto de repudio sin tener cómo escapar.
“Fue el miedo más grande que he sentido. Me impresionó ver a todos esos hombres gritando con rabia. Sentí que yo era una carnada fresca y ellos animales salvajes que me iban a devorar. Era mi primera vez preso y sentí miedo por mi vida e integridad, que me hicieran daño una vez que entrara a la celda. Pensaba que si habían puesto a tantos hombres a darnos un acto de repudio podían obligarlos a hacernos algo peor por motivos políticos”, rememora Wilber.
Luego supo que los guardias habían organizado “el recibimiento” como escarmiento a los nuevos reos por disentir. Sin embargo, no juzgó a sus compañeros. Al estar allí en prisión entendió que quienes lo atacaron verbalmente estaban sometidos. La alimentación, el acceso a servicios médicos, el no estar en una celda de castigo, no ser violentado, prácticamente todo en la vida de los presos, depende de la voluntad de los guardias. La abyección puede convertirse en la única opción. Al propio Wilber, posteriormente, uno de los oficiales lo obligaría a decir “¡Viva la Revolución!”.
11J: Salió al parque a transmitir una directa y terminó preso
“¿Tú no sabes lo que está pasando? Se tiró San Antonio [de los Baños]. Hay que hacer algo, este es el estallido que queríamos, que estábamos esperando”, fue lo primero que le dijo Ibrahim, su vecino, cuando entró a su casa, el pasado 11 de julio.
“¿Pero qué vamos hacer, si somos tú y yo nada más?”, respondió el doctor después de conectarse y revisar las redes sociales. Ambos vieron que no solo era San Antonio, que también Palma Soriano había salido a la calle.
Ellos, desde Contramaestre, comenzaron a compartir los videos en sus perfiles y acordaron ir hasta el Parque Cuba, a unas cuadras de distancia, con otros tres amigos. 
Ya en el parque, constataron que aún no había ninguna manifestación en Contramaestre y mucho menos violencia de algún tipo. Eran apenas ellos cinco transmitiendo a través de Facebook. Hasta allí llegaron agentes o colaboradores de la Policía política vestidos de civil, que nunca se presentaron como tal. Uno de ellos, Maikel Planet Prado, quien trabaja oficialmente como guardia de Palmares, sacó un arma y apuntó a Ibrahim, desarmado. Wilber lo filmó. Para evitar las imágenes otros se acercaron al doctor y le ordenaron apagar el teléfono. Él decidió pararse en medio de la carretera y tratar de llamar la atención, mientras transmitía todo. 
En ese momento, uno de los agentes le golpeó el rostro con tanta fuerza que le tumbó la gorra, mientras otro le aplicaba una llave y lo sometía. Aún con el teléfono en la mano, le golpearon la nuca y lo obligaron a arrodillarse. Entonces aparecieron tres hombres, uno por el lado izquierdo y dos por el derecho, para arrebatarle el celular. Wilber lo lanzó al suelo y uno de sus atacantes lo tomó y salió corriendo. Los demás soltaron al estomatólogo, que también fue detrás de la persona que se robó su teléfono.
El agente de la Seguridad del Estado que forcejeo con Wilber (Captura de pantalla/Facebook)
“Ahí veo que para una patrulla y el hombre que me atacó se sube, como si trabajara con ellos”, cuenta Wilber. “Yo sigo caminando hacia la estación de la PNR a denunciar el robo, pero antes de llegar se detiene otra patrulla frente a mí, se baja el oficial, me pone las esposas con las manos en la espalda, que me laceran las muñecas, y me lleva detenido. Antes de bajarme en la estación de policías, me golpeó y me dijo que me mantuviera callado. Pasé de víctima a culpable”.
Wilber piensa que, quizá, si no se le hubiese enfrentado con opiniones y argumentos al agente de la Seguridad que lo interrogó, lo hubiesen liberado ese día o el siguiente. Sin embargo, el doctor no quiso callar e intentó dialogar con el agente sobre los cambios políticos y económicos que necesita Cuba, a su juicio. El oficial, canoso y con una barriga que desbordaba el pantalón, no lograba más que calificarlo como “un ingrato que debía agradecer a la Revolución por ser universitario”. 
Mientras él era “entrevistado” por la Policía política dentro de una oficina, escuchaba afuera los golpes a otros detenidos que habían salido después a manifestarse. Luego lo movieron hacia un calabozo, donde pasó las dos semanas siguientes.
El calabazo
En la unidad de policías de Contramaestre hay cuatro calabozos unidos por un pasillo, con capacidad de cuatro y seis personas. Son espacios oscuros, calurosos, con mosquitos y muy sucios, donde no se limpia nunca. Huelen a sudor, excrementos y humedad.  
Cada celda mide aproximadamente 2,5 metros de ancho por lo mismo de largo. Las camas de cemento, de unos 50 centímetros de amplitud, salen de la pared. Sobre ellas no hay colchones.
“Duermes en un pedacito de concreto siempre en la misma posición, como quiera te duele el cuerpo”, explica Wilber. “No puedes sentarte siquiera porque el piso superior te lo impide. En el pasillo no caben dos personas de pie. Es asfixiante”.
El baño es un hueco en el piso y no hay agua para descargar. Los detenidos orinan y defecan sobre las heces de otros, y en ocasiones frente a sus compañeros de celda. El cubo que usan para bañarse o almacenar agua es el mismo con el que limpian afuera.
“Cuando nos sacaban a almorzar, los primeros cogíamos los cubiertos limpios, pero ya cuando se agotaban los restantes debían reciclar las mismas cucharas sucias que usaron otras personas. No podían ni enjuagarla. Cada día que estuve allí, la textura de mi caca no era normal y me dolía el estómago por el mal estado del agua. Incluso, tuve COVID-19 y no recibí atención médica”.
El 12 de julio, los policías trajeron a Ibrahim, el amigo de Wilber, muy golpeado y con la ropa destruida. Después supo que una brigada de respuesta rápida lo había atacado con palos y piedras, y que también lo habían arrastrado por la acera. Eran en su mayoría agentes vestidos de civil. 
“Él llegó con las manos esposadas atrás, la cabeza partida, la ceja rota y lleno de moretones. Casi no tenía voz y no lograba respirar bien porque le habían echado gas pimienta. Me quité las chancletas y se las di porque lo traían descalzo, y le alcancé agua a través de la reja. No hablamos mucho, casi de inmediato se lo llevaron a otro centro. En ese momento, y en la piel de mi amigo, vi con más claridad lo que era la violencia policial en Cuba”. 
Durante las casi dos semanas que pasó detenido en la estación no le permitieron ver o hablar con su familia. Su único contacto con el mundo exterior era la radio que escuchaban los policías y que transmitía constantemente la emisora local. Su esposa le llevó aseo, cuatro hojas de la Biblia y ropa limpia, pero algunas de estas pertenencias nunca llegaron a sus manos. Todo indica que fueron robadas por la misma Policía.
Una escuela convertida en cárcel
Al sexto día de estar detenido a Wilber le informaron que la Fiscalía pedía prisión preventiva contra él, y que lo trasladarían posteriormente a una cárcel. Cinco días después lo llevaron a una antigua escuela convertida en prisión, a la que se le conoce en Santiago de Cuba como “El Eléctrico” o “La Polipalo”, cerca de la prisión de Mar Verde. Son bloques de edificios de cuatro pisos donde sustituyeron las ventanas por rejas. Salvo que ahora podía dormir sobre un colchón y conversar con más personas, todo en su nuevo destino era aún más terrible.
“Te llevan de un lugar a otro sin darte información, te desnudan, te quitan tus cosas. No sabes que va a pasar. Sientes que pueden hacer contigo lo que quieran. Había un oficial que me tildaba mucho de líder, y me amenazaba con eso. Hasta me recriminó por acercarme a detenidos que estaban enfermos o en huelga de hambre. Yo solo quería ayudar como profesional”. 
Wilber Álvarez (Foto: Cortesía)
“Allí vi maltratos contra los reos. Es común que te amenacen con golpes, que te aíslen, que te quiten las llamadas [telefónicas]. Te castigan cuando quieren y no pasa nada. Una vez que pones un pie en la cárcel te conviertes en una no persona”.
En el tiempo que pasó en este centro, Wilber apenas comía; los alimentos que les ofrecían a él y al resto de los presos en ocasiones estaban descompuestos. En su mente se quedó grabada la imagen y el olor de una pasta putrefacta y con gusanos de hasta tres centímetros que les dieron para comer. El agua para beber era amarilla y les revolvía el estómago. 
Wilber estuvo allí hasta el 7 de agosto, cuando lo trasladaron a la prisión de Boniato, su último destino, y donde lo recibieron con otro acto de repudio.
“Me sorprendió que ni siquiera en la cárcel uno escapa de tanta propaganda. Allí nos congregaron para que viéramos a un youtuber, desconocido para mí, que defendía al Gobierno y la represión del 11 de julio. Cada día detenido recordé a los presos políticos de la Primavera Negra. Temía que nos condenaran: ya fuera uno o 10 años, que te encierren por ejercer un derecho provoca mucha impotencia”. 
Wilber también temía que los carceleros los envenenaran o que afectaran de algún modo su salud. “En Cuba hay una dictadura y si te le enfrentas cualquier escenario de estos es posible”, apunta.
Una semana después de su llegada a Boniato, a pesar de que le habían negado un cambio de medida, el doctor fue entrevistado por un nuevo agente de la Seguridad del Estado. Este le dijo que haría lo posible por liberarlo, pero que antes escribiera a mano una especie de compromiso de defender la Revolución y lo firmara con un seudónimo. Wilber intuía que era una escena de teatro, pero le siguió el juego e hizo lo que el policía político le pedía. Un rato después fue liberado. Recogió la comida que le había llevado su familia y se la regaló después a los familiares de dos detenidos el 11 de julio. Hasta ahora, Wilber los ha estado ayudando con los pocos recursos disponibles y piensa seguir haciéndolo.
“A los pocos días en libertad me llamó un agente [de la Seguridad del Estado] por teléfono para que me reuniera con él . En resumen me propuso que trabajara para ellos”. 
Según el oficial de la Policía política, como Wilber era doctor, probablemente sería contactado por organizaciones y prensa independiente para obtener su testimonio. “Ellos quieren saber quién me contacta y para qué. Se supone que la Seguridad autorice qué puedo decir”. A cambio le prometieron ayudarlo a salir de la Isla o “resolverle” otra misión médica. Entre 2017 y 2019, el estomatólogo estuvo en Venezuela, de donde regresó a Cuba después que le cerraran el contrato porque se había negado a firmar un documento que pedía la liberación del exgobernante brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Después de pasar por tres centros carcelarios en 35 días, Wilber quedó libre de cargos y los agentes no lo han vuelto a contactar. Solo tuvo que pagar una multa de 2 000 pesos por “desorden público”. Sabe que tuvo suerte. Su amigo Ibrahim continúa preso.
“En la cárcel no todo fue malo: también conocí a mucha gente que piensa como yo y esa energía te contagia. Hace que no te sientas solo. Incluso cantábamos ‘Patria y Vida’ y hablábamos del país que queríamos. Es contradictorio porque estás preso, pero eres libre por primera vez. Allí compartí con gente de mi municipio y provincia que no conocía, pero con la que tenía deseos comunes: cambios para Cuba, otra vida”.
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Régimen cubano amenaza con 10 años de prisión a dos hermanas que se manifestaron el 11J 

MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió 10 años de privación de libertad para las mellizas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac, según dio a conocer el exprisionero político Jorge Luis Pérez (Antúnez). 
“La información la obtuvimos primeramente a través de Mitzael Díaz Paseiro, mediante una llamada telefónica”, detalló Antúnez. 
Sin embargo, hasta ese momento, la familia de las mellizas, quienes llevan más de 60 días arrestadas, no ha sido notificada de la petición fiscal
“Están jugando sucio, tienen información y no la comparten. La abogada lo confirmó porque la madre de las muchachas insistió”, dijo el opositor. 
Lisdany y Lisdiany Rodríguez, de 23 años de edad, integran la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Ellas, junto a otros religiosos y opositores de Placetas, fueron arrestadas y enviadas a prisión por participar en las manifestaciones del pasado 11 de julio (11J) y acusadas de los supuestos delitos de “propagación de epidemias”, “desorden público” e “incitación a delinquir”. Actualmente permanecen en la prisión de mujeres Guamajal. 
La semana pasada, la Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió ocho años de privación de libertad para los opositores Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Nidia Bienes Paseiro, quienes permanecen también en Guamajal a la espera de su juicio. Por su parte, Mitzael Díaz Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova Pérez están recluidos en el centro penitenciario La Pendiente.
Régimen pide ocho años de cárcel para opositores de Placetas que protestaron el 11J 

“El régimen se ha ensañado con las personas de Placetas. Se llevaron jóvenes como las mellizas, matrimonios como Loreto y Donaida, y Mitzael y Arianna. Estos últimos además tienen hijos pequeños”, denunció Antúnez.  
El líder opositor hizo mención al caso de Demis Valdés Sarduy, otro de los detenidos del cual hasta el momento no se tiene información precisa. A diferencia de los demás, él ni siquiera ha recibido la medida cautelar de prisión provisional. 
“Creemos que su petición es de ocho o diez años, pero no hemos podido confirmar. Y estamos preocupados porque él no está bien de salud, tiene problemas del corazón”, lamentó. 
Según el último reporte del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), cerca de 1 000 cubanos sufrieron arrestos y otras represalias tras las protestas del 11J. Hasta la actualidad, más de 500 permanecen detenidos. 
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Preso por “incitar a delinquir”: El régimen contra Leonardo Rivera, un manifestante del 11J

LA HABANA, CUBA. – A Leonardo Luis Rivera lo conocí en una manifestación pacífica hace casi un año, el 27 de noviembre de 2020. Aunque Leonardo no es artista, ese día se unió a los cientos de personas, fundamentalmente del gremio del arte y la cultura, que se aglomeraron en las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba para protestar por el violento desalojo de los huelguistas del Movimiento San Isidro y exigir derechos ciudadanos. Leonardo entendía que debía estar allí, que la protesta pacífica era viable y una manera genuina de exigir cambios: la libertad de Cuba del régimen castrista. 
Hoy Leonardo, de 39 años, está preso, lleva dos meses en espera de juicio por “desorden público” e “incitación a delinquir”, simplemente por participar en las protestas pacíficas que acaecieron el 11 de julio (11J) en La Habana, por salir, una vez más, a exigir sus derechos ciudadanos y humanos. 
Diez días después de las manifestaciones, Leonardo fue citado a la estación de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, La Habana, para una “entrevista”. Al presentarse en el lugar, y sin explicación alguna, fue esposado y conducido al centro de detención de 100 y Aldabó. Un mes más tarde, fue trasladado a la prisión de Valle Grande; actualmente se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, en espera de una condena de tres meses a un año de privación de libertad.
Aunque en los interrogatorios Leonardo ha reconocido haber participado en las protestas pacíficas del 11J ―lo cual está amparado incluso por la Constitución de 2019―, el motivo de su detención y la única prueba en su contra hasta el momento, es un audio encontrado por la Policía en el teléfono de una de las personas detenidas y que estuvo junto a él durante las manifestaciones. En esa grabación se escucha a Leonardo invitando a su amigo a reunirse para asistir a las marchas. 
Para su hermano, Leonel Luis Rivera, en un país en donde las leyes solo amparan al poder y no a los ciudadanos, el estado de indefensión es total. El joven cuenta que, cuando su abogado presentó ante la Fiscalía el caso de su hermano, el fiscal respondió que no entendía por qué seguía preso, pues las pruebas en su contra no eran suficientes, y afirmó que mandaría a liberarlo inmediatamente. Pocos días después, ante la insistencia del abogado, el funcionario reconoció que “de arriba (Seguridad del Estado) decían que no”, que no podían liberarlo. 
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Maité Cassola, prometida de Leonardo residente en Chile, relata el sufrimiento familiar: “Su madre, de 67 años, está desesperada, apenas duerme o come; su hermano también, pues tiene, además, el peso del hogar y de Leo. Constantemente está pendiente del abogado, del proceso judicial, de la investigación, de tratar de enviarle suministros básicos en momentos en que las carencias económicas son terribles. Además, la falta de información del caso o de las condiciones de Leo nos tiene con un estado de incertidumbre y depresión total; el daño emocional y sicológico para la familia también es muy fuerte”.
Para la joven, esta situación ha sido particularmente difícil. Por la distancia, desde el momento de la detención de Leonardo, el 21 de julio, no han podido comunicarse directamente. Ella solo obtiene noticias por mediación de su familia. Quiere viajar cuanto antes a Cuba, pero el cierre de fronteras por la pandemia se lo ha impedido.
Agresión contra el ser humano
Las fuentes oficiales del régimen catalogan a los detenidos del 11J como “delincuentes” y, a las protestas, como simples “hechos vandálicos” o “disturbios”. También niegan las violaciones a los derechos humanos y justifican la represión. Sin embargo, por los videos y testimonios hemos visto que entre los manifestantes pacíficos se hallaban intelectuales, artistas, obreros y ciudadanos como Leonardo, un carpintero de Luyanó, uno de los barrios más pobres de La Habana, que trabaja de manera independiente para ganarse su sustento y alimentar a su familia.
A más de dos meses de las protestas del 11J en Cuba, cientos de personas continúan detenidas y en espera de juicio. Aunque las autoridades cubanas se han negado a declarar las cifras oficiales, Prisoners Defenders (PD) estima entre 6 000 y 8 000 el total de arrestados desde ese día en toda la Isla. Hasta ahora, decenas de ellos han sido liberados con medidas cautelares o multas. Hasta el 18 de agosto, 67 personas habían sido juzgadas mediante juicios sumarios, según las informaciones difundidas por la prensa oficial; de ellas, apenas 42 contaron con abogado defensor.
Para PD, el 11J no solo ha sido un ataque contra el pueblo cubano, sino “una agresión contra el ser humano como especie”. 
La situación más preocupante actualmente es la de los que continúan bajo medidas cautelares de prisión preventiva, acusados de falsos delitos simplemente por salir pacíficamente a exigir sus derechos. La Seguridad del Estado ha utilizado incluso espurios testigos (policías u otros militares), quienes, sin siquiera haberse desarrollado una rueda de presentación para reconocimiento, como establece la legislación, aparecen en los expedientes penales y en juicios “identificando” a los acusados.
“La gente tiene planes, derecho a ser felices, tiene metas en la vida, y no es justo que un régimen dictatorial, autoritario, que te dice qué hacer y qué no, donde tú no eres dueño de ti mismo, desvanezca todos tus sueños, simplifique tu vida (…). La gente en Cuba ya lo demostró, que quiere libertad, vivir, expresarse, respirar. Leonardo no mató ni robó a nadie, él no es un delincuente, no cometió ningún delito, él solo salió a marchar junto a miles de cubanos para expresar su descontento y exigir la libertad, lo cual es un derecho”, refiere Cassola.
Los planes de la pareja son casarse y formar una familia en un país libre, en el que sus salarios como obreros les alcance para subsistir o poder emprender iniciativas económicas privadas, en donde no tengan que huir, ni callar, ni esconderse por pensar diferente, en donde sea el amor y no el odio político lo que prime.
Hoy no solo tienen preso a Leonardo y a los manifestantes del 11J: cientos de madres, hermanos, hijos, esposas, novias y amigos en toda Cuba viven desde ese día un terrible calvario impuesto por el régimen cubano. 
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“Las sanciones no fueron justas”: Madre de un joven detenido el 11J reclama su liberación

LA HABANA, Cuba. – “Las sanciones no fueron justas. Si los jueces creían que ellos tenían alguna culpa creo que con una multa hubiera sido suficiente”, defiende la madre de Nemed Ramón Álvarez Pérez, un joven arrestado en las protestas del 11 de julio (11J) en La Habana y que aún hoy continúa detenido, cumpliendo ocho meses de cárcel en el Correccional Laboral Toledo, una prisión de mediana seguridad en el municipio de Marianao. 
No obstante, Esperanza Pérez Peña no pierde las esperanzas de que las autoridades del régimen recapaciten y liberen a su hijo, condenado por el supuesto delito de “desórdenes públicos”, una figura penal utilizada contra muchos de los manifestantes del 11J.
A principios del mes de agosto, el Tribunal Provincial Popular de La Habana ratificó la sentencia del joven manifestante en otro juicio sumario en el que, según su madre, “de siete personas que se juzgaron ese día solamente Nemed y otro muchacho que lo estaba acompañando desde el día 11 de julio fueron condenados”.
“Yo decía que eran los dos que menos dinero tenían porque se veía que los demás eran personajes, y mi hijo y el otro que no conocían a nadie fueron los únicos sentenciados”.
Pérez Peña, de 61 años, no solo sobrelleva la preocupación por los más de dos meses que lleva su hijo detenido, sino también por la manutención de sus nietos.
“En estos ocho meses yo no sé cómo se van a mantener mis nietos, ni cómo me voy a mantener yo porque lo que gano es un retiro de 1 700 pesos que me alcanzan para casi nada. Estamos sobreviviendo de la caridad de los vecinos”, lamenta.
Hasta hace poco, Nemed cumplía sanción en la prisión habanera de Valle Grande junto a presos comunes. Luego fue trasladado a una granja de trabajo ubicada en Toledo, donde continúa cumpliendo la condena de ocho meses impuesta por el régimen.
Hasta el 16 de septiembre, el Centro de Información Legal Cubalex registró un total de 1 074 denuncias recibidas tras el 11J. Hasta esa fecha, 458 personas habían sido excarceladas y continuaban detenidas 533. 
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“Era una celda de castigo. No había ventilación ninguna”: Nueve días en la cárcel tras el 11J

LA HABANA, Cuba. – El arresto de un anciano cubano por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) el pasado 11 de julio (11J) generó indignación y asombro entre quienes presenciaron los hechos, de acuerdo con un video que recorrió las redes sociales. 
Se trata de Juan Raúl del Río Noguez, de 75 años de edad. Varios días después de su arresto, las autoridades lo sancionaron a un año de prisión domiciliaria por el supuesto delito de “desorden público”. Su hijo Yunior Villarejo Estévez fue sancionado a 10 meses de cárcel por el mismo delito: actualmente se encuentra recluido en la prisión habanera de Valle Grande. 
“Decir ‘Patria y Vida’ no puede ser un crimen”, defiende la madre de un detenido el 11J

Del Río Noguez y su hijo, según las imágenes, no tiraron piedras ni agredieron a ningún agente del orden público; solo caminaron pacíficamente junto a una multitud de cubanos que clamaban libertad a gritos. Sin embargo, los agentes del régimen golpearon excesivamente a su hijo y luego los condenaron a ambos por su participación en las protestas.
En entrevista con CubaNet, Del Río Noguez contó su experiencia de nueve días en las mazmorras de la Unidad Territorial de Investigaciones de 100 y Aldabó y calificó de “farsa” el proceso judicial en su contra.
“Aquello fue horroroso; primera vez en mi vida, en 75 años, que tengo que vivir una experiencia como esa. Primeramente, aquello era una celda de castigo: allí no había ventilación ninguna, solo había una ventanita al fondo de las celdas”.
“En la celda donde estaba yo había cuatro personas: uno sentado delante del otro [tan cerca] que casi nos escupíamos cuando hablábamos. La única ventilación que teníamos era una ventanita que medía menos de cinco o seis pulgadas de ancho y 10 de largo”, cuenta el entrevistado. 
“Había muchachos que se ahogaban porque al parecer padecían de alergias; se acostaban en el piso con la cara puesta en la ventanita”.
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“No teníamos agua ni para tomar. Una o dos veces nos dieron una cubeta para los cuatro. Había uno que en vez de alzar la cubeta para tomar el agua se agachaba como si fuera un perro”, agrega Del Río Noguez.
“Hasta que un día la mamá de mi hijo me pasó un pomo que colgábamos en la pilita. Como tenía un goteo, cuando se llenaba, entre los cuatro nos tomábamos esa agua porque los custodios [carceleros] se molestaban cuando le pedíamos agua”.
De acuerdo con su testimonio, tampoco tenían privacidad en la celda para hacer sus necesidades fisiológicas. “Allí no había puerta ni había nada, eso era tan chiquitico que el que estaba frente a mí veía como yo hacía todas mis necesidades”, explica.
Del Río Noguez calificó de “montaje” el juicio celebrado en su contra, en el cual no tuvo derecho a un abogado. “Nunca nos dijeron nada; lo único fue que estábamos acusados de desorden público. Presentaron una testigo, que era militar, pero nunca habló de que nosotros ejercimos violencia ni que cometimos falta ninguna; lo único que gritamos Yunior y yo fue ‘Patria y Vida’ y ‘Viva José Martí’”.
“Era como si hubiésemos sido unos asesinos malos. Yo me sentí así como si  hubiese hecho una cosa grande; pensé que me iban a fusilar en cualquier momento; no sabía lo que iba a pasar, pero nunca tuve miedo”, detalla.
Sin embargo, no todos los detenidos tuvieron la “fuerza espiritual” para mantenerse sedados, también cuenta. “Había uno que tenía dos hijos; ese lloraba y lloraba sin parar (…). Para mí fueron días catastróficos, porque no había cometido delito ninguno como para estar encerrado allí recibiendo aquella tortura psicológica”.
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“Decir ‘Patria y Vida’ no puede ser un crimen”, dice la madre de un detenido el 11J

LA HABANA, Cuba. – A Yunior Villarejo Estévez lo detuvieron el 11 de julio (11J) cuando iba caminando junto a los miles de cubanos que salieron a manifestarse. De inmediato, agentes del régimen lo trasladaron a la estación de policías de Zanja, en Centro Habana. 
“El 11 de julio lo cogieron de espalda más de 10 hombres vestidos de civil y lo golpearon, lo esposaron, lo tiraron contra el piso, lo empujaron. Más adelante se cae, lo vuelven a maltratar y le vuelven a caer a golpes más de 10 hombres”, narra su esposa, Ivis Fiallo Mosequi, lo mismo que se puede ver en un video que ha circulado en redes sociales.
Al día siguiente, junto al resto de las familias que acudieron a la estación de policías de Zanja, la esposa y la madre de Villarejo Estévez se presentaron ante las autoridades, que no supieron darles razones sobre el arresto. Luego “salió un guardia y nos dijo que habían trasladado a un grupo para la estación de 100 y Aldabó y a otro para el Cotorro y que por nuestra cuenta fuéramos a ver dónde estaban nuestros detenidos”, narra Fiallo Mosequi.
Aunque Yunior Villarejo estaba en 100 y Aldabó, sus familiares no lo pudieron ver porque, según les dijo la coronel que los atendió en ese momento, había comenzado un proceso de investigación que duraría 72 horas. 
“Cuando fuimos tras ese plazo, nos dijeron que serían 96 horas porque eran demasiadas personas y era un proceso muy largo”, recuerda Fiallo Mosequi. “Pero antes de que se cumpliera el plazo llamé porque alguien me dijo que ya estaban bajando los expedientes y tuvimos que correr porque ya había una causa abierta”.
Poco después, cuando la joven y su suegra intentaban contratar un abogado tuvieron que correr de nuevo, porque el régimen ya estaba celebrando juicios sumarios contra los detenidos: unos en Diez de Octubre y otros en Centro Habana. 
La noticia de que Villarejo Estévez había sido condenado a 10 meses de privación de libertad y que sus familiares tenían tres días para apelar, la recibieron en la puerta del tribunal de Centro Habana. 
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Aunque Fiallo Mosequi asegura que el abogado hizo una “buena defensa”, la condena se mantuvo. Tanto ella como su suegra, Odalys Estévez Salazar, están dispuestas “a todo” con tal de encontrar justicia. 
“Yo hago todo lo que tenga que hacer por defender a mi hijo. Estoy desesperada. Mi hijo no mató a nadie. Decir ‘Patria y Vida’ no puede ser un crimen”.
Aunque se refiere específicamente a su hijo, también denuncia que su esposo, un hombre de 75 años, fue condenado a un año de prisión domiciliaria por salir a manifestarse el propio 11 de julio. 
Yunior Villarejo Estévez forma parte de los 866 manifestantes que fueron detenidos y procesados de manera expedita tras las históricas protestas del 11J. Los videos donde aparece son el testimonio de que contra él no solo hubo “algunos excesos” ―como Díaz-Canel a la represión―, sino que la violencia policial fue desproporcionada.  
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Petición en Change.org exige jusitica para detenidos del 11J

MIAMI, Estados Unidos. — Activistas, artistas y periodistas independientes cubanos exigieron justicia para los presos de las protestas del 11 de julio a través de una petición lanzada este jueves en la plataforma Change.org.
El documento, firmado por 35 ciudadanos, algunos radicados fuera de la Isla, solicita la liberación de las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11J, así como información detallada de los casos y de los procesos iniciados contra las víctimas de la represión.
A continuación, reproducimos íntegramente las solicitudes de los firmantes:

Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país.
Transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y del Tribunal Supremo, así como los tribunales provinciales y municipales.
Iniciar de oficio procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y/o confirmación de las apelaciones.
Archivo definitivo con carácter inmediato de todos los expedientes o investigaciones abiertos contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores, incluso de aquellas con procesos abiertos por actos supuestamente violentos, en base a que los manifestantes no cometieron delito, sino que reaccionaron en legítima defensa a la orden de combate dada por el presidente.
Sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio.
Sobreseimiento libre y total o indulto para las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos y condenados políticos en su informe del 1 de julio.

“Con el objetivo de establecer garantías para la restauración de derechos y la no repetición de estas violaciones”, los firmantes solicitan, además, “la aprobación inmediata del Decreto Ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, con un marco que regule y no penalice este derecho, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario”.
Asimismo, exigen la derogación de los artículos 208 y 209 de la Ley No. 62, Código Penal, alusiva a la prohibición de asociaciones, reuniones y manifestaciones.
El documento recuerda que, en Cuba, “el ejercicio de las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación está limitado por políticas discriminatorias que, desde la misma Carta Magna, anteponen la defensa del Estado al respeto de los derechos humanos y civiles”.
Otras solicitudes:

La aprobación inmediata de la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales ante Tribunales incluida en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario.
La aprobación inmediata de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información incluida en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, en consonancia con las cartas y tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario.
El ofrecimiento a los menores de edad, con posterioridad a la medida de restitución de libertad que corresponda, de acompañamiento psicológico y garantías que velen por su sana incorporación a los espacios de pertenencia (centro de estudio o de trabajo).
El ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país.
Una disculpa pública y el reconocimiento por parte del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de que la detención de estas personas estuvo motivada por la práctica sistemática del estado cubano de violar el principio de igualdad al criminalizar el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, de los sectores de la sociedad críticos a su administración.

Los firmantes exigen también que la petición influya en “la redacción inmediata de una propuesta de Ley de Amnistía que recoja las demandas detalladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este documento”; “la creación inmediata de una articulación ciudadana para la incidencia política sobre las y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para la aprobación de dicha Ley de Amnistía, reconociendo esa instancia como “el órgano supremo del poder del Estado” que “representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo y es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República”; “la creación inmediata de una articulación ciudadana para promover la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, con el propósito de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de incitar y ejercer de forma excesiva la violencia, del uso de la fuerza y armas de fuego, así como de la práctica de desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de las protestas del 11J y la oleada represiva de las semanas siguientes”; así como en “la creación inmediata de una red ciudadana para ofrecer ayuda material y acompañamiento emocional a las familias de las víctimas de la represión”.
“Las abajo firmantes pedimos que sean escuchadas estas demandas, en representación de las familias y la sociedad civil, según se han manifestado ante las instancias oficiales y en las distintas plataformas de redes sociales (…) también exhortamos a las familias de las personas a “que sean constantes en la denuncia de los casos, partiendo del hecho comprobado de que visibilizar ha significado proteger”, puntualiza la petición.
Por último, los firmantes piden a las organizaciones de DDHH y de protección a periodistas y activistas “que velen por la seguridad de quienes, tanto dentro, como fuera de Cuba, por su marcada posición de denuncia, puedan ser objeto de la violencia, el hostigamiento y la represión de las instancias estatales y gubernamentales cubanas”.
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